Ha surgido polémica sobre el papel que cumple Indra en las elecciones catalanas que tienen lugar hoy. En el contexto de tensión que ha rodeado a este proceso electoral, hay que ser muy cauto para no caer en teorías conspiranóicas... Lo importante es saber que estas teorías van en dos direcciones, tanto de las que acusan de pucherazo como de las que niegan que Indra intervenga en el recuento.

Lo cierto es que Indra se adjudicó por la vía de urgencia y sin publicidad un jugoso contrato por valor de casi 1,5 millones de euros. Para quienes restan valor a la intervención de Indra en las elecciones de hoy, es conveniente señalar que, tal y como indica el propio BOE, la multinacional española se encarga, no sólo de la difusión de los datos provisionales y definitivos, como se han encargado de informar a los cuatro  vientos diversos medios de comunicación, sino que también presta servicios de asistencia e informatización del sistema de recogida de los votos, así como de su procesamiento. Así pues, juega un rol mucho más relevante de lo que parecen sugerir algunas informaciones... y en función de ello se paga. Parecería mucho casi 1,5 millones de euros por la mera difusión de unos resultados en cuyo recuento no interviene en modo alguno.

Tradicionalmente, Indra ha sido quien se ha hecho con estos concursos públicos en la práctica totalidad de los comicios españoles. En esta ocasión, además, lo ha hecho a dedo, pues por el poco plazo disponible, el Gobierno de Rajoy le encargó el trabajo vía un proceso negociado sin publicidad. En este proceso, se habría contactado con otras dos empresas - la vasca Ibermática y la catalana Scytl- y, tal y como establece la ley, se habría entablado una negociación sobre la cuantía a pagar con la finalmente adjudicataria (en este caso, Indra).

Entre los argumentos para descartar a Scytl, que ya tiene a sus espaldas contratos de este tipo -las elecciones generales del 20-D de 2015-, parecen destacar las sospechas de que participara en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014, no así del referéndum del pasado 1 de octubre. Así las cosas, ¿qué mas daría esta vinculación si, como dicen esos medios, Indra sólo se encarga de difundir?

Y eso nos lleva directamente a Indra... ¿Quién es su máximo accionista con casi una quinta parte de la multinacional? El Estado español. Dicho de otro modo, las vinculaciones que podrían haber apeado a Scytl parecen no aplicar ahora con Indra... con un agravante: esta compañía arrastra tras de sí diversas investigaciones por corrupción.

¿Acaso hemos olvidado ya la operación Lezo? Ya se generó una polvareda mediática en las últimas elecciones generales que mantuvieron a Rajoy en La Moncloa. A fin de cuentas, la Guardia Civil registró Indra bajo la sospecha de que ésta hubiera pagado hasta 700.000 euros para financiar ilegalmente al PP en 2011. A la vuelta del verano, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluía que, efectivamente, Indra facilitó la entrada de más de 600.000 euros en la caja B del PP a través de una red de empresas instrumentales, contribuyendo así a su financiación ilegal.

Parece obvio, pues, que si ya había habido revuelo antes de verano con las generales del 26-J y hace apenas cuatro meses la propia Guardia Civil no veía trigo limpio en la relación Indra-PP, podría haberse evitado la contratación de esta multinacional para las elecciones catalanas. Cuando menos, no ha sido prudente ni estético. Una torpeza a la altura de cómo el Gobierno de Rajoy lleva gestionando el asunto catalán desde hace cinco o seis años.

Y llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿por qué no se adjudicó el 21-D a Ibermática, que es otra de nuestras multinacionales tecnológicas más prestigiosas? La respuesta, ya les avanzo, no llegará por la vía de urgencia, como sí lo hizo la adjudicación a Indra.