Opinion · Ecologismo de emergencia

La responsabilidad de la UE más allá de la UE

Ante el aumento de crímenes de ambientalistas, la Europa tras el 26M debe aumentar la acogida de líderes amenazados y el control de las empresas.

Rosa M. Tristán 

Foto de Pedro Armestre

 

“Estábamos en una finca manteniendo una reunión para preparar un encuentro con el Gobierno de mi país. Nos encontrábamos 16 personas, cuando vimos que algo explotaba a unos cinco metros. Nos tiramos al suelo. Teníamos ocho  escoltas en la finca, que reaccionaron enseguida. Se produjo un tiroteo entre ellos y los tres hombres que nos atacaban. Nosotros corrimos hacia los servicios.  Otra granada cayó junto a la cocina. Al final, los atacantes lograron escapar y dos de los escoltas fueron heridos, uno por esquirlas de granada y el otro de bala. En la guerra he vivido situaciones muy fuertes, pero nunca un atentado como éste. Nuestras vidas , nuestros territorios y nuestros derechos están en peligro  aquí en Colombia. Es un intento de masacre y estamos muy preocupados”.  Así describe Clemencia Carabalí Rodallega  el ataque sufrido el pasado 4 de Mayo en el norte del Cauca. Clemencia lidera la Asociación de Mujeres Afrocolombianas del Norte del Cauca –ASOM- y junto a ella, y otros 14 compañeros, estaba Francia Márquez, también líder en el Cauca y premio Goldman en 2018 en un territorio que un día si y otro también se tiñe de sangre.

Clemencia bien podría ser candidata a pasar tres meses en España el próximo año, si continúa el Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de los Derechos Humanos que este año puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Fundación Mundubat. Sería deseable porque tener una ciudad solidaria con quienes defienden su tierra  y su entorno, aún a costa de su vida, es un valor añadido incuestionable. También lo sería que la Europa del futuro siguiera este ejemplo, aunque todo indica que la realidad va por otros derroteros. Más de la mitad de las grandes empresas europeas están implicadas en conflictos socio-ambientales, según el International Peace Information Service. Y sin embargo, sigue empantanado un plan europeo de acción sobre la ‘debida diligencia’ de nuestras empresas en el exterior y la UE pone trabas al tratado que se negocia en la ONU sobre corporaciones y derechos humanos.

Este año, varias fueron las mujeres que vinieron a España desde Colombia, ese país inmerso en un proceso de paz complejo y peligroso del que poco se habla ahora. Como Clemencia o como Francia, son también lideresas que están tomando la batuta en unas luchas donde hasta hace poco no tenían voz. No es fácil vivir en un país sumido en el expolio, con un Gobierno que desconoce a las comunidades indígenas  y afrocolombianas y donde los muertos de campesinos y líderes ha aumentado un 30% desde 2017. “Con los acuerdos de paz, las mujeres no cambiamos los fusiles por las sartenes, hoy seguimos en la defensa de la Madre Tierra. Yo fui del grupo de Mujeres Constructoras de Paz y veo que ahora el conflicto se ha transformado en despojo. Ya me han amenazado con hacerme ‘sanchocho’ [un guiso de carne trocearla] por denunciarlo”, aseguraba Maritze Trigos, religiosa de 77 años, en un acto en Madrid.

“Para nosotras la tierra es como parir un hijo y luego cuidarlo. Somos dadoras de vida y defensoras de un plan del Buen Vivir que tiene poco que ver con el que defiende el presidente de mi país”, añadía Maricel Sandoval, que como Clemencia recibe apoyo de Alianza por la Solidaridad para el trabajo de su organización. “No podemos permitir que nos talen los bosques y nos contaminen el agua para extraer minerales impunemente”, acusaba.

Y es que la ‘locomotora minera’, como la describe Clemencia, unida a la previa presencia de ‘narcos’ y de grupos armados, está poniendo en un brete a la paz que tanto esfuerzo costó construir. Y con ello sus recursos naturales. Ya en 2015, el delegado de asuntos campesinos en la Defensoría del Pueblo de Colombia, William Salazar, me alertaba en una entrevista, en Bogotá, de la que se venía encima en el Chocó, en el Cauca, en  Quindío, en Santander… “Las empresas están esperando para entrar con sus licencias de oro, plata, cobre, antes de que lo hagan los pobladores originales, desplazados por la guerra”, aventuraba. Así ha sido.

Carabali, que lidera la Asociación de Mujeres Afrocolombianas del Norte del Cauca (ASOM), es víctima del proceso entero. “Aquí en el Cauca tenemos muchas concesiones mineras de oro, megaproyectos iniciados tras los acuerdos de paz que se quedan sin hacer ninguna consulta previa en las comunidades étnicas, como marca la legislación internacional. Ahora tenemos los ríos llenos de mercurio y elevados casos de cáncer. Si a eso le sumas la presencia de cultivos ilícitos y grupos armados, la situación es grave. Preparábamos una reunión con el Gobierno para hablar de todo ello cuando fuimos atacados a tiros. Por ello es tan importante la solidaridad internacional con las personas defensoras. A nosotros acá nos hacen caso”, se quejaba la superviviente vía telefónica.

En días pasados, también ha estado por España Gloria Patricia Giraldo, que vive en el municipio minero de Carmen de Atrato (Chocó) tras ser desplazada por el conflicto armado: “Sacan toneladas de minerales preciosos, pero nada dejan. Ninguna inversión social. Además, con la mina, las mujeres quedan en la cocina, lo que nos hace más vulnerables”, reconocía. A su lado, la indígena wounaan Delafina Tobar añadía el choque que sufren cuando se ven obligadas a cambiar su forma de vestir, a dejar su lengua, a abandonar su cultura, su artesanía. “No vamos a abandonar la lucha pero solas no podemos. La guerra nos desplazó y las empresas nos despojan”, acusaba en un acto celebrado en Madrid.

Por ello, por ellas, porque si hay una emergencia para todos es la de seguir contando con personas que saben respetar la naturaleza cuando los enemigos acechan, y además se juegan la vida, la solidaridad con su trabajo debe ser una prioridad para las instituciones en todos los niveles, de lo local a lo internacional, de los ayuntamientos que nos acercan a sus realidades, a las instituciones comunitarias en las que debemos exigir un control y denuncia de los desaguisados de nuestras empresas en sus territorios. Lo demás, nos hará cómplices de tiros de fuego real como los que, el pasado día 4, sábado, buscaban matar a Clemencia y sus compañeros y compañeras.