La Moncloa, regalo envenenado

 

¿Por qué vota la gente al Partido Popular? Casi un 30 por ciento, según las encuestas más optimistas, a pesar del Fernándezgate, de la corrupción nuestra de cada día y de una interpretación de la economía más atenta a lo macro que a lo micro. Aunque al electorado progresista le parezca un disparate, los votantes del PP se rigen por una cierta lógica, la de una hinchada incapaz de renunciar a los colores de su equipo por poco que le guste el capitán o el portero. No se trata tanto de respaldar a lo propio como de frenar a lo ajeno. De ahí que les funcione bien el discurso venezolano contra Podemos: ha logrado que, en ciertos sectores de la opinión pública española, provoque mucho más recelo el remoto Nicolás Maduro que las reformas del propio Mariano Rajoy, redivivo tarzán de las vacas durante la última semana de la campaña, en su viacrucis electoral por granjas y plantaciones de alcachofas.

A los electores del Partido Popular, sin duda, les molesta la corrupción, pero piensan que existe en todos los partidos, incluso aquellos que no han tenido ni ocasión ni tiempo ni espacio para corromperse. Lo de las escuchas al ministro Jorge Fernández Díaz, las asumen como un escándalo pero por lo que supone que pueda grabarse a un ministro, no por el contenido de las conversaciones: los votantes conservadores ya han descontado a Cataluña de su marcador particular y si el titular de Interior espiaba más a siniestros que a diestros, por algo sería, se dirán antes de echar el voto en la papeleta. Y hay más gente en los bares, aflora el dinero de debajo de las losetas y vuelven las escapadas familiares a Marinador, aunque buena parte de la clase media se haya despeñado por el barranco donde los espartanos arrojaban a los tullidos.

El debate es ardiente e incluso dentro de las filas de la derecha, se discute al líder y los sufragistas no las tienen todas consigo por algunas de las leyes promulgadas durante su primer mandato. Pero hay que frenar a las hordas rojas, esa vuelve a ser la consigna, aunque de manera democrática y no al estilo de ochenta años atrás.

Ángel Gurría, contra la OCDE.-

Lo que importa es que España vuelve a ir bien, según pregonan los que saben. Como Mario Draghi, ese italiano que firma los billetes de euro y que aseguró hace un par de semanas en Bruselas que la reforma laboral española supuso “un factor de apoyo al crecimiento de empleo”. Como el secretario general de la OCDE, el ex ministro mexicano de finanzas Angel Gurría, un economista del PRI que, en estos días, elogió la reforma laboral que Rajoy puso en marcha en 2012, porque ha sido capaz de generar un millón de empleo en dos años.

Ambas declaraciones sonaban a discos dedicados, como peticiones del oyente Rajoy a sus locutores económicos favoritos. Pero no deja de sorprender las manifestaciones de Gurría cuando, justamente hace un año, un informe del organismo que lidera consideraba que las políticas de activación laboral en España tienen una dotación presupuestaria insuficiente teniendo en cuenta que es el segundo país miembro con la tasa de paro más elevada, por debajo de Grecia. Que la proporción del gasto en estas políticas en España, afirmaba textualmente, era significativo pero “sigue siendo bajo debido al alto nivel de paro”.
Gurría, en su afán propagandista de Mariano Rajoy, olvidaba que el informe de sus técnicos aseguraba que nuestra tasa de paro del 23,7 por ciento a finales de 2014, triplica la del conjunto de los 34 miembros de la OCDE, que se encuentra en torno al 7,1 por ciento. Ni siquiera ese millón de empleos creado en los últimos dos años bajo parámetros de precariedad y temporalidad extrema –un 26 por ciento del total de nuestros contratos–, mejora en gran medida dichas previsiones a corto y medio plazo, que seguirían registrando un 19,7 por ciento de paro a finales del presente año.

Ese será uno de los regalos envenenados que recibirá el inquilino de La Moncloa, sea quien sea, a partir de las elecciones del 26 de junio: uno de sus retos estribará en dedicar al fomento del empleo al menos un 1 por ciento del PIB, que es lo que destinan Dinamarca, Suecia y Finlandia cuyo paro es sencillamente ridículo respecto a nuestras cotas de desempleo.

El mayor reto que tendrá que afrontar el nuevo gobierno no es sólo el de crear empleo sino el de velar por la calidad del mismo. Aquel informe de la OCDE, que ahora nadie parece recordar, aseveraba que en España casi una cuarta parte de los trabajadores, mayoritariamente jóvenes o de bajo nivel de cualificación, tienen contratos temporales, frente al 12 por ciento de media de la OCDE. También decía que sólo el 20 por ciento de los trabajadores con contrato temporal pasó a indefinido en un plazo de tres años, en contraste con el 50 por ciento de la media de los países europeos. O sea, «un gran grupo de personas que quedan abandonadas a encadenar contratos temporales», máxime con bajos sueldos y con escasas oportunidades de prosperar en los escalafones sociales o laborales. Por no entrar a considerar que la brecha salarial entre un trabajador fijo y un temporal supone alrededor de cinco euros por hora. Como mínimo.  Sin entrar a debatir la brecha privada entre trabajadores y trabajadoras.

Tampoco mencionó Gurría que un 53 por ciento de los desempleados en nuestro país llevan en dicha situación más de 12 meses, cuando el promedio de dicho paro de larga duración estriba tan sólo en un 36 por ciento del total en la mayor parte los países de la OCDE. Por no hablar del paro juvenil, que afecta al 21 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 29 años. También son datos del informe que dicho organismo hizo público hace justo un año. Su contenido criticaba que el salario mínimo en España apenas suponga un 41,1 por ciento del salario medio, cuando en Francia representa un 62,8 por ciento y en Portugal alcanza al 56,6 por ciento.

Claro que la OCDE también avisaba sobre las altas cotizaciones a la Seguridad Social o los elevados impuestos sobre la renta, que podrían contribuir al empleo sumergido entre los trabajadores con rentas más bajas. A su juicio,  el impacto de la economía oculta podría situarse en torno al 20 por ciento de la economía oficial y el número de empleos clandestinos podría situarse en torno a los dos millones, incluyendo jubilados y pensionistas que sigan trabajando, según aventuraba recientemente en su blog el converso Ramón Tamames.

Es cierto que aquel informe de la OCDE alababa la reforma laboral de 2012, que el PSOE pretende modificar y Unidos Podemos derogar. Para sus autores, facilitar el despido era un incentivo del empleo cuando en realidad lo único que incentivó a ciencia cierta fue el despido. Tampoco la aplicación de criterios progresivos en el pago de la renta gusta a la OCDE porque sus especialistas creen que dicha práctica inspirada en Robin Hood no empuja a los currantes con rentas más bajas a ganar algo más porque al superar determinadas barreras los impuestos prácticamente barrerían sus beneficios. ¿Quiere eso decir que no tienen que pagar más los que más tienen o que hay que limar las fronteras fiscales entre los que tienen menos? Ese será uno de los criterios que marque las diferencias entre quien gobierne España a partir de ahora, bien desde postulados neoliberales o socialdemócratas, en el amplio sentido que ya ha adquirido la palabra socialdemócrata.

Contra la Educación.-

Mención aparte sería considerar como alrededor de 500.000 puestos de trabajo que han sido ofertados por las empresas no han sido cubiertos por falta de cualificación de los profesionales españoles. Seguramente, la generación mejor preparada de la historia de España estaría ya en el extranjero cuando salieron dichas plazas al mercado. Antes de la crisis, cada año quedaban vacantes cien mil empleos justamente por lo contrario, porque eran tan ínfimos que los trabajadores de la España del pelotazo preferían no ocuparlos, mantener el desempleo y sobrevivir de las chapuzas.

La administración ha perdido 150.000 empleos en cuatro años y liberales y neocons siguen sosteniendo que el aparato del Estado pesa mucho, cuando en salud o en educación han sufrido una merma casi irreparable. La escuela pública, según datos sindicales, ha perdido alrededor de 26.000 profesores y las tasas de interinos superan, a escala estatal, la cota del 20 por ciento cuando no debieran superar el 6 por ciento.

La Educación y el futuro de la LOMCE, la polémica ley de Wert, será otro de los retos que tendrá que afrontar La Moncloa durante la próxima legislatura. E incluso si volviera a gobernar el PP no parece claro que dicha legislación fuera a mantenerse, al menos en su redacción actual. La derecha, eso sí, no bajará la guardia en sus compromisos con la Conferencia Episcopal a la que ha regalado la obligatoriedad de la religión que cuenta como nota media y ha incrementado en un 150 por 100 el número de alumnos, a la busca de mejorar notas globales: dedicamos 450 millones de euros del erario público a pagar a los profesores de religión católica. Los recortes en recursos y número de profesores han incrementado el desvío de alumnos hacia la enseñanza concertada o privada, que apenas ha experimentado tijeretazos a pesar de que tan sólo un 30 por ciento del alumnado cursa estudios fuera del sistema público.

A grandes rasgos, la Universidad ha padecido un bocado del 70 por ciento en su financiación, lo que ha hecho estragos en las plantillas del profesorado y en el nivel de calidad docente, por no hablar de la caída de la cuantía de las becas y el incremento de las tasas que vuelve a crear abismos excluyentes para que no puedan cursar estudios superiores los integrantes de familias sin recursos suficientes. A no ser que suscriban un préstamo a través de algunos productos de entidades bancarias. Lo cierto es que alrededor de cien mil estudiantes habrían abandonado sus carreras al carecer de soporte económico para proseguirlas.

Para colmo, Bruselas reclama más recortes en educación: actualmente el Estado en su conjunto –autonomías incluidas—le dedica un 4,6 por ciento del PIB, pero la Unión Europea insiste en reducir dicha cifra al 3,9 por ciento. ¿A costa de qué? ¿Seguiremos perdiendo 7 mil millones de euros de inversiones, como ha venido ocurriendo en los últimos seis años? Mantendremos escolares en caracolas, bajo techo de uralita o sin centros para menores de tres años como se prometiesen en su día. Por no hablar de otros servicios educativos que permitan mejorar los baremos de éxito docente.

¿Continuará en vigor la LOMCE o, al menos, se reformarán algunos de sus aspectos más polémicos? Por ejemplo, las reválidas, retrasadas en diversas comunidades autónomas a ver qué pasa en las elecciones y pueden derogarse o modificarse. Como el maltrato a las humanidades por mor de una educación que busca la rentabilidad, no el conocimiento. Y a la FP, que puede convertirse en una tapadera para el empleo precario, so pretexto de su año de prácticas.

Las medidas de Rajoy.-

El regalo envenado de La Moncloa incorpora, desde el día 23, un alien: los efectos del Brexit sobre la economía española, que como parecía vaticinar el desplome de la Bolsa del viernes podría alcanzar a nuestros bolsillos de forma bien diversa, si se confirma que la devaluación de la libra pudiera llegar al 20 por ciento de su valor actual, mientras que el euro tampoco atraviesa buenos momentos. Dicha circunstancia y la previsible inflación británica nos podría afectar a sectores tan impensables como el de la exportación e importación, el turismo –15 millones de turistas al año que invierten 13.000 millones de euros– o las ochocientas mil viviendas que los británicos poseen en territorio español. Por no hablar de más de diez mil trabajadores españoles en Gibraltar que vieron como el pasado viernes el cambio de su salario semanal ya se redujo casi en un diez por ciento.

¿Quién va a poder gobernar y en qué circunstancias si entre 2016 y 2017 la Unión Europea nos impone un nuevo ajuste fiscal de más de 8.000 millones, realizando ajustes estructurales adicionales del 0,75 por ciento? ¿Qué partido tendrá mayores garantías de éxito a la hora de negociar una flexibilización de dicha exigencia? Imposible saberlo, por más que Felipe González se haya sumado a la ola apocalíptica contra Unidos Podemos. La receta será recortar gastos, de lo que son muy partidarios los conservadores, sobre todo si afecta más a los gobiernos autonómicos a pesar de tener las mayores competencias de gobierno en la esfera de lo cotidiano. O bien aumentar impuestos, una bandera que sólo esgrime la izquierda. Otros, PSOE y Ciudadanos, se mueven más en la hipótesis de estimular la economía para que haya más ingresos, pero parece poco probable que esa tercera vía resulte suficiente para que cuadren los números.

El Gobierno del PP, que pasa por ser un buen alumno de las políticas europeas de austeridad, lleva varias semanas intentando que no se nos multe con 2.000 millones de euros por el desvío del déficit público de 2015. Y no parece que vaya a tener éxito: en julio, la Comisión Europea hará efectivas presumiblemente sus sanciones contra España y Portugal, lejos del trato de favor que inexplicablemente ha dispensado a Francia o a Italia, en condiciones parecidas, en cuanto al tiempo de prórroga para ajustar los números rojos. Los efectos inmediatos de la salida de Gran Bretaña de la Unión puede condicionar en gran parte si se adoptan o no dichas sanciones, pero la carta secreta que Mariano Rajoy envió a Jean Claude Juncker meses atrás no dejaba lugar a dudas: “Conscientes de la necesidad de salir del procedimiento por déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir con el objetivo”, manifestaba Rajoy que ha seguido insistiendo por otra parte en bajar impuestos, aunque su actitud se parezca a la contumaz determinación de los suicidas. Si sigue el PP en La Moncloa, seguramente no seguirá él. Pero la promesa de “nuevas medidas” estará vigente.

A nadie le amarga un dulce, pero tampoco podría decir ningún político que no a ese regalo envenenado. Los electores del Partido Popular confían en que los suyos tienen la solución y van a votar a mansalva. Habrá que considerar si los restantes electores confíamos en otras propuestas distintas a las que nos han llevado a este callejón sin salida. Así que, antes de echarnos a temblar, sería cosa hoy –digo yo– de echarnos a votar. Buenas urnas y buena suerte.