Javier Sánchez y Joan Mena
Portavoces de Educación de Unidos Podemos en el Congreso

Los trabajos de la subcomisión del denominado "Pacto social y político por la Educación" se han reanudado este año de forma un tanto accidentada. Después de dedicar casi tres meses a elaborar un guión de debate (bastante vacío), esta semana era el momento de ponernos de acuerdo en la metodología que debíamos seguir. Se trataba de consensuar qué mayoría era necesaria para aprobar las propuestas de cada Grupo Parlamentario y que éstas quedarán incorporadas al dictamen que debe reflejar el pacto educativa. La decisión no era menor y, por supuesto, encerraba un alto contenido político.

Pues bien, en esta sesión, como decíamos, nos hemos encontrado con la propuesta del PP ‘consensuada’ con C’s y, aparentemente con el PSOE, para que se exigiera una mayoría de dos tercios de diputados y diputadas para aprobar una propuesta e incorporarla al dictamen. Por nuestra parte, considerábamos que se trataba de una imposición por parte del Partido Popular, esto es, del que sostiene al gobierno pero que no tiene mayoría absoluta en la cámara y no la tiene, además, porque existen mayorías parlamentarias alternativas.

A nuestro juicio, un Pacto por la Educación solo puede salir adelante si se fundamenta en consensos que no excluyan a nadie. Y la propuesta del PP esconde claramente una metodología que permite el derecho a veto del partido del Gobierno, pues sería matemáticamente imposible aprobar ni una sola propuesta que no contase con el visto bueno del Grupo Popular.

En este sentido, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos hemos planteado dos propuestas alternativas. Si, como aduce el PP, el Pacto debe ser lo más mayoritario posible, quizá deberíamos plantearnos la opción de aprobar solo las propuestas que generen unanimidad en todos los grupos parlamentarios, como ya se hizo en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Si esta propuesta no es aceptada por los grupos mayoritarios porque alegan que dificultaría la efectividad del Pacto -que podemos entender-, entonces aprobemos las propuestas con mayoría absoluta. De hecho, así plantea el Reglamento del Congreso que se aprueban los dictámenes. Porque si la LOMCE, y otras reformas educativas, se aprobaron con mayoría absoluta, ¿por qué un dictamen debería aprobarse por dos tercios, excluyendo, por ejemplo, que salgan propuestas alternativas a las del bloque PP-C’s?

En cambio, una aprobación de las propuestas basada en la mayoría absoluta permite que el Pacto sea transversal, plural y, además, más estable. La pluralidad de fuerzas políticas representadas en el Congreso esta legislatura no es un problema, es una riqueza que refleja la realidad política de España y que debería verse recogida en cualquier pacto que pretenda ser de Estado.

Rechazando estas dos propuestas de UP-ECP-EM, el PP no pretende honestamente un Pacto, sino que busca imponer sus propuestas al resto de fuerzas parlamentarias, aceptar o vetar las que este grupo considere oportunas y luego salir públicamente a manifestar que se ha conseguido un amplio acuerdo sobre la educación. Pero con esta metodología de trabajo el PP, de facto, no está obligado a ninguna rectificación a su política educativa y de recortes. De este modo, lo que el Grupo Popular pretende más bien es un lavado de cara de la LOMCE, mientras ganas tiempo y continúa desplegando su proyecto educativo de baja inversión educativa y apuesta inequívoca por la escuela privada.

Ciertamente, no esperábamos demasiado de Ciudadanos, porque ya han demostrado que son la muleta que necesita el PP para aprobar sus propuestas, cuando sus números parlamentarios no llegan. Pero, sinceramente, esperamos que el PSOE no caiga en ese error y nuevamente se deje arrastrar por la pinza PP-C’s y entienda que puede haber propuestas alternativas que sumen mayorías plurales política, social y territorialmente. Si el Pacto de Estado acaba siendo un trágala del PP estaremos ante una LOMCE 2.0 y, lo que es peor, ante la enésima estafa a la comunidad educativa.

Al comenzar los trabajos de esta subcomisión para alcanzar un Pacto Educativo, desde Unidos Podemos planteamos que este pacto debía ser, fundamentalmente, un pacto con la comunidad educativa y por la escuela pública, y no sólo un arreglo entre partidos ni un acuerdo de palacio. Y ahora, casi un año después, nosotros y nosotras tenemos muy claro que el Partido Popular, es decir, el mayor artífice de los recortes y del ataque a la escuela pública, no se puede convertir en el árbitro de este Pacto social y político por la Educación.

Es evidente que el PP no lleva bien haber perdido el control del Congreso y por eso, por cierto, casi nunca acata lo que allí se aprueba (¿será diferente con este Pacto?). Es también evidente que el PP comparte con su socio naranja, una agenda educativa muy neoliberal que desecha el papel vertebrador de la red pública y que, por tanto, no cree en la necesidad de incrementar la inversión educativa como estrategia de país. Pero, del mismo modo, es claro que PP-C’s no suman mayoría y que todavía es posible trabajar por el Pacto Educativo de la mayoría social, esa mayoría que se ha movilizado estos años contra los recortes y que, centro a centro, defendió que nuestra educación no se vende, se defiende.