El asesinato del periodista y candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio a poco más de una semana de las elecciones presidenciales en las que marchaba segundo, revelan la "Crónica de una muerte anunciada". En su último discurso en el coliseo de Quito el mismo día de su muerte, denunció las amenazas recibidas, como lo había hecho antes durante la corta campaña.

Desde hace meses, Ecuador se venía desangrando por el fuego cruzado desatado por bandas locales en pugna por el control de rutas y puntos de salida de la droga. Hasta no hace mucho, Ecuador fue el país más seguro del continente pese a estar rodeado por el primer y segundo productores mundiales de coca y cocaína, Colombia y Perú respectivamente. La situación ha cambiado. En el lapso de dos años, más de 400 muertos en sucesivas masacres en las cárceles de Guayaquil, Quito y Cotopaxi; asesinatos a mansalva en las calles de los barrios marginales de Guayaquil y otras salideras de la droga en el litoral; un promedio de 25 muertes por cada 100.000 habitantes, lo convierten en uno de los países más inseguros del hemisferio.

Una situación similar vivió Colombia en la década de los 90, cuando el cartel de Medellín, liderado por el inefable Pablo Escobar, le declaró la guerra al Estado colombiano para evitar su extradición a EEUU. En ese entonces, fueron asesinados ministros, candidatos como Pardo, Galán, Jaramillo, Pizarro y Gómez, así como decenas de policías, soldados y periodistas, hasta que fueron capturados (o como dicen en Colombia, "dados de baja") y reemplazados por los carteles mexicanos, en el cambio tecnológico de la cadena productiva de la cocaína y el control de las rutas y mercados en América del Norte que continua hasta hoy.

La post pandemia ha vuelto a dar un giro copernicano en el desarrollo del narcotráfico global, particularmente en los mercados de clorhidrato de cocaína. Se han alterado los destinos finales de un mercado floreciente que, pese a la crisis de salud pública del fentanilo en EEUU, no ha sido capaz de reemplazar los polvos blancos de Freud y Niemann en los destinos finales: un kilo de cocaína al 70% es comprado a 1,100 dólares en las parcelas del VRAEM, Perú y es entregado a 42,000 euros en las calles de cualquier ciudad de Europa. En cualquier caso, la cocaína alcanza el mayor precio en el litoral Pacífico sudamericano y eso acreciente la competencia armada de las organizaciones criminales.

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Recientemente, en un paseo de recreo, la alcaldesa de Miami encontró un fardo con 30 kilos flotando en el mar, lo que demuestra la fluidez del trasiego. Ahora, se ha potenciado otra logística hemisférica para la salida de la cocaína sudamericana, que impulsa el uso de la ruta marítima ecuatoriana, la ruta fluvial y aérea amazónica hacia el Atlántico, y, una tercera fluvial y aérea del Cono Sur, a través de la Hidro vía del Paraná. La ciudad argentina de Rosario y las favelas de Río de Janeiro viven el mismo dilema de inseguridad que el puerto de Guayaquil. Esas son las principales rutas de salida de los fardos de cocaína colombiana y peruana, que aguardan su salida pronta al exterior: hay mucha coca seca almacenada en las cuencas cocaleras sudamericanas.

Volviendo a la muerte de Villavicencio, han aparecido todo tipo de ideas conspiratorias sobre las causas del magnicidio. Unos aluden al propio establishment político podrido del Estado ecuatoriano y su incapacidad de aceptar denuncias en su contra, en particular denuncias por dudosos contratos petroleros suscritos por Petroecuador, en época del ex presidente Rafael Correa. La candidata del correísmo, la abogada Luisa González marcha primera en las últimas encuestas, aunque todo hace indicar que se van a una segunda vuelta. Algunos más atrevidos en sus hipótesis, aluden como promotora del magnicidio a la CIA norteamericana en su necesidad de responsabilizar al progresismo representado por Correa, antiguo enemigo del occiso y poder robarle así un triunfo electoral. No obstante, la línea de trabajo más consistente alega la muerte de Villavicencio a las amenazas que venía recibiendo de bandas organizadas locales, tales como "Los Choneros" comandados por un tal Adolfo Macías, alias "Fito", representantes de los negocios de tráfico del Cartel de Sinaloa.

Llama la atención la reacción del Gobierno del presidente Lasso. Inicialmente, la Policía local ha detenido a seis ciudadanos colombianos, a los que se ha encontrado armas, en una réplica del magnicidio del expresidente de Haití Jovenel Moise, ocurrida en julio del 2021, en la que mercenarios colombianos participaron activamente en la operación. Sin embargo, su responsabilidad aún no es clara. El presidente Lasso ha decretado el estado de excepción nacional por dos meses y la convocatoria a un equipo del FBI norteamericano para que ayude en la investigación. Como si no fuera suficiente tener como moneda el dólar, volvemos a dudar de las capacidades locales para solicitar el apoyo foráneo. En cualquier caso, los ribetes políticos que alcanza una grave situación de inseguridad ciudadana ligada al narcotráfico en Ecuador, pueden ser contagiosos -como todo parece indicar- en otros países vecinos.

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