La laboriosa y pacífica socialista asturiana Ludivina García Arias, que preside la Asociación de Descendientes del Exilio, ha preguntado en público lo que el runrún detectó en privado meses atrás: la paradoja de que se exija a los hijos y nietos de los republicanos españoles que sobrevivieron en el exilio el juramento o promesa de "fidelidad al rey" y obediencia a la Constitución para nacionalizarse españoles sin perder la propia de los países donde nacieron. Si los desexiliados y los partidos de raíz republicana asumieron la monarquía y la plasmaron en la Constitución de 1978, ¿no es suficiente con que juren o prometan la Carta Magna?, ¿por qué han de someterlos a un trámite redundante? Y puesto que el artículo 23 del Código Civil así lo exige, ¿se podrá aprovechar la tramitación del proyecto de Oficina Judicial para reformar ese juramento medieval?
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