Orgulloso Mariano Rajoy de su foto con el déspota guineano Teodoro Obiang Ngema, por un quítame allá un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Algún petimetre lo dijo: los países no tienen ideología, tienen intereses. Orgulloso Luis de Guindos por regalarle tres puntos a la Unión Europea y hurtárselo a las comunidades autónomas. El Partido Popular está orgulloso también de su política económica, a pesar del paro que no cesa y de que la caída de precios y salarios puede hacernos incurrir en la crónica anunciada de la deflación.

Claro que del orgullo gay ni hablamos; por mucho que su presidente extremeño José Antonio Monago secundara la iniciativa de Izquierda Unida de colocar la bandera del arcoíris sobre el alfeizar de su despacho. Justo ese mismo día, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas amagaba con recurrir la proposición de Ley Integral para la No Discriminación por razón de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que había aprobado el Parlamento de Andalucía con los votos favorables de PSOE, IU y --sorprendentemente-- el PP andaluz. ¿Qué tiene Cristóbal Montoro en contra de los transexuales? Oficialmente, las competencias. Su departamento advirtió mediante un informe remitido al Gobierno andaluz de que esta nueva propuesta legal podía vulnerar el orden de distribución de competencias establecido por el apartado 8º de la Constitución Española, en sus artículos 2.4, 4.2, 10, 16.2 y 19.3. ¿Para cuándo entonces, una ley española que garantice esos mismos derechos? Ni está ni se le espera.

Lo mismo que cuando el Gobierno central vetase con anterioridad la ley andaluza de la función social de la vivienda por más que la normal estatal siga sin servir de mucho. En el interín, tampoco le parece inconstitucional poner en la calle a familias con recién nacidos y detener a mansalva a quienes se ponen a ello. Idem de ídem cuando ha vetado las subastas andaluzas de medicamentos para seguir pagando por encima de nuestras posibilidades a las farmacéuticas, pero con la satisfacción de seguir al pie de la letra las competencias constitucionales y los mayores beneficios de dicha industria.

No es la primera vez que, en materias que rocen en alguna medida a los órganos sexuales, el Partido Popular camina por la acera de enfrente respecto a buena parte de la sociedad, incluyendo a su propia militancia. Como si la jerarquía eclesiástica tuviera un claro voto de calidad sobre semejantes cuestiones. Hay  --la  gente es rara--gays en el PP y son muy activos a la hora de enmendar la plana a sus dirigentes. Mucho más que los obreros conservadores, que también los hay pero que no se movilizan de puertas para adentro frente a los recortes en materia de derechos laborales. Por no hablar de sus militantas y militantes  en asuntos que tienen que ver con las políticas de igualdad, también en horas bajas en las filas monclovitas.

¿A qué cabe atribuir esa manía por la entrepierna o la actitud de género que rige en Génova, cuando ministros católicos como el anti-abortista Alberto Ruiz Gallardón o el economicida Luis de Guindos se pronunciaron discretamente en su día a favor de los matrimonios gays? El peso del Opus Dei, representado por ejemplo en el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nos retrotrae a la tecnocracia meapilas de los años 60 y 70 del siglo XX. Por no hablar de neocatecumenales, legionarios de Cristo y ministros reclamando la intercesión del santoral para salvarnos de las plagas de Egipto.

En su día, cuando el 66 por ciento de la población apoyaba que los gays pudieran casarse, el debate sobre el matrimonio homosexual sacó toda la caspa de los neoliberales, como ya ocurriese en su día con sus padres fundadores de Alianza Popular a propósito de la Ley del Divorcio de Fernández Ordóñez. Esta vez, arropado por las estolas, las tiaras y el brilla-brilla felliniano de Rouco Valera, el partido de Mariano Rajoy utilizó toda su artillería mediática y callejera contra la ley del matrimonio homosexual de 3 de julio de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Luego, mientras el PP recurría inútilmente la norma ante el Tribunal Constitucional, su sanedrín intentaba salvar la cara ante su propia militancia con una comedida propuesta que se incorporó a la ponencia del XVII Congreso Nacional del partido que fundara Manuel Fraga, un homófobo de libro por encima de otros vicios y cualidades. Su texto reafirmaba la «voluntad de defender los derechos de todas las personas, también de aquellas que sufrieron discriminación legal o social por razón de sexo u orientación sexual, mostrando nuestro compromiso con el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales».

Por más que, con contumacia de filólogos, les siguiera rechinando la palabra matrimonio, los populares dieron oficialmente por buena la resolución del Constitucional de 2012 y, en gran medida, intentaron pasar página. Sin embargo, ¿cómo olvidar la intervención ante el Senado del psiquiatra Aquilino Polaina, por iniciativa del PP, quien calificó a la homosexualidad como una patología o un trastorno emotivo? Como un emulo de Joseph Nicolosi, autor del controvertido panfleto "Comprender y sanar la homosexualidad", aquel experto citado por el grupo parlamentario de Rajoy a 21 de junio de 2005, llegó a considerar criterios tan científicos como que "muchos homosexuales tienen antecedentes de violación sexual desde pequeños" o que el origen de la homosexualidad habría que buscarlo en un entorno familiar con madres sobreprotectoras y padres "hostiles, alcohólicos y distantes". Y aunque los representantes del PP intentaron desmarcarse de dichas declaraciones, sus senadores vetaron la ley, que sin su respaldo salió adelante en el Congreso.

Ocho años después, el ministro Jorge Fernández Díaz sigue en esa misma tónica. El pasado mes de marzo, durante un acto en la Embajada de España ante la Santa Sede, en un coloquio sobre Religión y Espacio Público, intentaba racionalizar tan irracional criterio: "Si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada".

El Grupo de Lesbianas, Gays y Transexuales del PP reclamó la dimisión del ministro opusino, pero no ha tenido suerte hasta el momento. Por encima de los albures de su propio partido y del Constitucional, el máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país, seguía negando la paridad de derechos al amor gay. En cualquier caso, habría que celebrar que España no pertenezca aún a ese grupo de ochenta estados en los que la homosexualidad sigue siendo delito. Más allá de las palabras, el ministerio de Fernández Díaz negó asilo por aquellas mismas fechas, a un mexicano que aseguraba que estaba perseguido en su país por su orientación sexual y había sido amenazado por los narcos.

Los tiempos cambian, no siempre para peor. Y aunque tarden en hacerlo. La recepción del flamante rey Felipe VI al movimiento cívico homosexual no hubiera sido concebible sin una larga lucha de décadas, en las que también participaron heterosexuales ajenos a cualquier suerte de orejeras sentimentales.

Las diferencias ideológicas o partidistas han llegado también al seno del movimiento de gays y lesbianas, aunque haya más distingos a la hora de la estrategia y de las relaciones institucionales que en el fondo de las diferentes propuestas. Como ocurre con el debate bizantino entre la conveniencia o no de los desfiles del día del orgullo o la visibilidad homosexualidad de manera constante y transversal a lo largo del año. Como si una fiesta multitudinaria y diversa excluyera cualquier otro compromiso cotidiano con esa misma causa.

Los derechos hay que pelearlos. Las fiestas se disfrutan. Unos y otras, en cualquier caso, no debieran ser reversibles. Pese a quien pese.