Alexandre Moreno Asuar 
Economista

Ahora que parece que la opinión pública ya es consciente del escaso o nulo impacto que tiene para la economía de Catalunya el traslado de domicilios sociales o sedes fiscales a otros territorios, el bloque constitucionalista reorienta su estrategia del miedo hacia los supuestos efectos perniciosos que tendría la independencia para la economía catalana. Y el argumento estrella que algunos esgrimen es el descenso del PIB catalán, principalmente debido al boicot comercial a los productos catalanes que ejercerían los consumidores y productores españoles. En esencia, se trata de valorar los posibles costos comerciales o descensos en la facturación de los productores y distribuidores catalanes, como consecuencia de un boicot comercial.

En primer lugar, es preciso revisar los antecedentes históricos, puesto que no es la primera vez que un boicot comercial español planea sobre la economía catalana: en 2005, durante la negociación del controvertido Estatut d’Autonomia, se produjo un castigo comercial a Catalunya especialmente enfocado en uno de los productos de consumo catalanes más emblemáticos, el cava. El resultado fue una disminución del 6,6% de las ventas de cava al mercado español, neutralizado por un aumento de las exportaciones del 6,3% a otros mercados. Hoy, la economía catalana es mucho más abierta que en 2005, alcanzándose el punto de inflexión en 2008, cuando se equilibró la venta de productos a España con la exportación al exterior. Según datos de ACCIÓ (Gencat), en 2017 las ventas de Catalunya al estado español representan solamente un 37% del total.

Afortunadamente, la internacionalización no es la única vía para contrarrestar los efectos del veto a los productos catalanes. Hay otras estrategias de resultados probados, puesto que el temido boicot es un fenómeno bien conocido y muy estudiado, que ya se ha dado en otros lugares y en diferentes épocas. De hecho, el término "boicot" es originario de la Irlanda del siglo XIX, donde el capitán y administrador de fincas rurales Charles Boycott, apoderado del terrateniente Lord Erne, se negó rotundamente a bajar las rentas a los campesinos tras una sucesión de malas cosechas. Como consecuencia, tuvo lugar una revolución campesina pacífica que adquirió carácter transversal en el condado irlandés de Mayo: los campesinos se negaron a trabajar las tierras de Lord Erne, los comerciantes a vender productos al capitán Boycott, e incluso el cartero dejó de entregarle su correspondencia. Los medios locales e internacionales se hicieron amplio eco de la protesta, y las palabras "boicot" y "boicotear" adquirieron la popularidad de que gozan hoy en día.

No obstante, 150 años después, en pleno siglo XXI, la estructura económica local y global ha cambiado profundamente, y los efectos de un boicot no se circunscriben al producto o territorio en el que se enfocan, ya que los mercados están profundamente interconectados. Es una economía en red. Tanto es así, que la vicepresidenta del gobierno español ha hecho recientemente un llamamiento a evitar el boicot a los productos catalanes, por el riesgo cierto de contagio de sus efectos a la economía española. "Comprando productos catalanes se hace un favor a Catalunya y a toda España". Y no estamos hablando del efecto represalia hacia productos españoles, sino del efecto mariposa. A modo de ilustración, el tomate frito producido en Catalunya y comercializado en supermercados españoles, se fabrica a partir de hortalizas producidas en Extremadura, mientras que el corcho de los tapones de los millones de botellas de cava que se produce cada año, proviene de Andalucía. Y así podríamos seguir con innumerables ejemplos. La conclusión es que un boicot a un producto o marca catalana, está afectando negativamente a productores de otros lugares, y por lo tanto no tiene ningún sentido.

Hasta ahora nos hemos centrado en el ámbito de productos de gran consumo donde en principio es más sencillo encontrar productos sustitutivos o alternativos, porque en el ámbito industrial, aún tiene menos sentido el boicot comercial. En los sectores de maquinaria industrial, componentes, química, etc. la sustitución de productos y servicios resulta mucho más complicada porque suele acarrear costes económicos, debido a que las relaciones cliente-proveedor son de beneficio mutuo, con una planificación de suministro o mantenimiento a largo plazo, trayendo aparejada una logística compleja nada sencilla de reconstruir. Al final, el empresario suele tener un comportamiento muy racional, guiándose por criterios de coste-beneficio y calidad-precio, al contrario que el consumidor final, cuyo comportamiento es más impulsivo e irracional en el corto plazo, con un fuerte componente emocional. Porque esto es precisamente el boicot comercial: un comportamiento irracional coyuntural, que no suele perdurar en el tiempo.

Aun así, el tejido industrial y comercial catalán se basa en una abundante presencia de pymes, más de 600.000 entre empresas y pequeños empresarios. La buena noticia para ellos es que la intensificación de la internacionalización, aunque muy recomendable, no es la única estrategia disponible para combatir un eventual boicot, por más que sus efectos sean temporales. A corto plazo hay otras estrategias, relativamente sencillas de implementar, que traen buenos resultados. Aquellos empresarios que opten por defender su cuota de ventas al mercado español pueden decantarse por un restyling de marca, cambiando el etiquetaje, por la sustitución de sus líneas telefónicas territoriales por numeración genérica o por establecer joint ventures con empresas de distribución que permitan abrir nuevos canales de venta e incluso el camuflaje de la procedencia de los productos, hasta que remita el temporal.

Para el ciudadano de a pie, preocupado por el efecto genérico de un boicot en la economía catalana, hay que decir que desde el punto de vista coste-beneficio, la situación no es nada preocupante: los expertos de prestigio internacional que han analizado la situación a fondo (Antràs, Cuadras, Guinjoan, Paluzie, Ventura, etc.) a partir de modelos econométricos,  coinciden en indicar que los costes comerciales en presencia de un boicot comercial intenso, estimado en una reducción del 20% en las compras por parte de consumidores individuales y en un 10% en las procedentes de empresarios, durante el período de transición a un estado propio, se podrían situar alrededor de un 1,5% del PIB catalán, es decir 3.000 millones de euros. Siendo la cuña fiscal de un 40%, el efecto en las arcas públicas catalanas sería de 1.200 millones de euros, que contrasta con el beneficio aportado por la eliminación del déficit fiscal, tasado por fuentes oficiales en más de 16.500 millones de euros. En definitiva, el eventual efecto negativo temporal de un boicot, sería ampliamente superado por el efecto positivo permanente de la soberanía fiscal.