Opinion · Dominio público

Marea Verde, de la reacción a la proposición

Matías Escalera Cordero

Autor de Memorias de un profesor malhablado (Amargord, 2013)

Matías Escalera Cordero
Autor de Memorias de un profesor malhablado (Amargord, 2013)

La Marea Verde, ese conglomerado de asambleas de todo tipo y carácter, de organizaciones ciudadanas, de padres, de estudiantes y de profesores, e incluso políticas y sindicales, que defienden una Escuela Pública vertebradora del sistema educativo, y no reducida al papel de mero componente degradado y subsidiario en una red educativa privatizada, es el resultado de la confluencia de tres factores aparentemente dispares. Uno es la labor de resistencia y persistencia, durante años, de las plataformas en defensa de la escuela pública, que como la de Vallecas (de donde surgen precisamente los símbolos que la identifican, la camiseta verde y el lema “una escuela de tod@s para tod@s” ) aportan memoria y fundamentos; otro lo constituye el 15M, no sólo en cuanto tal fenómeno arrebatador y catalizador de acciones y energía, sino también, y sobre todo, por lo que supuso en términos prácticos y efectivos, al reintroducir la asamblea y la horizontalidad como métodos de lucha y de auto/movilización, si pudiese ser expresado así, en los movimientos de masas, después de décadas de olvido; en concreto, desde la Transición y la posterior consolidación del sistema político y social surgido de la misma, el actual régimen. Y el tercer factor –y no sería el menos importante– es la torpeza estratégica que supusieron las famosas instrucciones de julio de 2011, de la Consejería de Educación de Madrid, encabezada por Lucía Figar; cuyos efectos provocadores y reactivos se encargó luego de incrementar con su conocida impericia uno de los políticos más ineptos de los últimos tiempos, el ministro Wert.

En efecto, es a sus respectivas inepcias personales, que se sumaron a las de sus respectivos equipos de asesores, que no lograron –amparados en el dato objetivo de su mayoría absoluta– prever la reacción que provocarían unas mediadas tan groseras y brutales contra la escuela pública (en Madrid, primero, y, luego, en el resto del estado), a lo que debemos el surgimiento de este movimiento de protesta y denuncia, cuando de haber continuado con la política de goteo que habían seguido hasta ese momento los equipos del PP, minando poco a poco los cimientos de la escuela pública y desviando fondos subrepticiamente, es posible que la cosa hubiese continuado en las mismas coordenadas en las que estaba desarrollándose este proceso hasta ese momento: una reacción minoritaria entre los profesores afiliados a los sindicatos y entre los padres y alumnos más concienciados, y punto.

Es, pues, a esta falta de análisis y de previsión de Figar, Wert y sus equipos a la que debemos, en gran medida, la reacción tan inesperada como contundente de uno de los colectivos más pasivos y acomodaticios de las dos últimas décadas, un gremio, el de los docentes, que había permanecido prácticamente paralizado desde los movimientos huelguísticos de finales de los años ochenta, frente a la progresiva y paulatina degradación de sus condiciones de trabajo.

Pero por qué fueron tan provocadoras y frutos de la incapacidad política aquellas instrucciones y todas las medidas que vinieron después y que han culminado en la desastrosa tramitación de ese despropósito que es la LOMCE. Porque aquellas instrucciones, y sus secuelas, llegaron en un momento paradójicamente inoportuno, a pesar de lo que entonces se creía, a la espera, como estaba el Partido Popular y toda su tropa mediática, de la ansiada mayoría absoluta que conseguirían, en efecto, unos meses después; y lo era, inoportuno, no tanto por ello, la mayoría absoluta estaba cantada (y todos la dábamos por descontado), sino porque esas medidas tan extremas y groseras contra la Escuela Pública madrileña se dieron en un momento de repolitización efectiva y de recuperación del poder de movilización ciudadana, que se había puesto en marcha durante las primeras grandes asambleas del 15M; tan frescas aún, por entonces, en la memoria colectiva. Y porque esas medidas fueron percibidas por ese mismo profesorado, que llevaba desmovilizado más de dos décadas (e inmediatamente después, por los padres y por los estudiantes), como un cambio no ya sólo cuantitativo, sino cualitativo en las políticas contra lo público, en general, y contra la escuela pública, en particular, que los gobiernos del Partido Popular habían estado llevando a cabo hasta ese momento.

Era tan claro el trasvase de recursos que se pretendía desde la esfera de lo público a lo privado (exactamente igual que sucedía en el ámbito de la sanidad), que una enorme masa de ciudadanos, ajenos a la comunidad educativa, una vez que se frenaron los efectos de aquella primera campaña de desprestigio contra los profesores, que el gobierno de Madrid y sus voceros orquestaron, cimentada en una ristra de mentiras, de medias verdades, insidias y calumnias insostenibles acerca de la supuesta pereza de los docentes, la mayoría social se sintió solidaria con ellos y con la lucha que representaban.

Así, pues, el desarrollo de la Marea Verde, desde esos primeros momentos hasta alcanzar su máxima expresión con las dos últimas huelgas generales educativas (históricas ambas por varios motivos: por la convocatoria unilateral de los padres, en una; y por la globalidad alcanzada, en la otra), ha estado marcado por la horizontalidad, por la versatilidad y por la universalidad, pues, por primera vez, desde que tengo uso de razón política y social, se puede afirmar con total verdad y rotundidad que hay “comunidad educativa”, que profesores, padres y estudiantes constituyen una comunidad no sólo de intereses, sino de emociones y proyectos compartidos, tal como se ha demostrado en la huelga indefinida de la escuela pública mallorquina, o se demostró en la “primavera valenciana”, o se ha demostrado en la persistente lucha de la escuela pública madrileña o catalana, por poner sólo algunos ejemplos relevantes de los últimos años. Y esta es la auténtica fuente de donde mana, creo, la fuerza y la eficacia movilizadora de la Marea Verde, y su capacidad de influencia social y política. Porque contra la impresión que algunos tienen, quizás por la natural fatiga acumulada en tantos meses de lucha, la Marea Verde ha alcanzado metas y ganado batallas importantísimas.

En primer lugar, hemos conseguido modificar e invertir la imagen social degradada y humillante que los gobiernos del Partido Popular y la caverna mediática pretendían dar del profesorado de la Escuela Pública con sus insultos y calumnias, en los primeros meses de conflicto en Madrid, sobre todo. Campaña durísima que motivó, en buena parte, mis Memorias de un profesor malhablado, librito concebido como herramienta de combate y de reflexión para todos aquellos que no conocen lo que es e implica ser profesor de la escuela pública en sociedades tan complejas como las actuales.

En segundo lugar, la marea Verde ha logrado algo impensable hace tan solo un año y medio; ha conseguido no sólo frenar la LOMCE, una ley que nace muerta, sino que ha logrado desacreditar socialmente las políticas y a los políticos que la han suscitado y apoyado.

Y, en tercer lugar, lo que considero más importante, la marea Verde ha conseguido incluir en la agenda política y en el debate social a la Educación, por primera vez, quizás, en la historia reciente de este país (al menos, desde los dos primeros años de la Segunda República española). De modo que, en los últimos meses, y esto es muy significativo de por dónde va e irá esta lucha a partir de ahora, las asambleas que constituyen la marea verde a lo largo de todo el estado, han pasado o están pasando de un estadio reactivo a un estadio propositivo; esto es, de la defensa cerrada de la escuela pública actual, a la reflexión acerca de la escuela pública que deseamos y necesitamos, elaborando diversas alternativas o “libros verdes” que confluirán necesariamente en una ley de iniciativa popular sobre la educación, que será un hito histórico en este país y que, por primera vez, expresará la idea que de la Escuela Pública tiene la mayoría social, sobre la que se podrá establecer, quizás, un definitivo pacto educativo que sustente el modelo de escuela y educación vigente durante las próximas generaciones. Y esto último justificaría, por sí solo, nuestra lucha y el largo y persistente esfuerzo de padres, estudiantes y profesores de la Escuela Pública en su defensa y dotación de sentido.