Desde hace unos años estamos asistiendo a un recrudecimiento de la estrategia racista por parte de las derechas extremas. Paralelamente al incremento gradual de la inmigración, sobre todo del Sur global, en Europa y EEUU, hay un incremento reaccionario de la estigmatización de la población inmigrante. Su ofensiva discursiva, apoyada por importantes medios de comunicación y la utilización de las redes sociales, pone el acento en su criminalización, como asociación a delincuencia e inseguridad para la población nativa.

Esa falsa interpretación no está basada en hechos objetivos, por lo que se instrumentalizan, sobredimensionan y generalizan algunos acontecimientos o, bien, directamente se inventan los llamados ‘hechos alternativos’, desconectados de la realidad pero que tienen una función de crear una amenaza y un miedo entre la población autóctona y, por tanto, contribuir a su marginación, sometimiento, control disciplinario y expulsión.

Aquí voy a utilizar el máximo rigor analítico a partir de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre criminalidad -delitos y personas condenadas- referidos principalmente al origen nacional, la edad y el sexo, comparados con la composición de la población. Adelanto las conclusiones según la tabla adjunta.

Los tres indicadores principales que explican el diferente nivel de criminalidad son la nacionalidad, la edad y el sexo: la gran mayoría de personas que han cometido delitos son varones, el 80%, y mujeres solo el 20%; sobre todo, adultos jóvenes y de edad intermedia (18 a 40 años); la media de personas condenadas de nacionalidad extranjera, cada 100 habitantes, es de 1,42%, el doble que las de la población española (0,67%). No obstante, en ambos casos es una minoría evidente que no debería ser utilizada para criminalizar al conjunto de cada grupo social, sea por nacionalidad, sexo o grupo de edad.

Aparte de su condición extranjera, con su estatus socioeconómico o étnico-nacional, hay que considerar que la población inmigrante está sobrerrepresentada en ese tramo de edad joven e intermedia -especialmente entre 15 y 39 años- mientras la población autóctona está sobrerrepresenta en el tramo de edad avanzada, de 55 años y más, que es cuando desciende la participación delictiva, tal como explico en las tablas posteriores.

En la tabla adjunta señalo la distribución de la población residente en España por nacionalidad -española, doble nacionalidad, la mayoría de origen latinoamericano, y extranjera- y por edad, con la distinción de dos tramos básicos, entre 16 y 54 años y de 55 años y más.

La población de 55 años y más es de casi diecisiete millones (16,7 millones), con una composición mayoritaria de origen español de 15,1 millones (más del 90% de esa edad y solo el 37,9% del total autóctono); mientras que de doble nacionalidad solo alcanza 0,41 millones (2,5% del total y 20,4% de su estatus nacional) y extranjera 1,2 millones (el 7,2% y el 18,3%, respectivamente). O sea, respecto de su nacionalidad el porcentaje de las personas mayores solo españolas casi duplica el de las de doble nacionalidad y origen extranjero, mientras que en relación con la población de esa edad avanzada suponen la gran mayoría de más del 90%, y las extranjeras y de doble nacionalidad menos del 10%.

La conclusión es evidente: el porcentaje del sector nativo de edad avanzada es muy superior al de origen extranjero y de doble nacionalidad, y al revés, el de edad joven e intermedia de estos últimos es muy superior al de la población autóctona.

El factor edad, aparte de la nacionalidad, es clave para explicar el distinto grado de criminalidad entre la población española y la extranjera, ya que en ese tramo de edad entre 16 y 54 años, en el que se concentra la criminalidad, el porcentaje de la población extranjera (67,8%) y la de doble nacionalidad (64,9%) supone, prácticamente, veinte puntos más que la población española (47,9%).

Dicho de otro modo, la población de origen extranjero en ese tramo de edad joven e intermedia tiene un 41,5% de mayor peso demográfico que la española. Así, el porcentaje de ese tramo de edad entre el conjunto del resto de individuos europeos es del 59,8%, entre latinoamericanos el 73,9% y en el resto de afroasiáticos, el 69,1%. O sea, considerando estos dos últimos segmentos el grueso de la inmigración ‘pobre’, la diferencia respecto de la población española es de unos veinticinco puntos, un 50% más.

El problema interpretativo que nos encontramos es sobre la vinculación de la criminalidad con la inmigración, tesis central entre las derechas y sus aparatos mediáticos. Por tanto, hay que analizar la interacción entre criminalidad (personas condenas y delitos penados) y los tres indicadores y resaltar su carácter minoritario. En la tabla adjunta se expone el mayor índice entre los grupos de edad de 18 a 40 años y el menor entre los mayores de 50 años. Pero para explicar el peso de la nacionalidad hay que valorar el impacto demográfico derivado de que la población inmigrante se concentra, precisamente, en esos primeros tramos de edad y la población española tiene un porcentaje muy superior entre los mayores de 50 años.

En todo caso, tal como avanzaba, las personas delincuentes condenadas en el último año -algo más de trescientas mil- son una minoría poblacional de cada comunidad nacional, con una media inferior al 1% (0,8%) de la población adulta; ello significa que en torno al 99,3% en el caso español y el 98,6% en el caso extranjero, no ha cometido delitos penados. Por tanto, igual que no tiene sentido acusar a todo el grupo de varones ‘activos’ -jóvenes y de edad intermedia- por la delincuencia de una minoría de su sexo y grupo de edad, tampoco se puede denunciar a toda la población inmigrante (o extranjera) de los hechos delictivos de una pequeña parte. Esa lógica de generalización criminalizadora es típica del racismo y el neofascismo, y es lo que utiliza la derecha extrema para justificar la discriminación colectiva a las personas inmigrantes.

Por tanto, el origen nacional extranjero o la inmigración ‘pobre’ no generan una significativa mayor criminalidad respecto de la población autóctona, y no tienen fundamento las alarmas sociales y las campañas discriminatorias y estigmatizantes antinmigración que son debidas a una determinada opción política y estratégica de las derechas extremas. Está basada en una interpretación falsa y abusiva de la realidad, es opuesta a los derechos humanos y la democracia. Debe ser respondida por la difusión de la verdad y la crítica argumentada y, al mismo tiempo, acompañadas por unas medidas de integración social y convivencia intercultural, tal como he argumentado en el reciente artículo ‘La lacra del racismo’.

La estrategia racista de desinformación y estigmatización inmigrante

La inmigración resuelve necesidades de importantes segmentos del mercado laboral -que la población autóctona no cubre-, aporta al sostenimiento del Estado de bienestar y, comparativamente, usa menos la protección social -pensiones, prestaciones de desempleo- y los servicios públicos -sanidad-. Cuestión aparte es el necesario esfuerzo cultural y educativo que necesita más y mejores recursos y políticas públicas, frente a la tendencia segregadora en la escuela o el nacionalismo excluyente.

Hay un problema global de infrafinanciación de los servicios públicos y la protección social, con la necesidad de una profunda reforma fiscal progresiva, pero ello no justifica la tendencia competitiva en capas acomodadas, espoleada por las derechas, de restringir derechos al peldaño más bajo de la estratificación social, la gente inmigrante y vulnerable.

La estrategia discursiva de desinformación y justificación estigmatizadora de las derechas extremas, con el control y el apoyo del grueso de los medios de comunicación y redes sociales y distintos grupos de poder, busca reforzar la discriminación y la subordinación de la población inmigrante. Pretende dividir a las capas populares, justificar las grandes desigualdades mundiales derivadas del colonialismo y el neoliberalismo, tapar las responsabilidades del poder establecido respecto de la desigualdad social y el carácter regresivo del mercado y muchas políticas públicas precedentes, ampliar la mentalidad racista y segregadora entre la población española. En el terreno sociopolítico apuesta por deslegitimar las opciones progresistas, integradoras, feministas y de diálogo intercultural, y específicamente, desgastar al Gobierno de coalición progresista para favorecer la alternancia de las derechas reaccionarias y su política de involución socioeconómica y democrática.

En definitiva, la presentación de la inmigración como una amenaza para el mercado de trabajo, la sostenibilidad fiscal y del Estado de bienestar y la cohesión social y cultural y, especialmente, como fuente de delincuencia, criminalidad e inseguridad, no se atiene a los hechos. Supone una ofensiva política derechista con toda una manipulación discursiva y política-ideológica. Es fundamental promover la integración social y la convivencia intercultural, no la discriminación y el racismo.