Se han precipitado y han publicado hasta la esquela. No pueden disimular las ganas que tienen de acabar con Pedro Sánchez que ganó, con apoyos no previstos, la Moción de Censura contra Rajoy como responsable de la corrupción en el PP. Y se ganó para afrontar con urgencia la normalización democrática de la vida institucional.

Este Gobierno no está muerto. Aunque reconozco el fracaso del viernes en la votación del Congreso sobre la senda del déficit, un elemento clave en la elaboración del  Presupuesto para 2019. Unas cuentas en las que ya se podrían identificar algunas señas del nuevo proyecto alternativo del PSOE, al contemplar un notable aumento del gasto público -en este caso eran 6.000 M€- y una moderada flexibilización de los objetivos del déficit, manteniendo el compromiso del plan de estabilidad. Sin embargo, esa derrota era previsible cuando inició su andadura este Gobierno, aunque no se contaba con la colaboración desleal de Podemos.

Al final, se juntaron las posiciones de unas derechas radicalizadas que quieren volver a la senda de los ajustes y recortes de derechos sociales por importe de 11.000 M€, con aquellos grupos que les parecía insuficiente la propuesta de Pedro Sánchez bendecida por Bruselas y por la que hemos suspirado durante la etapa de austeridad extrema de Rajoy y Montoro. Tampoco olvidemos la estrategia de los independentistas de querer cobrarse sus votos a cambio de obtener piezas imposibles. Puigdemont juega a desestabilizar y es un obstáculo para la solución del conflicto en Cataluña.

Un Podemos dividido ha cometido un grave error de cálculo por miedo a consolidar un Gobierno del que desconfía permanentemente y al que quiere tener amarrado. Su objetivo, con la vista puesta en las encuestas, consiste en rentabilizar de manera clara cualquier apoyo al Gobierno Socialdemócrata. Es posible que su exigencia desmedida se haya visto acompañada de una negociación que venía ya acotada por la posición de la Comisión Europea y de unos planteamientos doctrinales con exigencias de cambios legislativos que reducían su propia capacidad en el Parlamento para buscar un acuerdo práctico con los socialistas.

Quién sabe si, además, el hecho de que Podemos no presida ninguna Comunidad Autónoma les ha llevado a menospreciar los 2.500 millones que hubieran recibido con la propuesta del Gobierno para destinarlos a mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales. En todo caso, es preciso sacar enseñanzas de lo ocurrido y tener claro que el camino está minado pero que se puede y se debe retomar la iniciativa política y la negociación tanto en materia presupuestaria como en el terreno legislativo.

Están preparadas para su tramitación final tres leyes que darían cumplimiento a los objetivos de una Moción de Censura basada en la necesidad de acometer a fondo la regeneración democrática que la ciudadanía de esta España plural sigue reclamando. Resulta posible lograr importantes avances con Podemos, incluso de la mano de Ciudadanos, en una demostración del Gobierno de que su capacidad de diálogo se amplía para lograr amplios consensos que garanticen estabilidad política al país.

La batalla sobre el presupuesto, que es la batalla por un reparto justo del crecimiento y por un empleo de calidad, no está pérdida. Se tendrá que retomar con una nueva propuesta al Pleno del Congreso, a finales de agosto, en la que se corrija una décima el objetivo del déficit sobre el medio punto planteado y autorizado por Bruselas, se comprometan las modificaciones concretas de la regla de gasto que afecte a los Ayuntamientos y a las CCAA, se marquen los criterios básicos en la lucha contra el fraude fiscal con objetivos de nuevos ingresos a medio plazo, se acuerden las bases de las nuevas figuras impositivas dirigidas a la Banca y a las plataformas tecnológicas y se actualicen tanto el impuesto de sociedades como el precio del diesel.

Retomar esos asuntos se traduce en negociar sin descanso con las fuerzas parlamentarias que pudieran aportar sus votos sobre esos objetivos y no sobre otros. Ante ello, las fuerzas de izquierda han de impedir la desmovilización de la izquierda electoral.

Están aguardando su turno leyes ya redactadas en favor de la igualdad, la eutanasia o contra la sobre-explotación laboral. Urge desmontar las disposiciones de la reforma laboral contrarias a la dignidad del empleo y que favorecen la precariedad. Se han de poner en marcha los planes contra la pobreza, aplicar las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género con los 200 millones, eliminar el factor de sostenibilidad de las Pensiones, incrementar el SMI, aprobar la nueva ley de Memoria y otros compromisos limitados, eso sí, para ser ejecutados en una fase corta de Gobierno. Y a lo anterior, una mayoría social de progreso ni quiere ni puede renunciar porque confía en superar los exámenes de septiembre.

El Gobierno no ha llegado a una situación límite, como gritan los analistas agoreros y los enemigos de Pedro Sánchez y el PSOE. No hay motivo para el desánimo a la primera derrota de cambio. El Presidente ya conoce lo que es la lucha épica, está comprometido con la ética política, sabe a lo que se enfrenta y tiene claras las prioridades en un escenario en el que no cabe vivir pendiente de un enroque en defensa del rey. Hacen falta movimientos de alcance en el tablero, desplazamientos largos y ambiciosos de los alfiles, combinados con el trabajo sacrificado de los peones en favor de un diálogo y negociación permanentes.