Dominio público

El derecho y el deber de sobrevivir al trumpismo de Ayuso

Alejandra Jacinto

Abogada y coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 24 de marzo de 2022.- Isabel Infantes / Europa Press

Quien mancilló la libertad haciendo de ella su eslogan de campaña vuelve a reventar su significado. Hace dos días conocíamos que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario VOX registraban una Proposición de Ley en el Parlamento autonómico para modificar el Estatuto de Autonomía madrileño. Este acuerdo nació en junio de 2021, cuando aquella investidura pagada a escote se aprobó gracias a una populista propuesta que conlleva la falsa reducción de diputados y diputadas de la Asamblea.

En este ambiente en el que la antipolítica sigue creciendo, qué mejor momento para que la extrema derecha trate de recoger el descontento social de estos meses junto a su hermano mayor, el Partido Popular. En este contexto, parece que servirá de poco explicarle a Isabel Díaz Ayuso que nuestro sistema democrático se sustenta en el principio de separación de poderes planteado por Montesquieu. Precisamente, el teórico francés señalaba en su obra El espíritu de las leyes la necesidad de que existan tres poderes separados; uno legislativo, otro ejecutivo y un tercero judicial, cuyo equilibrio daría, o haría avanzar, la libertad (la de verdad) de la ciudadanía.

No quisiera desarrollar un artículo teórico, sino más bien proponer argumentos prácticos de por qué, para Unidas Podemos, esta iniciativa supondría un recorte para la democracia. Aunque preferiríamos que el debate fuese otro -cómo desarrollar mecanismos de control reales desde la Cámara Legislativa para evitar que los Gobiernos del PP entreguen el dinero de los madrileños a sus familiares y amigos, por poner un ejemplo- y, normalmente, priorizamos no participar de las burbujas mediáticas de la ultraderecha, tampoco me ha parecido inadecuado explicar aquí por qué no secundaremos la propuesta.

Hay dos motivos principales, uno que tiene que ver con cómo entendemos la democracia y, el otro, que tiene que ver con el respeto a la inteligencia de las personas que vivimos y hacemos Madrid.

En primer lugar, nuestra fuerza política se caracteriza por ser profundamente demócrata. Creemos en la división de los tres poderes y en la importancia de los tres. Tan es así, que no nos cansamos de señalar que el Partido Popular tiene la obligación de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque no quieran. Y parece fácil concluir que tras la propuesta de reducir la representación de diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid se esconde, como objetivo último, debilitar la oposición parlamentaria y por tanto el poder legislativo. ¿De qué manera? Denostando el papel de la cámara legislativa, haciendo creer a la ciudadanía que la Asamblea no sirve para nada, despreciando al legislativo por debajo del poder ejecutivo. Una de las funciones fundamentales de la oposición, si no la principal, es el control de la actividad del Ejecutivo, mediante sesiones de control, preguntas parlamentarias, peticiones de información, comisiones, etc. En una Asamblea con 91 representantes, la oposición tendría, como mucho, 45 diputados, en el mejor de los casos, y esto supondría una desproporción y merma de las capacidades de la oposición para ejercer la labor de control al Ejecutivo. Una oposición con menos capacidad de vigilancia, con menos herramientas para hacerlo, una oposición más precaria a la que se le resulte difícil fiscalizar, por ejemplo, las adjudicaciones a dedo de la señora Ayuso.

De llegar a producirse esta reforma del Estatuto de Autonomía, se propinaría además un duro golpe a la pluralidad parlamentaria, facilitando el regreso al tan añorado bipartidismo.  Sin embargo, la Cámara madrileña tiene el deber y el derecho de  sobrevivir a Ayuso y, por supuesto, a VOX, por mucho que les seduzca imaginarla con un solo diputado.

El segundo de los argumentos tiene que ver con la forma de entender la política. El Partido Popular lleva 27 años gobernando la Comunidad de Madrid y de estrategias para desviar el foco saben bastante. De hecho, a veces lo consiguen. Por eso, cuando se descuelgan con temas como éste, está bien reorientar el asunto y hacerlo con datos y argumentos. VOX plantea que si nos cargamos a 45 diputados, el "ahorro" sería de 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros. A mi se me ocurren muchos lugares en los que nos podríamos "ahorrar" 2,5 millones de euros. Por ir a lo fácil, la Oficina del Español, el centro de asuntos taurinos, o la Agencia de Contratación Sanitaria, esa que pretende poner en marcha la Ley Ómnibus.

Pero tengo más sugerencias; veamos. Resulta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, además de los 65 diputados del Partido Popular que se sientan en la Cámara, cuenta con 143 altos cargos, los cuales cobran más que un diputado. A estos 143 altos cargos, hay que sumarle 241 personas designadas como personal eventual -asesores de confianza-. Esto hace un total de 384 integrantes en el Gobierno. Resulta paradójico que pongan la atención en los diputados y no en los cargos de Gobierno o en los salarios de la Presidenta o los Consejeros que cobran casi un 20% más que el Presidente del Gobierno de la Nación. Por cierto, la propuesta de reducir los ingentes sueldos del Gobierno la presentamos como enmienda a los últimos presupuestos regionales y ya pueden imaginarse que votó el PP-VOX.

Una simple pista adicional a estos dos argumentos: el tiempo y la fuerza.

El Partido Popular y VOX conforman un total de 78 diputados. Para reformar el Estatuto de Autonomía se necesitan 91 diputados como mínimo, es decir, dos tercios de la cámara. ¿De dónde sacan el resto de diputados para que se apruebe en la Asamblea? En el hipotético caso de que consiguieran 13 votos favorables más, esta ley iría a las Cortes Generales al ser necesario el refrendo mediante una ley orgánica. Y aquí, otro pequeño detalle: los tiempos. En la Asamblea de Madrid hay tres plenos al mes. Suponiendo que lleven la proposición a toma en consideración en el mes de abril, la propia ley tendría un trámite parlamentario que se alargaría en el tiempo (aunque es cierto que su rodillo permite acortar el trámite, si se empeñan). Pero, en cualquier caso, en el Congreso de los Diputados se encontrarían con dos frenos: de nuevo, la fuerza, en la que una mayoría progresista probablemente no votase a favor dado el atropello democrático del que estamos hablando y, otro, la acumulación de leyes que existen en el propio Congreso, donde los Estatutos de Autonomía, en concreto, se ponen a la cola y se debate solamente uno al mes. Teniendo en cuenta estos elementos parece que esta propuesta es otro de esos brindis al sol con los que acumulan un capital emocional de cara a las elecciones, sin más.

Ahora bien, supongamos un escenario en el que, de verdad, quisieran ahorrar dinero en "gasto político" o incluso un escenario dónde pudiéramos debatir, en serio, sobre la reducción de los representantes del Parlamento Autonómico. En el primer caso sería tan sencillo como que la próxima Mesa de la Asamblea fijara una reducción de los salarios ( de los diputados y del Gobierno) a 2,5 SMI por ejemplo. No lo van a hacer. Y en el segundo caso, podrían acompañar la propuesta garantizando la proporcionalidad a base de bajar el umbral del 5% del voto. Lo que, según vaticino, tampoco harán.