La desinformación se ha convertido en una auténtica epidemia y sus efectos perniciosos están fuera de dudas en cualquier ámbito (político, sanitario, educativo...). Sin embargo, a pesar de esta realidad, lo cierto es que los gobiernos andan de cabeza sin saber cómo remediar su avance. Tal y como hemos abordado en este espacio, parece evidente que ni la autorregulación de las grandes redes sociales está siendo suficiente, ni la represión estatal funcionaría. Se han producido algunos avances pero, tal y como se evidenció recientemente, redes como Facebook –o Meta, como quiere llamarse- se llena los bolsillos a costa de propagar mensajes de odio y la desinformación.

Esta semana se ha celebrado en Bruselas la conferencia anual de EU DisinfoLab, la  organización independiente sin ánimo de lucro enfocada en abordar las campañas de desinformación en la Unión Europea (UE). Durante su desarrollo, la conclusión generalizada es que atajar este problema ni es sencillo ni mucho menos rápido, poniendo como ejemplo de ello, el alud de bulos sufrido a costa de las vacunas COVID o cómo las llamadas fake news se han convertido en un lucrativo negocio que, incluso, se subcontrata.

La UE no es ajena a este desafío y este mismo mes de octubre ha puesto en marcha un grupo de expertos en desinformación y alfabetización mediática, mientras se analiza por parte de la Comisión Europea cómo la Ley de Servicios Digitales (DSA) podría intentar regular este asunto.

El pasado 12 de octubre y auspiciados por las áreas de Educación y Cultura y Asuntos Digitales de la Comisión Europea se dieron cita diversas empresas, organizaciones y personas multisectoriales con el objetivo de desarrollar unas líneas maestras para el profesorado de Europa, en el marco del Plan de Acción de Educación Digital que inició este año, para hacer frente a la desinformación y la promoción de la alfabetización digital. Algo que no es baladí, considerando que en 2019 sólo el 56% de la población europea tenía competencias digitales básicas. Para 2030, el objetivo marcado es alcanzar el 80%.

Durante el trascurso de esta conferencia de dos días, intervino vía videoconferencia Sophie Zhang, la última exempleada de Facebook que ha denunciado las malas prácticas de la red social. Desde su punto de vista, no se trata de un problema exclusivo de la red de Mark Zuckerberg, sino que se trata de un mal endémico de todo el sector tecnológico. Zhang puso el acento en el problema de telón de fondo son las ansias de lucrarse, sin que por ello se preste la debida atención al peligro de la desinformación que se propaga.

Estrechar el cerco a las grandes plataformas es complejo y controvertido por el choque frontal con derechos como el de la privacidad o la libertad de expresión. Encima de la mesa está la regulación de la capacidad de las redes sociales de eliminar o moderar el contenido editorial subido por los medios de comunicación. Esta medida es bien acogida por el sector editorial, que creen que las plataformas no son quiénes para censurar o no noticias que ya han pasado por un proceso editorial. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el medio de comunicación es quien en realidad propaga el bulo? En España tenemos buenos ejemplos de ello y, precisamente por ello, los expertos en la materia consideran que eliminar los filtros de las redes sociales para noticias podría acelerar el flujo de paparruchas.

Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión, mostró su escepticismo sobre la eficacia real que tendría esta medida que, además y como apuntó, no se encontraba en el texto original de la Comisión. Jourová, sutilmente deslizó el protagonismo que la desinformación está cobrando en las políticas de geoestrategia apuntando cómo a media que uno se aleja por la frontera oriental de la UE hacia Rusia, el abordaje de esta cuestión deja de ser competencia de ministerios como el de Cultura para serlo del de Defensa.

En este sentido, hizo un llamamiento a los medios de comunicación por que ganen en credibilidad y confianza, al tiempo que instó a los gobiernos para que trabajen por una mayor independencia de los medios –auténtica utopía cuando son los propios gobiernos quienes mancillan esa independencia- y por la seguridad de los periodistas. Precisamente en esta línea la Comisión lanzará para finales de año una iniciativa sobre publicidad política y en 2022 llegará la Ley de Libertad de Medios, con la que se pretende garantizar la independencia de los medios.

A ello se suma, además, una revisión actualizada del Código de Prácticas sobre Desinformación, desarrollado en 2018, cuando también se inició el Observatorio Europeo de Medios Digitales, creado como un consorcio de organizaciones de verificación de datos, medios de comunicación y académicos para coordinar la lucha contra la desinformación.

En lo que parecen coincidir la mayoría de las partes es que la regulación de los espacios en internet no debe ser competencia ni principal ni exclusiva de los gobiernos, puesto que se corre el riesgo de centralizar el conocimiento, de adoctrinar con un pensamiento único. Así las cosas, la conclusión es que se precisa un enfoque global, en la que tanto la sociedad como la industria sean partícipes de esta problemática, tratando de neutralizarla.