Tras el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia, aplicando medidas cautelares a Israel en virtud de la Convención para la Prevención del Genocidio, el régimen de Tel Aviv intensifica su ataque a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio.

¿El motivo? Una paranoica acusación que vincula a esta organización con Hamás. Un señalamiento que afecta a una docena de trabajadores -inmediatamente suspendidos hasta que se esclarezca lo ocurrido- de los más de 30.000 que día a día garantizan servicios básicos a los 6 millones de palestinos censados dentro y fuera del territorio histórico palestino. La UNRWA es la organización que está distribuyendo la escasísima ayuda humanitaria que consigue entrar en Gaza a pesar de los obstáculos y sabotaje de la potencia ocupante y de los colonos israelíes.

La acusación, por burda que sea, ha sido bien recibida por EEUU, patrocinador de esta masacre, y por los colaboradores necesarios, gran de parte de "Occidente". Países a los que cada vez les resulta más difícil justificar su vergonzoso apoyo al genocidio y que se han apresurado a dar por buena esta falacia para poder seguir castigando al pueblo palestino.

Cuando la hambruna empieza a matar en Gaza más que las bombas, EEUU, Reino Unido, Canadá, Italia, Países Bajos, Alemania y Finlandia han suspendido su financiación a la UNRWA. Mientras los ataques israelíes siguen asesinando a civiles y destruyendo hospitales; el hambre, la sed, el frío, las epidemias y la falta de medicamentos y tratamientos sanitarios comienzan a provocar más muertes que los propios bombardeos.

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Niños, mujeres y ancianos que no aparecen en el número de víctimas directas de la agresión, porque no han muerto por un bombardeo o un disparo, que están muriendo agónicamente, fruto del criminal bloqueo a la ayuda humanitaria, al suministro de alimentos, agua, medicamentos, electricidad y carburante impuesto por el régimen israelí a los 2,3 millones de personas que sobreviven en "la mayor cárcel a cielo abierto del mundo".

Este bloqueo a los suministros básicos para la supervivencia fue considerado, por la Corte Internacional de Justicia, como parte de las evidencias del genocidio que Israel está llevando a cabo contra la población palestina en Gaza.

En su dictamen del pasado viernes 26 de enero, la ICJ mandató a Israel a, entre otras acciones, a adoptar "todas las medidas dentro de su alcance" para evitar que se cometan los hechos previstos en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción contra el Delito de Genocidio. Y asegurar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, garantizando la disposición de servicios básicos urgentes y ayuda humanitaria para hacer frente a las "adversas condiciones de vida" a las que se enfrentan los civiles palestinos -medidas provisionales 1ª y 3ª del fallo-.

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Tanto Netanyahu como otros dirigentes del régimen israelí han declarado públicamente que no van a cumplir con estos mandatos y, de hecho, han intensificado los bombardeos y el bloqueo a una ayuda imprescindible para la supervivencia de la población hacinada tras el desplazamiento forzoso que han sufrido 1,9 millones de gazatíes.

A principios de este mes de enero, de manera casi profética, una antigua alta funcionaria israelí vinculada durante años al centro de investigación y estrategia del Ministerio de Exteriores, Noga Arbell, aseguró que: "Será imposible ganar la guerra si no destruimos la UNRWA, y esta destrucción debe comenzar de inmediato".

La campaña de criminalización y persecución que está orquestando Israel contra la UNRWA sigue este guion. Pero ciertamente, el régimen israelí ya había comenzado su guerra particular contra la agencia mucho antes. Según datos de las propias Naciones Unidas, un total de 152 trabajadores de la organización han sido asesinados por las fuerzas israelíes de ocupación en poco más de 100 días.

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Una cifra sin precedentes y que pone de manifiesto cómo Israel considera a los trabajadores humanitarios un objetivo militar prioritario; porque para poder llevar a cabo su limpieza étnica necesita acabar con quienes garantizan, por mínimos que sean, unos servicios básicos.

La UNRWA es una agencia de la ONU y, como tal, no es partidista, no tiene posiciones políticas, es neutral. Con un total de más de 30.000 trabajadores y trabajadoras, no se puede responsabilizar ni hacer pagar a toda la agencia, y por ende a todo el pueblo palestino, por las actividades individuales de una docena de sus trabajadores, aun dando por ciertas las denuncias de una fuente tan poco fiable como el régimen israelí.

Si esta suspensión de la financiación a la UNRWA se consolidase y se dejase a la agencia sin fondos, esto conllevaría dejar a más de medio millón de estudiantes palestinos sin acceso a la educación en Oriente Medio, a 6 millones de refugiados palestinos sin acceso a sistemas de salud y a 2,3 millones de palestinos en Gaza sin ningún tipo de ayuda humanitaria.

Dejar sin fondos a la UNRWA supone sumarse de forma activa al genocidio que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino. Con su decisión, estos países están siendo responsables directos de un castigo colectivo contra Gaza, del hambre y de la muerte.

Llamamos al conjunto de la Comunidad Internacional, y a la sociedad civil, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de Solidaridad con Palestina a redoblar los esfuerzos para mantener la actividad irreemplazable de la UNRWA que, durante más de siete décadas, ha seguido trabajando en condiciones dificilísimas.

Pedimos con contundencia a la Unión Europea, al gobierno de España, a las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, a incrementar los fondos de cooperación para que esta agencia pueda mantener su actividad.

El silencio nos vuelve cómplices. Defender la supervivencia del pueblo palestino es defender la humanidad; y hoy esa batalla la tenemos que dar apoyando a la UNRWA.