Dominio público

Por un Madrid en el que merezca la pena vivir

Alejandra Jacinto Uranga

Abogada defensora de Derechos Humanos y candidata independiente con Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid

La Gran Vía de Madrid, desértica durante el confinamiento. / EFE

El artículo 47 de la Constitución española reza lo siguiente: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

La Comunidad de Madrid lleva décadas incumpliendo la Constitución. En la región se gobierna contra el artículo 47, de tal forma que no existe derecho a la vivienda y en lugar de impedir, se fomenta la especulación.

El derecho a la vivienda es uno de esos derechos cuya colocación en la carta magna ha servido de excusa para que quede a voluntad de los poderes públicos su promoción y protección. Mientras que, la mayoría de autonomías han optado como es lógico, por ejercer su competencia igual que lo hacen en sanidad o educación y desarrollar ese derecho con el ánimo de proteger a su población frente a la desigualdad, los sucesivos gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid han preferido legislar en contra.

Han convertido a la Comunidad de Madrid en el epicentro de la especulación inmobiliaria, una suerte de salvaje oeste donde impera el "sálvese quien pueda" y dónde sólo quien tiene la capacidad económica necesaria puede procurarse un techo.

Hasta hace pocos años, el acceso a la vivienda en nuestra región se realizaba mayoritariamente mediante la compra venta y la suscripción del correspondiente préstamo hipotecario. Una dinámica sumamente alejada de la que practican el resto de ciudades europeas y que resultó perversa al saldarse con la ejecución de cientos de miles de préstamos hipotecarios.

Sin embargo, la crisis del 2008, los rescates bancarios de los que todavía hoy padecemos sus consecuencias y las políticas de austeridad del Banco Central Europeo obligaron a cerrar el grifo del crédito hipotecario concedido hasta ese momento a troche y moche por parte de entidades financieras, siendo a día de hoy bastante más difícil que en aquel entonces, acceder a una vivienda en propiedad incluso, a pesar de los bajos tipos de interés, salvo para aquellos que tengan ahorro suficiente para sufragar una entrada de al menos el 20% del precio de la vivienda.

A esa situación, hay que sumarle una nefasta política de vivienda social que ha caracterizado a nuestra Comunidad en los últimos años, una política plagada de corruptelas donde la planificación urbanística ha servido para dilapidar las redes vecinales de comunidad y que, tras la quiebra de la promotora de turno, se ha acabado pisoteando los derechos de miles de inquilinos tras la venta de sus viviendas a fondos buitre, sobre todo en los municipios del sur y el este de la región ( Móstoles, Getafe, Parla, Leganés, Torrejón, etc).

Por último, la inmersión en otro ciclo de burbuja especulativa que desde 2014 ha venido inflando artificialmente los precios de los alquileres ha provocado que, a día de hoy, en nuestra comunidad en muchos casos se destine más del 50% de los ingresos al pago de la renta mensual. Por no hablar de la detracción del mercado del alquiler de miles de viviendas de uso residencial para su conversión en viviendas de uso turístico o el acaparamiento de vivienda vacía que ha tenido incluso la capacidad de alterar el precio del mercado.

Esta situación ha conllevado que en los últimos años se practiquen en la Comunidad de Madrid cerca de 20 desahucios diarios sin alternativa habitacional adecuada. Tanto es así, que el Estado y en particular, la administración autonómica ha sido condenada hasta en cinco ocasiones por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas por vulnerar el derecho a una vivienda y a un nivel de vida adecuado. Cinco veces, cinco casos que han sucedido todos en Madrid.

Especial mención, por ilustrativa, merece esta última condena que versa sobre el caso de una familia que vivía de alquiler en Vallecas hasta que en 2018, tras quedarse en el paro, no pudieron afrontar el pago mensual del alquiler y fueron desahuciados. A partir de ahí, vivieron junto a sus entonces cuatro hijos menores de edad, un peregrinaje por diferentes albergues donde los niños tuvieron que convivir con personas que sufrían diferentes problemáticas de adicciones a kilómetros de sus centros escolares. Tiempo después consiguieron procurarse una vivienda en el sector VI de la Cañada Real donde no tienen suministro eléctrico desde hace casi seis meses.

La descripción anterior son solo unas pinceladas de la situación que vivimos en la Comunidad de Madrid desde hace 25 años en materia de vivienda, aunque es muy similar si hablamos del resto de servicios públicos y por ello tenemos la imperiosa necesidad de apostar por un cambio de paradigma. Un profundo cambio de modelo, donde los madrileños y madrileñas tengamos libertad de residencia, donde la juventud pueda permanecer en los municipios y barrios dónde ha desarrollado su vida social y familiar, sin verse expulsados a zonas cada vez más alejadas u obligados a compartir piso hasta los 40 años. Recordemos que, actualmente la edad media de emancipación en nuestra región se sitúa en torno a los 32 años de edad.

Es urgente reequilibrar la región, que cada vez segrega más por clase social, reestableciendo un equilibrio norte-sur y favorecer la inclusión social evitando discriminaciones por raza o género o el hacinamiento que tanta factura ha pasado durante el confinamiento. Debemos caminar hacia el disfrute de la ciudad pero también del campo, buscando su encuentro y equilibrio y eliminando el impacto ambiental en entornos rurales y urbanos.

Ha llegado el momento de asegurar que la acción urbanística revierte en beneficio de toda la ciudadanía y no acaba en los bolsillos de unos pocos. Hay que impedir la especulación con la vivienda y el suelo, estableciendo normas que sitúen el derecho a la vivienda en el centro, que no es ni más ni menos que comenzar a permitir/nos poner la vida en el centro.  Si algo nos ha enseñado el COVID es que la vivienda es condición sine qua non para absolutamente todo lo demás.

El 4 de mayo tenemos la oportunidad de tomar el timón, dar un giro de 180º y caminar hacia un Madrid donde merezca la pena vivir.