Dominio público

El fin de la impunidad de las eléctricas

Inés Sabanés Nadal

Diputada Más País - Verdes Equo

Vista de una estación eléctrica, en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo
Vista de una estación eléctrica, en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La actual regulación eléctrica blinda los beneficios de las grandes empresas eléctricas mientras penaliza a los usuarios o, lo que es lo mismo, favorece los intereses especulativos privados frente al interés público. Si a alguien le quedaban algunas dudas, los últimos meses las han despejado con toda crudeza

Todos estos años, desde que se renunció al criterio de servicio público para un sector esencial, se ha mantenido la regulación a la carta para el oligopolio eléctrico, con el agravante de complicidad, a través de las puertas giratorias. Políticos importantes del bipartidismo han acabado en los consejos de administración, en un entramado que no ha hecho más que aumentar su poder e impunidad. Parece evidente que una de las primeras y urgentes medidas que habría que tomar es impedir las puertas giratorias por ley.

En plena crisis, y mientras se afrontaban graves dificultades como país, estas empresas han conseguido más de 5.000 millones de beneficios en 2021. Es, sencillamente, una gran vergüenza.

En ningún momento han arrimado el hombro para aliviar la situación, todo lo contrario. El oligopolio Endesa, Iberdrola, Naturgy ha cobrado toda la electricidad al precio de la más cara o, recientemente, hemos visto a Iberdrola desembalsando y esquilmando el agua, para especular con el precio de la energía de la explotación de la central hidráulica de Zamora.

Es lógico pensar que detrás de todo ello existen, además de los evidentes motivos económicos, motivos políticos. Es demasiada obvia la coincidencia de los desmadres en la subida de la luz, con la estrategia de la derecha, que ha defendido en todo momento los obscenos abusos de las eléctricas. Todo se ha acelerado después de los anuncios de la regulación del fondo de sostenibilidad o de la eliminación de los beneficios caídos del cielo, que tanto han molestado a las grandes compañías.

Todo lo dicho no elude la responsabilidad del actual gobierno. El fondo de sostenibilidad o la eliminación de los beneficios caídos del cielo son medidas absolutamente imprescindibles para avanzar cambios estructurales, pero su tramitación llega muy tarde y le queda demasiado tiempo. Es imprescindible acelerarla.

También es vital recuperar la gestión de las centrales hidroeléctricas, según van venciendo, y garantizar que jueguen un papel clave en la transición energética, así como el retorno o participación los beneficios de los municipios y territorios afectados.

Pero la fórmula para la recuperación de la gestión pública no puede ser un proceso de recentralización al margen de los territorios. Esta reversión tiene que contribuir a reducir los costes (y emisiones) con participación y gestión directa de la administración más cercana. Es importante el rescate público de la gestión hidroeléctricas, pero a fecha de hoy y hasta 2030, desgraciadamente, tiene una incidencia menor, a efectos de las tarifas.

Lo que sí repercutiría en las tarifas a corto plazo sería recuperar los dominios de las redes de distribución, para democratizar la energía, integrar rápidamente el despliegue del autoconsumo o las comunidades energéticas locales. Esto permitiría rebajar, paulatinamente, los elevados costes de transporte y distribución.

Es urgente que el Gobierno de coalición aclare sus propuestas, hoja de ruta y previsiones. Lanzar medidas aparentemente contradictorias o discrepantes ayuda muy poco a esta crisis. La gente necesita valentía para parar los desmadres del oligopolio, una regulación precisa que emita una clara señal de final de su impunidad. Frente a las actuaciones especulativas, el Gobierno debe proteger el interés común y los derechos de la ciudadanía.