Dominio público

La venganza penal es nuestro fracaso

Beatriz Gimeno

Diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid y responsable del área de igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid

La venganza penal es nuestro fracaso
Imagen de archivo.- Pixabay

Este artículo no será de esos que se leen y se comentan por las redes, porque hay asuntos que permanecen enterrados debajo de esa realidad vertiginosa y volátil; asuntos que se ponen  grises de tanto tiempo como ha pasado sin que nadie se ocupara de ellos. Hay cuestiones que al nombrarlas generan, como mucho, indiferencia, cuando no la sensación, en quien las menciona, de estar pisando un terreno que la mayoría encuentra perfectamente prescindible. Hoy quiero escribir de una de esas cuestiones y alejarme un poco de esta "chispeante" actualidad que aturde y agobia a partes iguales.

Cuando me nombraron para ocupar un cargo público y sufrí la ya tradicional campaña de los libelos de la extrema derecha con frases sacadas de contexto o directamente mentira, hubo una que me persigue desde entonces y que el PPVOX todavía me recuerda de vez en cuando: la de que quiero acabar con las cárceles. No es lo peor que se puede decir de mí y está más cerca de ser cierta que muchas otras que se han dicho. Además, hace referencia a una de mis militancias políticas más antiguas: la anticarcelaria, pero, hoy, en pleno auge del inútil populismo punitivo, la crítica al sistema carcelario parece casi una excentricidad. Podemos discutir acerca de si determinados conceptos o marcos ideológicos o políticos son resignificables o no, y si merece la pena embarcarse en dicha tarea y cómo hacerlo. Pero hay marcos ideológicos que no se pueden dejar de disputar, porque cuando se instalan abren una brecha en el sentido común previamente conquistado que se inunda enseguida del populismo reaccionario que hoy lo contamina casi todo. Con una extrema derecha a la ofensiva y con una izquierda que se repliega y que no muestra capacidad para ensanchar esos marcos, es complicado ganar elecciones y, sobre todo, que ganarlas suponga la capacidad real de transformar. Abandonar determinadas batallas culturales no es buena idea.

Quiero hacer referencia a dos cuestiones que no guardan relación entre sí, excepto que hacen referencia a las cárceles y a las penas. La primera tiene que ver con una noticia que saltó hace un par de semanas cuando se informó de que una jueza de Granollers iba a investigar si el suicidio de Marcel García Martín, en julio de 2019 en la cárcel de Quatre Camins, pudo haberse evitado. Marcel tenía 19 años y se ahorcó con los cordones de sus zapatillas. Lo había avisado el mismo unos días antes, pero la psicóloga no consideró que fuese una amenaza real y el centro penitenciario no activó el protocolo de prevención de suicidios. No puedo saber si dicho suicidio se podía haber evitado o no pero Marcel llevaba tres meses en una celda de aislamiento del Departamento Especial de Régimen Cerrado por pelearse con otros internos. En esa celda de 10 metros cuadrados pasaba 23 horas al día. Marcel, que entró en la cárcel por delitos de lesiones, amenazas y hurtos, se peleaba con otros presos, sí. Pero Marcel estaba diagnosticado de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y su consumo temprano de drogas le había causado daños cerebrales. Antes de los 18 ya había pasado año y medio en un psiquiátrico. Marcel tenía problemas psiquiátricos y, por supuesto, era pobre. Las cárceles siguen siendo esos espacios donde se encierra a personas muchas veces enfermas y casi siempre pobres. No creo que podamos acabar con las cárceles, pero deberíamos querer cárceles que verdaderamente fueran lugares de resocialización capaces de ofrecer alguna oportunidad y no lugares en los que vengarnos y castigar a quienes han sufrido la parte más dura de la desigualdad social. Las cárceles que tenemos son un completo fracaso. Y no dudo de que los funcionarios y funcionarias hacen lo que pueden y que les faltan medios. Pero la manera en que una sociedad trata a su población reclusa demuestra qué tipo de sociedad es. La noche antes de suicidarse, el  psiquiatra admitió que escuchó gritos y golpes procedentes de la celda de Marcel pero afirma que no le dio más importancia porque en el aislamiento eso algo frecuente. Estar 23 horas al día en aislamiento es una tortura. Nadie, haya hecho lo que haya hecho, merece eso, ni ningún tipo de trato inhumano pero lo cierto es que, en algunas cárceles, la tasa de suicidios es seis veces mayor a la de la población general. No me importa que me acusen de que quiero acabar con las cárceles. Desde luego, lo que sí me gustaría es iluminarlas; que no fueran ese agujero negro en el que se han convertido ante nuestro silencio.

La segunda cuestión, y que demuestra claramente la dificultad de cerrar esa brecha de pensamiento reaccionario, tiene que ver con la manera en que desde 2015, cuando el Partido Popular introdujo la cadena perpetua ante las protestas de la izquierda, esa cuestión se ha caído de la agenda y ahora -siete años más tarde- no sólo no hay posibilidad de derogarla, sino que se admite extender su aplicación a más casos de los tasados inicialmente. Por cierto que, además, es una extensión falsa, es pura demagogia que no va a tener implicaciones reales, pero eso no hace que sea mejor. Porque, aunque no tenga excesivas consecuencias prácticas, se permite que la derecha imponga su discurso, se le regala ese triunfo y se pierde otra oportunidad de combatirlo. No nos engañemos, lo próximo será un debate sobre la pena de muerte y ya hemos visto la rapidez con que han ido cayendo cuestiones que hace un lustro nos parecían imposibles de plantear. Una parte importante de la izquierda ha renunciado a esa batalla y, en medio, el Tribunal constitucional validó la Prisión Permanente Revisable en octubre pasado.

Rajoy introdujo la PPR en el Código Penal en 2015 aprovechando -aprovechándose- de algunos asesinatos de los que tienen relevancia social (es obvio que no todos los asesinatos la tienen ni pueden ser utilizados de la misma manera) Aunque vivimos en uno de los países más seguros del mundo, la derecha aprovechó para introducir la cuestión de la seguridad en la agenda política y social. Es este un marco casi infalible para la derecha, especialmente en una sociedad tensionada por problemas graves de desigualdad. Es muy sencillo convertir el Código Penal en el sumidero de las frustraciones y de los temores sociales, pero también de la democracia y de los derechos humanos. Así pues, la Prisión Permanente Revisable se introdujo hace siete años contra el criterio de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, y sin hacer caso del derecho comparado ni tampoco de los expertos juristas o de los órganos consultivos del Estado, que eran contrarios a la cadena perpetua casi unánimemente. Esta modalidad de la cadena perpetúa  es considerada una pena inhumana por todos los estándares de medición de los derechos humanos. Es una una pena de duración indeterminada, lo que contraviene el derecho elemental de los condenados  a conocer la duración exacta de la condena impuesta. Es, además,  una pena que renuncia al principio de reeducación y resocialización a los que obliga la Constitución, y así lo manifestaron tres de los votos particulares a la sentencia del Tribunal constitucional.

Hace apenas siete años toda la izquierda se revolvió cuando el Partido Popular introdujo esta pena en el Código Penal. Ahora, ayer mismo, se votó la extensión del ámbito de su aplicación -propuesta por la derecha y votada a favor por el PSOE, sin que esta cuestión generara ningún tipo de escándalo social ni político. Sin que apenas encontrara hueco en ningún medio.  Y así es como la izquierda va desandando el camino, estrechando sus marcos y perdiendo.

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