Joaquim Bosch
Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia

La Constitución de 1978 surgió en el contexto de una transición que tuvo más insuficiencias de las que se han querido admitir. Pero nuestra Carta Magna reguló un sistema de derechos fundamentales equiparable al de los países más avanzados de nuestro entorno. Se fijaron unos derechos sociales que suponían el respeto a la dignidad de toda persona, como un núcleo esencial para garantizar sus necesidades básicas y el libre desarrollo de su personalidad. Es cierto que el cumplimiento de estos preceptos constitucionales no ha sido suficiente. Sin embargo, parece poco discutible que ha sido la etapa en la historia de nuestro país en la que se ha producido el mayor avance de los derechos humanos.

Asistimos ahora a un cambio drástico. Con el pretexto de la situación económica internacional, se pretende desmantelar nuestro Estado Social. La Constitución establece la obligación de los poderes públicos de que sean respetados estos derechos fundamentales, así como el deber de promover la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Y nuestro texto constitucional regula unos principios básicos sobre la redistribución de la renta, como forma de garantizar esos niveles de igual cobertura de las necesidades esenciales. No obstante, en unos pocos meses se han producido la restricciones más intensas de los derechos fundamentales de toda la etapa democrática.

Se ha aprobado una reforma laboral que rompe el equilibrio en las relaciones contractuales, para precarizar absolutamente la situación de los trabajadores. Se han decretado todo tipo de recortes en los servicios públicos más importantes, como la sanidad, la educación, la justicia y la más diversas prestaciones sociales. Se han incrementado los impuestos para las clases medias y la clase trabajadora, mientras que siguen sin contribuir las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas, en contraste con los países europeos más avanzados, en los que estos sectores son los que financian en gran parte el Estado Social. Todo ello supone avanzar hacia los dogmas del Estado mínimo y del neoliberalismo económico, a partir de las teorías de Hayek, Friedman o Nozik. No se trata de nada nuevo. Tampoco nos encontramos ante una situación pasajera. Los cambios pretenden convertirse en estructurales. Y miran en el horizonte de determinadas apuestas de parte de la sociedad norteamericana, cuyos corifeos más entusiastas proceden del denominado Tea Party. Buscan una sociedad con intensas desigualdades sociales, en la que los sectores privilegiados sean cada vez más fuertes, en la que se privaticen los servicios básicos y en la que se deteriore lo público para la mayoría de la población. Se trata de una seria embestida de aquellos que Tzvetan Todorov ha llamado enemigos íntimos de la democracia, es decir, de los que se oponen al concepto del bien común y a los derechos de los ciudadanos.

Puede ser comprensible que algunos defiendan esa nueva sociedad. Pero hay que recordar que esa apuesta se ubica fuera de nuestra Constitución y de nuestro sistema de derechos fundamentales, que se incardinan en el modelo social europeo. Las medidas que se están acordando rompen el consenso constitucional y las bases fundamentales de la convivencia ciudadana. Además, no figuraban en el programa de ninguna fuerza política. Si desde el gobierno se pretende optar por la ruptura de los principios constitucionales, debería someter a referéndum todas esas medidas para que sea la ciudadanía la que decida, desde su soberanía democrática. Por otro lado, no resulta admisible que se nos pretenda imponer nuestro futuro desde la presión añadida de determinados organismos supranacionales no democráticos. Como ha señalado Jürgen Habermas, es la propia democracia la que ahora mismo está en juego.

Se nos presentan determinadas soluciones como técnicas, inevitables y únicas, cuando en realidad son meramente ideológicas. En los términos de Paul Krugman, podríamos afirmar que nuestro país tiene la misma capacidad tecnológica para producir riqueza que hace varios años. Por ello, si la situación ha empeorado no ha sido a causa de ninguna catástrofe natural, sino por determinadas decisiones incorrectas. Entre ellas, favorecer sin límites a las entidades bancarias, con los impuestos de toda la ciudadanía, a pesar de su responsabilidad en la situación económica actual. O negarse a exigir a quienes más tienen su necesaria contribución a una sociedad que les ha posibilitado generar su riqueza. O no impulsar el crecimiento económico para hacer posible el cumplimiento de los derechos sociales, a través de mecanismos de redistribución.

Lo que resulta evidente es que los recortes no llevan al bienestar, porque las medidas empobrecedoras solo pueden conducir a la ruina económica y social. Y a un aumento de la conflictividad. Por eso los sindicatos y cerca de doscientas entidades cívicas han convocado una marcha a Madrid para mañana, en la que puede ser la mayor manifestación de la historia de nuestro país. Hay motivos para ello, como la defensa del Estado Social reconocido constitucionalmente. Y no es que estén surgiendo millones de ciudadanos antisistema. Es que paradójicamente el sistema está empezando a excluir a la mayoría de la sociedad.