La tramoya

Economistas impostores

Uno de los hechos más relevantes que la crisis ha permitido poner de manifiesto es las complicidad de muchos economistas con los grandes poderes financieros. Es verdad que eso era algo que se había dado siempre, pero en estos últimos años se ha hecho tan explícito que cada vez más gente se da cuenta de que tras muchos sesudos análisis de sofisticados economistas no hay más que superchería para que los grandes capitales ganen dinero.

Vicenç Navarro y yo hemos de denunciado en nuestro último libro conjunto (Lo que tiene que saber para que no te roben  la pensión. Espasa Libros. Barcelona 2013) que las entidades financieras vienen encargando desde hace años informes catastrofistas sobre el futuro de las pensiones públicas a economistas que erraban una vez tras otra en sus cálculos. Denunciamos allí con los datos por delante que entidades que se suponen que son muy cuidadosas con el dinero lo han tirado por la ventana pagando a economistas que nunca, absolutamente nunca, han acertado en sus previsiones. Obviamente, porque lo que buscaban de ellos no era un conocimiento riguroso y veraz de la realidad sino mentiras que confundieran a la gente y les permitieran mas fácilmente quedarse con el ahorro de millones de familias y colocar sus productos financieros.

Pero si el comportamiento de los bancos que han recurrido a economistas tan desacertados es vergonzoso, mucho más los es, naturalmente, el de estos últimos, que no han tenido problema para ponerse al servicio de amos tan poco escrupulosos.

En estos últimos años de crisis también se ha descubierto el papel igualmente cómplice y culpable de los economistas que se han dedicado a decir que el incremento continuo de la deuda y la especulación en los mercados financieros no representaba ningún problema. Es lo que han dicho en España economistas como Jaime Caruana cuando era gobernador del Banco de España (a quien ahora le han pagado su vergonzosa complicidad con los bancos privados nada menos que con la dirección general del Banco Internacional de Pagos), y lo mismo que él otros directivos, solo para que los bancos pudieran seguir haciendo un negocio irresponsable que nos ha llevado a donde ahora estamos.

En los medios de comunicación es constante la presencia de predicadores empeñados en hacerle creer a la gente que para crear empleo hay que bajar salarios y acabar con los derechos laborales y sociales, que el gasto social es el que ha provocado la deuda y todo ese tipo de falacias que otros economistas críticos han demostrado claramente que son falsas pero que no pueden difundir en las mismas condiciones de privilegio que los neoliberales tienen en los medios y en todo tipo de tribunas.

En fin, en estos años se ha hecho evidente la gran razón que llevaba el profesor José Luis Sampedro cuando decía que "hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres".

Pero en los últimos días se está comprobando además que los economistas que actúan al servicio de los grandes poderes no lo hacen precisamente por amor al arte. Entre las personas (que omito calificar como quisiera hacerlo) que se han descubierto utilizando a mansalva las tarjetas de Caja Madrid se encuentran algunos economistas (supongo que habrá más con esta titulación pero me refiero a los que me parecen de presencia más significativa) cuya presencia en un listado de esas características es reveladora.

Me refiero principalmente a Rodrigo Rato, Alberto Recarte y Juan José Iranzo.

Al primero de ellos no hay que presentarlo. Es  el responsable directo de los cambios que dieron lugar a la burbuja inmobiliaria en España, bien liberalizando el suelo, bien estableciendo el régimen fiscal favorable al endeudamiento que incentivó que se generase la bola de deuda privada que nos aplasta, protegiendo siempre a los grandes bancos y empresas como las que ahora le dan millonario cobijo en sus consejos de administración. Su defensa a ultranza de la libertad de mercado y de la austeridad no le impide hacer ascos, como acabamos de ver, al uso libérrimo del dinero ajeno.

Los dos siguientes son dos conocidos telepredicadores de la libertad de mercado. El liberalismo del primero y su férrea y permanente condena de despilfarro público no fueron óbice para recurrir a la financiación opaca del PP para sacar adelante sus plataformas mediáticas. Y, como ahora comprobamos, la defensa de la eficiencia y la austeridad o la condena de gasto público tampoco le suponen barreras para disponer del dinero de los demás.

Iranzo es otro ejemplo de impostura en grado sumo, un experto en la combinación del fundamentalismo liberal con la compra con el dinero de los contribuyentes de lencería, joyas y otros regalos, por cierto adquiridos casi siempre en horas más bien intempestivas. Además de ser decano del Colegio de Economistas de Madrid o miembro de la Real Academia de Doctores (¡se han lucido ambas instituciones) es consejero de diversas empresas y suele estar siempre presente allí donde se imparte doctrina liberal. Basta ver su curriculum para comprobar que, como los anteriores, es otro destacado miembro del establishment económico, financiero, mediático y político español, de una auténtica oligarquía o casta como ahora se dice cuya existencia niegan quienes, como estos elementos, hace años que vienen formando parte de consejos, altas instituciones y demás centros de poder.

No creo que sea casualidad que entre los alegres usuarios de las tarjetas de marras se encuentren doctrinarios de este pelaje, o gestores como Estanislao Rodríguez-Ponga, ex Secretario de Estado de hacienda con Aznar, otro que siempre ha pregonado la imperiosa necesidad de recortar gastos de bienestar y privatizar para evitar el despilfarro que supone, como dicen todos los liberales de este tipo, el sector público.

Y no sería justo si a estos impostores no añadiera a otros que han ido revestido de izquierdismo y con la doctrina marxista siempre en la boca, como Moral Santín, que fue uno de los grandes  urdidores de la trama verdaderamente criminal en la que se había convertido la gestión de Caja Madrid. Tampoco él ha tenido empacho en embolsarse 456.500 euros mediante las famosas tarjetas, además de los otros tantos, o quizá más quién sabe, que cobraba por su pertenencia a los diversos consejos de los que formaba parte en virtud del pacto que (no sé si él solo o su formación política) mantenía con el PP en Caja Madrid.

La conclusión que me parece igualmente evidente es que no solo basta con perseguir a estos impostores. La sociedad debe defenderse de las patrañas económicas que se difunden constantemente y es imprescindible que la ciudadanía tenga acceso a un debate profundo, abierto, auténticamente plural y permanente sobre las cuestiones económicas que le afectan. Garantizarlo es una cuenta pendiente y un reto principal de cualquier gobierno realmente comprometido con la democracia.