Dominio público

¿Entonces se puede o no?

En el acuerdo de coalición progresista para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno y conformar un Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos en 2019 se asumieron una serie de compromisos que constituían el mínimo a cumplir en la legislatura, durara lo que durara, aunque con el firme propósito de que se completaran los cuatro años. El punto 2.11., de Regeneración democrática y transparencia, en su apartado primero (2.11.1), dice lo siguiente: "Promoveremos acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General de Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional". Ni PSOE ni Unidas Podemos citan el Tribunal Constitucional, aunque gramaticalmente el "...como en el caso de..." se acepta como una enumeración incompleta que incluiría a un órgano constitucional cuyas sentencias sientan jurisprudencia, es decir, nos afectan a todas.

Este jueves se consumó la ignominia y prevaleció -dicen- el "sentido de la responsabilidad" con la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional. Solo hay un culpable de este nombramiento y es el Partido Popular, que lo propuso desde el principio y al que le resbalaron por completo las múltiples informaciones periodísticas sobre este sujeto de querencias millonarias, amorales, deshonestas y partidistas.

Por eso, el PP no está invitado a la mesa de este debate, ha quedado retratado: el PP defiende la corrupción como mal menor y justificable.

Por eso, porque el PP ha demostrado que la corrupción le trae sin cuidado y su compromiso de regeneración cacareado hasta la náusea para el poder judicial es una farsa torpe y descarada, las miradas se posan pasmadas sobre el PSOE y Unidas Podemos, y más en este último, que salvo honrosas excepciones, ha dado el apoyo a un sujeto vinculado a la corrupción y a presuntas ilegalidades. No ha respaldado a un juez o jueza de ideología conservadora, incluso opusina, cuya legitimidad es incuestionable si cumple con su trabajo, sino a un señor cuya ejemplaridad es cero, cuya ética es ninguna.


El argumento al que continúan aferrándose los socialistas y la coalición morada es el "sentido de la responsabilidad" del acuerdo para desbloquear la renovación (¿?) de los órganos constitucionales y el poder judicial, que debería de estar al caer, unas instituciones secuestradas por el Partido Popular sin ningún tipo de complejo.

¿Pero saben cuál es el problema? Que lo del "sentido de la responsabilidad" llevamos escuchándolo desde 1978 y las altas instituciones no han cambiado apenas. Primero, con la Transición y las cesiones al franquismo: había que traer la democracia después de cuatro décadas de dictadura y tragar con las cesiones, aunque fuera a costa de la humillación de las víctimas, de quienes lucharon por la democracia e incluso, murieron por ella. Hoy seguimos reivindicando reparación y justicia para ellas, algunas que se van yendo con las manos vacías, pero parece que solo en los tribunales de Argentina nos hacen caso.

Aguantamos (y financiamos) por "sentido de la responsabilidad" los desmanes de un rey corrupto por la sostenibilidad de un sistema democrático joven y endeble, decían... durante 40 años. Ahora elogiamos la honestidad de su hijo, rey ejecutivo, en comparación con la falta de honradez del padre para seguir manteniendo un Estado monárquico elegido por Franco que nació podrido de base y que es antidemocrático en esencia porque es hereditario.


Soportamos (y financiamos) "por sentido de la responsabilidad" un poder eclesiástico, un Estado católico de facto, que condiciona desde el derecho de las mujeres a abortar hasta la decisión personal de morir con dignidad, pasando por el desprecio al feminismo y a la diversidad LGTBI sin consecuencia penal alguna. ¿No son los de la jerarquía eclesiástica delitos de odio por cuanto desprecian y militan contra la igualdad entre hombres y mujeres o entre homosexuales y hetero...?

Con todo esto, y bastante más, no parece que sea el "sentido de la responsabilidad" la justificación más adecuada para un Gobierno que decía venir a oxigenar, renovar y democratizar las instituciones, al menos, si se lee el acuerdo de coalición, tan manoseado para otras cosas. Quedan dos años de legislatura y la herida provocada por este nombramiento y lo que significa en la izquierda parece difícilmente reparable, ya veremos. Pero estos días oigo hablar abstracciones sobre la ética de Weber, el sentido de Estado, la obligatoriedad de mancharse las manos para gobernar, sobre la tiranía del poder también para quien lo ejerce, la realpolitik, el voto con la nariz tapada o con una pinza en la napia,... y me pregunto si alguien se habrá planteado que si no tienes claro cómo explicarnos a los ciudadanitos de a pie una acción de tanta trascendencia como ésta, no sería mejor ignorarla que defraudar expectativas, ese pecado original de los partidos que se contagia como la lepra.