La toma de posesión de Pere Aragonès y la formación del Govern, que vamos conociendo a cuentagotas, van aproximando en la agenda política el inicio de la negociación de aquél con Pedro Sánchez y los equipos de ambos para encauzar la resolución del conflicto político en Catalunya y de Catalunya con España. 

Dijo hace unos días la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz (Unidas Podemos) que, tras una pandemia que cogió al Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos en pañales, "la legislatura empieza ahora", cuando la tormenta de la emergencia sanitaria empieza a escampar... y Catalunya da luz verde a un periodo de Govern con ERC al frente.

Aragonès tiene que demostrar que su fórmula de autodeterminación catalana con diálogo, seducción y gobierno para todos/as es la adecuada frente a la unilateralidad fallida, y el presidente español dispone de dos años para intentar poner a España en pie, social y económicamente, pero también en lo territorial, con un debate que no admite más dilación y que incluye la reforma de la financiación autonómica en el marco de una contundente revolución fiscal, ambiciosa, equitativa y justa.

El Govern espera los indultos de los presos independentistas como el pim, pam, pum que dé salida a una negociación seria. Los catalanes son muy conscientes de la debilidad de Sánchez tras las elecciones en Madrid y el espectáculo del PP con la crisis diplomática y humanitaria en Ceuta -y con el líder de la oposición actuando como aliado de Marruecos de facto al ocultar información presuntamente sensible al Gobierno-. No solo no se puede contar con Pablo Casado y el PP -de Vox, ni hablamos- en políticas que debieran ser de Estado -tenían que haberlo sido la lucha contra la pandemia y ahora, la política exterior frente al chantaje de Mohamed VI-, sino que en el éxtasis de su victoria en la Comunidad de Madrid (la de Ayuso, en realidad, un matiz importante que dará mucho juego), el PP se empeña en un adelanto electoral nacional que no se va a producir por más que pataleen y embrutezcan el debate político al unísono con el Vox de sus desvelos.

El Gobierno de Sánchez -insisto- tiene dos años para llevar la legislatura por los cauces establecidos en las urnas de noviembre de 2019, con sus socios de Gobierno y de investidura, con un escenario pospandemia de ayudas europeas e imprescindible reactivación y transformación económica. Con Ciudadanos en la marginalidad de la escena política (dinamitado por los socialistas y el propio Cs), no existe alternativa.

Moncloa espera un último informe del Supremo para dar luz verde a los indultos de los presos del procés. Todo apunta a que éste vea la luz en pocas semanas, pero no es vinculante. La decisión última es del presidente Sánchez y se asegura en sus filas que tiene la decisión tomada: sin indultos no hay negociación bilateral y es probable que tampoco una legislatura holgada, al retirar ERC su apoyo parlamentario, con toda la razón.

Fuentes jurídicas apuntan a que en la posición del Supremo deberían pesar -y empiezan a hacerlo- los votos discrepantes en el Constitucional al responder a los recursos de Junqueras y Turull contra la sentencia del procés. Los dos votos particulares, según reveló El País en abril, apuntaban a una "supuesta desproporción de la condena en virtud de la aplicación del delito de sedición".

Los indultos pueden ser metralla para la (ultra)derecha contra Sánchez, pero eso no puede convertir al PSOE ni un segundo más en el cómplice acomplejado del nacionalismo español excluyente. El Supremo fue favorable a los indultos de Rafael Vera y José Barrionievo por su implicación en el terrorismo de Estado del GAL, por no remontarnos diez años antes a la medida de gracia al general Armada tras ser condenado por el golpe de Estado del 23-F. El alto tribunal avaló asimismo los indultos parciales de los dos militares responsables directos de los errores en la identificación de los restos de sus compañeros fallecidos en el accidente del Yak-42... Y así, desde 1870 que data nuestra vanguardista ley de indultos.

Tal y como Eider Hurtado, Albert Calatrava y quien escribe contamos en el libro La armadura del rey (Roca Editorial y en catalán, Ara Llibres), reproduciendo la convicción de un conocido magistrado del Supremo, si toda la preocupación del Gobierno de Rajoy y la oposición socialista de Rubalcaba fue el aforamiento en el alto tribunal del rey Juan Carlos durante su abdicación, no es por casualidad. Ante la sospecha muy confirmada de la salida a la luz de los supuestos delitos que se atribuyen al emérito, un juzgado ordinario podría sentarlo en el banquillo, como el juez Castro hizo com la infanta Cristina. El Supremo, no obstante, nunca lo hará, nos confirma esta fuente. ¿Creen que la mujer de Iñaki Urdangarin habría ido a juicio si estuviera aforada en el Supremo? Ahora, el rey emérito sería indultado de facto, sin juicio y sin condena, según este reconocidísimo magistrado.

¿Se puede permitir la coalición progresista que ocurra esto sin indultar a los presos independentistas, víctimas de una amalgama de dejadez política del Gobierno español, de la desproporción del Estado, de una democracia tambaleante y contradictoria, de errores personales estúpidos y del cumplimiento de unos compromisos electorales adquiridos con los catalanes en un programa electoral legítimo y legal?

La medida de gracia no puede esperar más; no vayan a acabar indultando a Barrabás y crucificando la legislatura.