13/04/201020/05/2010

De entre todas leyes promovidas por el Gobierno bajo la administración del Partido Socialista, la aprobación de la Ley de Dependencia fue una de las conquistas sociales más significativas y merecedoras de encomio durante la pasada legislatura. Es de señalar que esa ley se aprobó en octubre de 2006 y entró en vigor el primero de enero del año siguiente, cuando en España había más de un millón de personas con un grado de dependencia grave.

Han pasado por lo tanto más de tres años y la gestión en la aplicación de tal ley debería ser todo lo fluida que cabe esperar cuando buena parte de los beneficiarios se encuentran en el último tramo de su existencia. Sin embargo, en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, que aprobó con el PSOE esa normativa, la dilación es la principal característica, cuando no la paralización, como en la comunidad de Madrid, algo que ayer criticó muy duramente la vicepresidenta del Gobierno.

A María Teresa Fernández de la Vega le parece esa paralización intolerable y exige a la presidenta Esperanza Aguirre que ponga en marcha esa ley. Según Fernández de la Vega, es una deslealtad institucional, ya que es algo que está recogido en la ley, que ha sido aprobada en el Parlamento, por lo que la soberanía popular y el esfuerzo de todos debe ser respetado.

La señora vicepresidenta podrá emplear el más duro de los lenguajes que tenga a su alcance para reprobar la actitud de la lideresa, pero que esa situación se esté dando en la comunidad madrileña más de un trienio después de que la ley entrara en vigor debería merecer mucho más que duras palabras. Es lo que con toda seguridad pensarán los afectados que llevan más de dos años esperando las ayudas solicitadas y han tenido que asistir en no pocos casos al fallecimiento de sus familiares ancianos sin que las recibieran.

El Gobierno de la nación no puede limitarse en esta materia a hacer críticas de cara a la galería para denostar a su adversario político. Estando en juego la calidad de vida miles de ciudadanos dependientes, creo que es competencia de la administración central haber investigado ya si el comportamiento del gobierno de la señora Aguirre obedece a discrepancias ideológicas o a intereses electorales, o si el problema radica en una grave desviación de los fondos destinados a la dependencia.

Doña Teresa debería tener en cuenta, si con lo dicho aspira a preservar los votos a su partido de los madrileños, que si la Ley de Dependencia sufre una intolerable paralización en esa comunidad y se aplica con no menos intolerable lentitud en otras bajo la administración del PP, esto se debe que esa ley no la promovió el Partido Popular y los beneficiarios en su mayoría bien pueden votar al partido promotor, el PSOE. A los votantes del PP les importa un rábano que se aplique o no la Ley de Dependencia porque mantendrán la fidelidad de su voto al margen de algo que apenas les afecta porque por status no lo necesitan.

No ocurrirá probablemente lo mismo entre quienes votarían al PSOE por haber promovido una ley tan necesaria pero no se pueden conformar con que, más de tres años después, la vicepresidenta del Gobierno se limite únicamente a criticar a quienes no la cumplen. Así que como doña Teresa no haga más que eso, quien sigue ganando en Madrid es Aguirre, aunque sea a costar de añadir a la falta de respeto que su partido siente por los republicanos enterrados sin sepultura por el franquismo, la falta de humanidad cristiana y cívica para con nuestros mayores, los últimos sobrevivientes de esa misma memoria. No deberían morirse esperando lo que la ley les dio hace más de tres años y sus vidas merecen.