Por la Europa de la democracia y las libertades avanza el fantasma de la censura. Cada vez más, con ocasión de los grandes conflictos de nuestro tiempo los países supuestamente democráticos cercenan la difusión de opiniones disidentes. Es algo que lleva sucediendo hace tiempo; primero a través de ese invento llamado delitos de odio, convertido en auténtico caballo de Troya de la censura y últimamente bajo el ambiguo paraguas de la lucha contra la desinformación. En los momentos de crisis se acentúa. Medidas que hace unos años nos parecían imposibles, como la prohibición ideológica de medios de comunicación, de manifestaciones o hasta de novelas son una realidad que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana, sobre todo tras la guerra de Ucrania. Un buen ejemplo de esta tendencia es también todo lo relativo a la exhibición de banderas palestinas a raíz del conflicto armado en Gaza e Israel.

Formalmente en ningún lugar de Europa está prohibido exhibir una bandera palestina aunque nuestros Gobiernos hayan tomado parte a favor de Israel. No podría estarlo, porque ese tipo de restricciones basadas en la imposición de una única visión es ajena a la idea misma de derechos fundamentales. No se puede proscribir la discusión pública de ningún tema ni silenciar a nadie porque su opinión sea minoritaria o diferente de la de quienes mandan. Igual que la libertad religiosa garantiza el derecho a profesar unas creencias distintas de las de la mayoría o de la del poder, la libertad de expresión asegura que el discrepante pueda manifestarse como tal.

Sin embargo, incluso sin prohibiciones formales, los gobiernos supuestamente democráticos están encontrando resquicios que -en la práctica- les permiten imponer tal uniformidad de pensamiento. En el Reino Unido, una circular de la Policía dice que la bandera palestina puede ser utilizada para incitar al odio o atacar. Efectivamente, cualquier bandera o signo, en determinados contextos, no se usa para reivindicar una idea sino para hacer daño a otras personas. Puede hacerse lo mismo con una bandera de fútbol que con la del Estado de Israel. Por eso la circular policial, al usar específicamente ese ejemplo, sirve de cobertura para que en cualquier ocasión, cualquier agente policial pueda decir que en esa situación concreta se usó agresivamente y pueda sancionarla. Eso generaliza las sanciones y desalienta a quien la quiera mostrar, con lo que en la práctica deja de poderse exhibir ese símbolo.

Algo parecido ha sucedido en Alemania y Francia con las manifestaciones de apoyo a las víctimas civiles palestinas de los ataques israelíes. En Berlín y otras ciudades alemana la Policía ha prohibido una a una todas las manifestaciones convocadas en protesta por los bombardeos indiscriminados israelíes porque casualmente en todas ellas encontraron indicios de que podían producirse desórdenes. En Francia, aunque el Consejo de Estado dictaminó que sólo se podrían prohibir examinando las pruebas y circunstancias de cada caso, el ministro del Interior ha dictado una orden exigiendo a sus funcionaros que las prohíban todas. No estamos ante una protección frente a la violencia, sino ante un intento de los gobiernos europeos de que su sociedad civil no manifieste públicamente críticas a las masacres israelíes que puedan empañar la posición oficial de que sólo los ataques terroristas de Hamás merecen repulsa pública. Otra manifestación de este silenciamiento de opiniones críticas con las acciones del ejército israelí sería la prohibición al eurodiputado español Manu Pineda de dirigirse a la asamblea parlamentaria de la Unión con un pañuelo palestino al cuello; o el aplazamiento de la entrega del permio de la feria del libro de Frankfurt a la escritora palestina Adania Shibli para impedirle que haga un discurso crítico con el ataque de Israel sobre la población civil de Gaza.

El caso de La Liga

En nuestro país hemos tenido ya algunos casos de algo muy parecido. El otro día, en un partido de fútbol, en Eibar, la Policía sancionó a un espectador por intentar ondear una bandera palestina. Desde el punto de vista jurídico la cuestión es bastante llamativa.

La Liga es una entidad privada que en sus actividades puede imponer sus propias normas. Puede incluso restringir la libertad de expresión en ellas si lo hace de manera razonada y no discriminatoria. Del mismo modo que un club taurino puede imponer que en sus reuniones sus miembros no hagan proclamas animalistas, también la Liga puede decidir que en sus partidos no se hable de política. De hecho hace un par de años mandaron una circular a los clubes indicándoles que se prohibían las banderas y los símbolos políticos o religiosos. Sin embargo, con motivo de la guerra de Ucrania La Liga misma decidió exhibir en los partidos de fútbol la bandera ucraniana en homenaje a las víctimas de los ataques rusos. Después de eso no es jurídicamente admisible que la entidad prohíba las banderas palestinas en homenaje a las víctimas de Gaza: o prohíbe todas las banderas equivalentes o las admite, pero discriminar ideológicamente cuáles sí y cuáles no sí sin más criterio que la afinidad política de La Liga constituiría una vulneración de las libertades ideológica y de expresión. Así que La Liga no puede prohibir las banderas palestinas.

Pero queda acudir a la excepción. La ley del Deporte prohíbe y sanciona introducir a los campos de juego banderas que inciten a la violencia o sean amenazantes, insultantes o vejatorias. Parece entonces que la Policía vasca ha decidido que en estos momentos la bandera palestina incita a la violencia contra Israel y va a multar por desobediencia al aficionado comprometido que insistió en ondearla. Se trata de un error tan jurídico tan burdo como el de aquel policía murciano que quiso multar a una cantante por mostrar sus pechos. Si la policía considera que la bandera palestina exhibida en solidaridad con las víctimas de una masacre incita a la violencia es por motivos ideológicos. Detrás de esa sanción está el convencimiento de que las únicas víctimas respetables son las judías y de que apoyar a Palestina es apoyar al terrorismo. Aun así, también aquí se multiplican los gestos de censura y la prohibición de símbolos o banderas palestinas, en una oleada represora sorprendente.

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El poder del Estado está imponiendo en España una visión ideológica única. Tal y como han hecho en el Reino Unido, Alemania o Francia, también aquí se aplican ilegalmente las normas habituales sobre abuso de derecho para silenciar una perspectiva ideológica por el mero hecho de que no se comparte desde el poder.

Las consecuencias sobre nuestro sistema político pueden ser fatales. La libertad de expresión es esencial para la democracia. La ciudadanía solo puede ejercer la democracia con plenitud en un ambiente en el que haya una opinión pública libre con libre circulación de hechos e ideas, pues la única forma de formarse un criterio propio sobre las cosas es oyendo y expresando ideas divergentes. El acceso a una versión disidente de los hechos publicados y de las opiniones dominantes favorece el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad.

Las dictaduras imponen una única versión del mundo y solo toleran su propia opinión. Durante el franquismo no había democracia porque no se pudiera hablar, sino porque sólo se podía hablar a favor de Franco. Esperemos que no pase lo mismo en democracia.