Dominio público

Catalunya, "el pulso infinito"

La frase entrecomillada del titular es de la portavoz de los comuns (En Comú Podem), Jéssica Albiach, y pronunciada durante la segunda sesión de investidura fallida de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat catalana. Es inaudito que durante una emergencia social, sanitaria, laboral y mental sin precedentes y a la que Catalunya no es ajena, ni mucho menos, los miembros de una futura coalición sigan discutiendo sobre si el Consell per la Republica debe de ser entendido como el órgano político de mayor influencia, con Puigdemont al mando. El pulso entre Junts y ERC lo hemos conocido durante todos estos años, cuando el procés fracasó y su evidencia llegó a hacerse insoportable e insostenible para un Govern ausente en gran medida (demasiado, siempre) de los problemas de los/as catalanes.

Es verdad que el independentismo catalán se hizo con el 52% de los votos del Parlament y está de sobra legitimada su aspiración soberanista tras un juicio completamente injusto y una presión del Estado, sus instituciones, cloacas y varios partidos -entre ellos, la inquietante ultraderecha trumpista-, que no han impedido una larga mayoría absoluta. También es verdad, no obstante, que ERC, Junts y la CUP perdieron más de 700.000 votos con respecto a las anteriores elecciones de 2017, cuando obtuviero 2,08 millones de apoyos. Por tanto, que el Consell per la Republica (el órgano político que trabajará única y exclusivamente por la independencia de Catalunya) pretenda convertirse en el puntal rector del Govern, capitaneado desde Waterloo (Bélgica), no encaja con una mayoría de ERC, Junts y CUP por este orden y aun menos con la de Junts en solitario, partido que sigue liderando Puigdemont en el exilio: dejar a Pere Aragonès, ganador de las elecciones en el ámbito soberanista, como mero administrador del Govern mientras Puigdemont se dedica a hacer política por la independencia parece un mal chiste. Junts debe asumir que es el segundo en este equipo, que el primero es un partido de izquierdas y ha pactado una ruta social con el tercer miembro, la CUP, que supone una enmienda a la totalidad sobre las políticas fallidas de austeridad, derechas y recortes de Artur Mas.

Ha triunfado la tesis de Oriol Junqueras, el presidente de ERC encarcelado, y ha triunfado no solo en votos, sino en datos puros y duros: hay que seguir trabajando porque no existe una mayoría social suficiente para iniciar otro proceso independentista unilateral, tampoco con un referéndum pactado con el Estado, que encima parece inviable ahora. Un 52% de mayoría independentista parlamentaria no es una mayoría social independentista. Primero, porque hablamos de una pérdida de más de 700.000 votos con respecto a 2017; segundo, porque la abstención de las elecciones del 14 de febrero fue histórica, del 53,35% (2,62 millones de votantes frente a un 5,62 de llamados a las urnas en el censo electoral), y tercero, porque de ese censo, solo el 24% de catalanes votaron independentismo. La realidad de los datos tumba cualquier pretensión unilateral y llama a un proyecto conjunto de seducción política paralelo a un intenso trabajo administrativo e institucional por la recuperación social y económica de Catalunya, muy golpeada por la pandemia y la parálisis administrativa durante el procés.

Es comprensible, asimismo, el rechazo de ERC al PSC de Salvador Illa, ganador del 14-F, desde la campaña, cuando Junqueras fue tajante al respecto: no habrá pactos con los socialistas de Pedro Sánchez e Illa en la Generalitat. Tras más de dos años de Gobierno de coalición progresista en España, los presos siguen en la cárcel y el delito de sedición (art. 544 del Código Penal) continúa existiendo contra toda lógica democrática del siglo 21. Mientras tanto, ERC ha dado un apoyo imprescindible a Sánchez facilitando el éxito de la moción de censura contra Rajoy, la investidura del 7 de enero de 2020 tras las últimas elecciones generales o la aprobación de los presupuestos para este año; al igual que Bildu, BNG, Compromís, Más País o el PNV, también partidarios de los indultos y la reforma del 544 del Código Penal. La irresponsabilidad y dejadez del Gobierno de Sánchez con respecto a la situación de Catalunya, toda vez que se ha demostrado que no hay más victoria electoral desde 2015 que la del independentismo, solo consigue enquistar un conflicto político que va obturando, a su vez, sus propios subconflictos en el seno independentista.


La marcha de Pablo Iglesias del Ejecutivo tampoco es una buena noticia para los indepentistas catalanes y, en general, para la España territorializada, pues el ya exvicepresidente segundo ha sido el principal interlocutor a favor de estas formaciones para hacer realidad esa España plurinacional, federal, de naciones sin Estado... en suma, más descentralizada y con un papel clave de la municipalidad, de la que también dijo algún días ser partidario el PSOE. No obstante, ahora con las elecciones del 4 de mayo en Madrid, lo que tenemos es un déjà vu de las dos elecciones generales de 2019: la persecución de los socialistas al voto de Ciudadanos o al propio partido -si resiste estas autónomicas- en detrimento de Unidas Podemos. Vuelta a aparcar el conflicto catalán y vuelta a complicar la vida a ERC en Catalunya al no darle ni un mísero vaso de agua con el que callar a aquellos que se frotan las manos con el fracaso de la mesa de diálogo española y catalana. Y venga con "el pulso infinito" mientras el interés general de los catalanes es el último que pinta algo en este asunto y en estas dramáticas circunstancias. Qué agotamiento.