La desigualdad es el principal problema social de España. Nuestro país se encuentra entre el tercio de los países de la UE que no han recuperado los índices de igualdad anteriores a la crisis. El informe sobre el empleo de la Comisión Europea revela que España arrastra una situación crítica (mucho peor que la media europea) en desigualdad de rentas y en abandono escolar prematuro.

Los recortes en sanidad y educación han propiciado que el gasto en estos servicios públicos esté en los niveles más bajos en su participación en el PIB desde 1995. La tan aireada "recuperación económica" favorece 4 veces más a los ricos que a los pobres, según Intermón Oxfam. Como consecuencia de estas políticas, auspiciadas por la UE y aplicadas por los sucesivos gobiernos españoles, la concentración de los problemas y el consiguiente conflicto social se dan en aquellos núcleos urbanos donde reside la población más vulnerable.

Los distritos de Vallecas, junto a los del resto del sur de Madrid, albergan las mayores tasas de desempleo, abandono escolar prematuro y población inmigrante de todo el municipio. Igualmente, es donde se han efectuado mayoritariamente los realojos de los poblados chabolistas. La relación entre estos índices y la percepción objetiva y subjetiva de inseguridad es muy directa. Hay que dar respuestas globales a la desigualdad y la precariedad, derogando las últimas reformas laborales de PP y PSOE: se precisan leyes que protejan el derecho a la vivienda, un incremento sustancial del salario mínimo y una reforma en profundidad de la Renta Mínima de Inserción, desplegando, precisamente, medidas de inserción sociolaboral que impidan la cronificación de la exclusión de la población beneficiaria. Pero, además, hay que garantizar el derecho a la seguridad si no queremos que se perpetúe el malestar urbano y se enquisten discursos populistas tan de moda en Europa y que en España quiere explotar Ciudadanos. La seguridad es un servicio público que las administraciones tienen que suministrar de manera directa y coordinada, con recursos humanos y materiales suficientes.

Sin embargo, las tasas de reposición de Montoro, impuestas a los ayuntamientos, han hecho que la plantilla de policías municipales de Madrid se haya reducido en 1.000 agentes en los últimos años. De igual manera, hay 15.000 efectivos de policías y guardias civiles menos que en 2012, estando sin cubrir 7.000 plazas de policías nacionales. Entre estas últimas, y de manera casi constante, la de Comisario de Puente de Vallecas.  Es necesario que se eliminen esas tasas de reposición, al menos las que afectan al funcionamiento de los servicios básicos, como es el caso de los servicios de seguridad.

El Ayuntamiento de Madrid está realizando un notable esfuerzo presupuestario y de reequilibrio territorial, dirigido a inversiones en equipamientos y la puesta en marcha de programas para atender la emergencia social. En este sentido, Puente de Vallecas será el primer distrito en la historia del municipio en superar los 60 millones de ejecución presupuestaria, cuando en 2014 fue de tan solo 38 millones.

Pero resulta urgente dotar a los municipios, vía presupuestos generales del Estado, de un Fondo de Reequilibrio Social dotado de 300 millones de euros para emprender Planes Integrales de desarrollo en núcleos de población que tengan tasas de desempleo dos veces mayor que la medida de la localidad. Esta medida  facilitaría la puesta en marcha de planes de empleo comunitario, el despliegue de educadores y mediadores sociales y reforzar los sistemas de ayuda a la emergencia. Ahí lo dejo.