La pelota estaría ya en el tejado de Junts y, en todo caso, en el PSOE ya hay voces destacadas que admiten las ganas de dar la patada al tablero y mandar el proyecto de ley de amnistía a Waterloo envuelto en un sobre con sello de No encontrado. Pedro Sánchez tiene muy difícil, por no decir imposible, retocar más el texto de la norma: después del lío mal gestionado del terrorismo que nunca fue y que la fachosfera rápidamente situó en su marco como una división surrealista entre "terrorismo malo y terrorismo bueno" cogida al vuelo por Alberto Núñez Feijóo, los socialistas han frenado en lo que consideran ya su línea roja y no van a aceptar la supresión absoluta de los delitos de terrorismo y de traición de la propuesta. Eso es exactamente lo que querría el PP.

Los planteamientos de inicio de la negociación de la amnistía para los implicados en el procès y los sucesos de 2019 en Catalunya, cuando se conoció la sentencia demoledora del Tribunal Supremo contra los procesados, ha ido a trompicones y sin partir del hecho fundamental que tenía que haber nucleado su desarrollo; si el PSOE ya ha aceptado, como explicó Sánchez en su última entrevista en La Vanguardia, que existió y existe una ofensiva judicial contra el independentismo catalán solo por el hecho de serlo (o sea, política y en alianza armónica con el PP y las cloacas de Mariano Rajoy en la operación Catalunya), ¿por qué no se partió de ese hecho para armar el texto si esa ofensiva es, en definitiva, la que está torpedeando la aprobación de la ley?

Es posible que el PSOE no calculara bien el lawfare que vendría estos días, concretamente, desde el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, con el juez Manuel García-Castellón, y el juzgado número 13 de Barcelona, con Joaquín Aguirre liderando una operación judicial y mediática en Alemania (¿Se ha pronunciado ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre este hecho impropio de un instructor en pleno proceso resucitado?) Ninguno de estos magistrados consideró que los delitos que trataron de imputar en su día a los independentistas catalanes (terrorismo y traición con un sainete ruso que no tiene desperdicio ... para un TBO), y que fueron decayendo por falta de pruebas y negativas de la Fiscalía a asumirlos como tales, fueran relevantes hasta que se activó la posibilidad de la amnistía en el Legislativo, pactada entre PSOE y Junts y a la que se sumaron el resto de partidos que apoyaron la investidura; o sea, hasta que se activó una mayoría parlamentaria más que absoluta (178) dispuesta a tirar para adelante con el olvido del procés y sus consecuencias penales. Ahora, para Aguirre y García-Castellón, los delitos de terrorismo y traición con Putin de estrella invitada son evidentísimos, cuatro años después. Sería un chiste si no fuera un lawfare de manual contra el Ejecutivo de coalición.

La cuestión, que Sánchez intuye, es que si la ley de amnistía decae, estos dos jueces harían decaer a su vez, y de nuevo, las causas por terrorismo y confabulación con Rusia para desestabilizar a la Unión Europea (al juez Aguirre no le basta España, hemos tenido que ver publicado en la fachosfera que Puigdemont conocía que Rusia iba a invadir Ucrania años antes de hacerlo para confirmarnos el delirio de la derecha anti-independentista) ¿Por qué iban a decaer estas causas? Porque el PP necesitaría a Junts, la derecha catalana, para gobernar y, si algo puede garantizar en estos momentos Feijóo, con el Poder Judicial secuestrado desde hace más de cinco años; controlando por detrás y por delante la Sala Segunda del Supremo, y con García-Castellón cumpliendo sus órdenes de forma descarada, es que ni Puigdemont ni los suyos, al menos, no irían a la cárcel. Es lo único que separa a Junts del PP, y cosas peores hemos visto sin que pase nada.