Las elecciones del 20 de diciembre de 2015 no sólo dejaron sobre el parqué de la política un formidable cubo de Rubik que los representantes del pueblo soberano tendrán que resolver si no queremos enfrentarnos a unos nuevos comicios y a la legislatura más breve de la historia de nuestra democracia. También confirmó la existencia de tabúes sobre los que casi nadie habla en un tiempo en el que se supone que empezamos a hablar de todo.

¿Oyeron acaso debatir, en la última campaña, sobre el carpetazo judicial a los inmigrantes muertos bajo fuego disuasorio de la Guardia Civil en las inmediaciones de la frontera de El Tarajal, en Ceuta? ¿Alguna alusión a los presos a los que se les ha negado la nueva medicación contra la hepatitis C porque a ciertos gobernantes les resulte más adecuado ahorrar su alto coste que salvar vidas humanas? ¿Cuántos minutos de debate utilizamos para condenar los anacrónicos recortes en libertades como consecuencia de la ley mordaza?

El día de los inocentes no es mala fecha para pasar revista, por ejemplo, a uno de los mayores tabúes de nuestro sistema, el de la tortura, un fenómeno que tampoco ha formado parte del imaginario electoral. Durante décadas, este asunto fue menospreciado en términos generales por los principales actores de la opinión pública y de la opinión publicada porque, tácitamente, su denuncia pasaba a considerarse de oficio como parte de la agitación y propaganda de ETA, GRAPO y otras bandas armadas. Con independencia de que estos grupos y sus plataformas de apoyo exageraran los casos reales, haberlos hubo. Sólo hace falta pasearse por los informes de organizaciones tan poco sospechosas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o los propios defensores del pueblo del Estado o de sus comunidades, para apreciar que los malos tratos no constituían una enfermedad del pasado, sino que sus síntomas no han dejado de sentirse en nuestro territorio, por más que el sistema legal para su prevención se haya visto reforzado.

Tortura, según la ONU.-

¿A qué llamamos tortura? "Se entenderá por tortura –según aprobó el plenario de la ONU en 1984 y ratificó España en 1987-- todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento".

Puede que fuera lógico pero, desde luego, no resulta ejemplar que echáramos la vista a un lado ante las denuncias de tortura por el simple hecho de que fueran terroristas quienes las formulasen. ¿Qué diferencia habría, en ese caso, entre los demócratas y quienes no lo son? ¿Entre el Estado de Derecho y quienes pretenden tumbar su legitimidad?

A menudo, la constatación de las torturas y de los malos tratos sigue siendo una cuestión de credibilidad oficial, entre quien ejerce la autoridad o quien la sufre. En la balanza de una palabra contra otra, la justicia suele inclinarse a favor de los agentes y funcionarios. En plena campaña, se dio a conocer el informe sobre la tortura en el Estado español, correspondiente al año 2014 y que elabora por undécimo año consecutivo la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), que agrupa a medio centenar de ONGs dedicadas a la defensa de los derechos civiles en nuestro país. Un año antes, esa misma agrupación aseguraba que entre enero de 2001 y diciembre de 2012 se presentaron en España 6.621 denuncias por torturas y malos tratos y 833 muertes bajo custodia, mientras que "tan sólo" hubo 752 condenas. Quizá por ese motivo estén disminuyendo las denuncias. Pocos son los que se arriesgan a hacerlo cuando las presiones son muchas y escasas las sentencias condenatorias, al tiempo que han sido frecuentes los indultos a los representantes de la ley incursos en estos supuestos delictivos.

Probablemente una paja en el ojo frente a la viga de Estados Unidos, el paladín de la democracia en donde, entre el periodo comprendido desde 2003 a 2009, 4813 personas murieron durante su detención y en el 61 por ciento de tales casos, se trató de homicidios, según datos del último informe de la Agencia de Estadísticas de Justicia, que data de 2011.

Cincuenta muertes bajo custodia.-

En 2014, cincuenta fueron las muertes que se produjeron en España, en situación de custodia. Dieciocho de estos fallecimientos tuvieron lugar en prisiones; seis bajo la tutela del Cuerpo Nacional de Policía; 19 en relación con la Guardia Civil –los sucesos de Ceuta, por ejemplo--; 3 bajo la responsabilidad de la Policía Local y otras tantas bajo la de los Mossos d´Esquadra en Catalunya, así como un joven muerto en un centro de menores.

"Somos conscientes de que muchas de estas muertes no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes "inevitables" –comentan o ironizan los autores del informe--, pero también creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación".

Entre las causas objetivas de dichas defunciones figuran el consumo de droga o el suicidio, por ejemplo. Sin embargo, ¿por qué su investigación no fue suficientemente exhaustiva como para aventar cualquier tipo de sospecha?