Ante la necesidad acuciante de dar salida a una creciente cantidad de residuos generados por un modelo de producción y consumo de usar y tirar que llega a todos los ámbitos de nuestra vida, varias voces presentan la incineración como una posible solución. En pleno proceso de revisión de la normativa vigente sobre residuos cogen fuerza propuestas para la transformación de los residuos en energía (waste-to-energy). La cuestión es ¿Quién paga la infraestructura necesaria? ¿De dónde sacamos el dinero para construir y mantener las instalaciones de incineración, recuperación y distribución de la energía? ¿Quién asume los costes futuros de perpetuar el modelo de usar y tirar?

Ante el progresivo final de la vida útil de los vertederos y la dificultad de encontrar espacios adecuados para seguir enterrando la ingente cantidad de basura que generamos en nuestro día a día, hay quien pone la mirada en algunos países europeos donde la incineración es una opción preferente frente al depósito en vertedero. Es una opción tentadora ante la idea de dejarlos acumulados indefinidamente ¿Podríamos importar el modelo a nuestro territorio? ¿Hay alternativas?

El modelo de recogida y gestión de residuos predominante en España durante las últimas dos décadas se basa en un sistema que prioriza la recogida selectiva de envases frente al resto de fracciones de residuos. Incluso cuando cerca de la mitad de ello son, en los hogares, residuos orgánicos que podrían, recogidos separadamente, utilizarse en aplicaciones como el compostaje o la biometanización. Revisar el pasado es fácil. Pero solo es interesante si nos sirve para evitar perpetuar los errores en el futuro.

El sistema de recogida en contenedores de colores nos ha llevado hasta la situación actual. A falta de más transparencia asumimos que funciona bastante bien en las fracciones monomateriales: los contenedores de vidrio hacen su función y permiten recuperar una parte importante de este material. Lo mismo ocurre con los de papel y cartón. Pero cuando ponemos la mirada en el contenedor amarillo vemos que algo no va tan bien como debería.

La mezcla de materiales resultante de juntar en un mismo flujo latas de aluminio, botellas de distintos plásticos, bolsas, briks... requiere de un complejo y costoso proceso de clasificación y tratamiento previo a cualquier opción de reciclaje. Tanto es así que el sistema lleva años siendo muy deficitario en esta materia. Se ha centrado en recuperar un pequeño porcentaje del total de los envases adheridos al sistema, apenas el 25% en el caso de los envases de plástico, y despreocuparse del resto, que acaba exportado a países remotos o almacenado en condiciones que acaban resultando en incendios de consecuencias indeseables.

Aun cuando el resultado final es el mismo, toneladas de plásticos convertidas en emisiones de efecto invernadero, es preferible, sin lugar a dudas, que la combustión tenga lugar en un proceso controlado, con medición de los contaminantes emitidos y, a ser posible, con transformación del calor en electricidad.

Pero todo tiene costes. Preparar la mezcla de residuos que no somos capaces de recuperar para su reciclaje, llevarlos a la incineradora, aportar el combustible necesario para que eso arda, controlar las emisiones atmosféricas que genera, recuperar las cenizas y llevarlas a vertedero de seguridad... Una infraestructura paralela que solo se justifica en la ineficiencia de un modelo que no está considerando adecuadamente ni la jerarquía de residuos ni la responsabilidad ampliada del productor.

Por mucho que algún señor director general se empeñe en justificar su apoyo incondicional a la incineración en las leyes de la termodinámica. Y es que quizá olvida que su cargo es poner orden para evitar la muerte térmica de la región cuyos habitantes le pagan el sueldo en lo que encuentra otro mejor. Si nos interesase recudir la entropía de los flujos de residuos tenemos a nuestra disposición el orden de prioridades en la gestión. Y empieza por la prevención. Evitar residuos disminuye la necesidad de incineración. Y los costes de gestión: repercutirlos en quienes generan los residuos dentro de su modelo de negocio ayudaría a mandar señales al mercado para que optimice el uso de recursos.

En el caso de los residuos de envases esto pasa por fomentar el producto a granel y la reutilización de envases. Ambos chocan con un sistema que traslada los costes de la gestión de residuos de envases al conjunto de la sociedad a través de unos contenedores de colores que impiden la reutilización.

Quizá con una correcta aplicación del principio de responsabilidad ampliada del productor conseguiríamos que los precios del producto envasado reflejasen los impactos que causan los envases, y otros productos que con su uso se convierten en residuos, haciendo más atractivas las alternativas sin envases o más duraderas.

Como ejemplo ilustrativo tenemos la deficiente dotación de contenedores amarillos. No hay volumen de recogida ni para un tercio del total de los envases que se comercializan adheridos, en este caso, a Ecoembes. Y no es una estrategia inocente. Con esto estamos trasladando el coste de recogida a otros contenedores, a los servicios de limpieza urbana... al presupuesto municipal. Los ayuntamientos deberían tener recursos para repercutir el coste la recogida del 100% de los residuos de productos adheridos a sistemas de responsabilidad ampliada del productor a quienes los ponen en el mercado.

Hablamos de envases, pero también de neumáticos usados, de grandes electrodomésticos... y de todo lo que queramos legislar con un instrumento previsto por las directivas europeas y sobre el que Europa ha emitido varias recomendaciones a nuestro país.

Quizá si el organismo de cuenca correspondiese encontrase en la ley de residuos un mecanismo para trasladar a los fabricantes de neveras y colchones los costes de retirar los que acaban abandonados en los cauces públicos veríamos reducida drásticamente la basuraleza. El drama de las basuras dispersas no lo sería tanto si los ayuntamientos tuviesen una línea presupuestaria, directamente financiada por los productores de envases y los distribuidores de productos envasados, para recoger con personal cualificado y adecuadamente remunerado todos los residuos que aparecen abandonados en el campo.

Y no. Quemar residuos no es economía circular. Es la eliminación definitiva de un recurso que podría haber sido reutilizado o reciclado de contar con un sistema adecuado de recogida y tratamiento. Mientras nos hablan de reciclaje químico y otras panaceas asombrosas, el sector del plástico sigue mezclando sus valiosos polímeros en formas imposibles de recuperar con el sistema de recogida en contenedores de colores. Toneladas y toneladas de complejos envases monodosis -y otras soluciones ingeniosas de la industria del packaging cuyo objetivo no es otro que vender más con mayor margen de beneficio- acaban como rechazo camino de vertederos e incineradoras por falta de una inversión en instalaciones adecuadas para su recuperación y tratamiento.

Pero en vez de eso seguimos engrasando puertas giratorias. Ante necesidad de recursos para pagar la gestión de residuos por parte de las entidades locales se hacen propuestas como el pago por generación (pay as you throw) o la incineración. Se busca cualquier excusa para replicar el ineficiente modelo de contenedores en sectores como el textil. Estructuras de poder desde las que conseguir salarios inflados y combustible para incineradoras.

Estamos en un momento crítico. Los residuos son el indicador más claro y tangible de las ineficiencias de nuestro sistema. Un modelo de producción y consumo que no vamos a arreglar haciéndonos trampas al solitario. Por mucho que intenten simplificar el debate, lo que está en juego no son unas maquinitas de recogida o un poco más de cemento en infraestructuras.

Para que no se nos olvide, lo que está en juego son los puestos de trabajo que generaría hacer las cosas mejor, son las oportunidades de producción local y de proximidad, la calidad en el empleo del sector comercial, la extracción de recursos, la sobreexplotación de los sistemas agropecuarios que nos dan de comer, el futuro de un mundo rural cada vez más despoblado, una retribución justa para quienes trabajan el campo, la posibilidad de que las comunidades locales puedan producir los alimentos que las permitan mantenerse en sus territorios, la distribución de la riqueza, la cantidad de petróleo fósil que convertimos en emisiones de efecto invernadero, la contaminación por plásticos. Y la distribución de los costes monetarios que genera todo esto.

Si seguimos repercutiendo a las arcas municipales el impacto del modelo de usar y tirar estamos cavando en un pozo sin fondo. Que sean quienes causan la necesidad de gestionar residuos los que paguen los costes de recogida, tratamiento y gestión de los materiales que hacen posible de su modelo de negocio es poner el primer peldaño para salir hacia un verdadero modelo de desarrollo sostenible.