Opinion · Otras miradas

La conexión entre marcas de atún y mano de obra esclava

Kate Nicholl

Profesor y asistente de investigación, Universidad de Melbourne

Miriam Wilhelm

Profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Groningen.

Vikram Bhakoo

Profesor asociado, Universidad de Melbourne

¿Cuál es la probabilidad de que la última lata de atún que comió fuera envasada utilizando mano de obra esclava? Si provenía de Tailandia, puede que sea más probable de lo que imagina.

Hemos seguido el viaje que realiza el atún desde los mares que rodean al país asiático hasta las estanterías de los supermercados australianos. Tras entrevistar a más de 50 personas, algunas de ellas obligadas a llevar a cabo trabajos forzados, hemos podido valorar si las marcas pueden decir que sus cadenas de suministro están libres de mano de obra esclava.

Creemos que tan solo una de las marcas de atún en conserva que operan en Australia puede afirmar con total seguridad que entre sus proveedores no se esconde ningún esclavo.

Aunque no podemos nombrar a la marca, debido a los principios éticos que hacen que nuestra investigación pueda realizarse de manera independiente de cualquier cuestión comercial, los resultados que hemos obtenido refuerzan la necesidad de la Ley sobre Esclavitud Moderna, aprobada por el Parlamento australiano a finales del pasado año, para concienciar a las empresas de la importancia de acabar con la esclavitud en las cadenas de suministros a escala mundial.

La explotación de los trabajadores inmigrantes

Tailandia es el principal exportador de atún del mundo y uno de los mayores exportadores de todo tipo de pescado. Su industria pesquera marina se presta especialmente a la esclavitud moderna debido a su tamaño, a la falta de regulación, a la gran cantidad de operaciones ilegales que se realizan bajo su paraguas y a la explotación de los trabajadores inmigrantes.

Hay más de 50.000 embarcaciones pesqueras y alrededor de 500.000 trabajadores en la industria. Investigaciones elaboradas por grupos como Greenpeace o la Organización Internacional del Trabajo alertan de que la mayoría de las personas que se suben a estos barcos cumplen todos los requisitos para ser considerados esclavos modernos: se ven forzados a trabajar bajo amenaza, son controlados o directamente son propiedad de sus jefes, son tratados como mercancía y no se les permite abandonar su puesto de trabajo.

Cualquier persona engañada o con la que se trafique para trabajar en localizaciones lejanas de su lugar de origen y a quien se le niegue la libertad de circulación, ya sea física o financiera, es un esclavo moderno.

Las estadísticas recopiladas por el Departamento de Pesca de Tailandia arrojan unos datos espeluznantes: en 2014, el 82% de los 172.430 pescadores repartidos en 42.512 barcos eran inmigrantes, así como la mayoría de los empleados de plantas de procesamiento. Los traficantes convencen a migrantes de Camboya y Birmania, principalmente, con promesas de trabajo bien remunerado, pero al llegar a Tailandia descubren que la historia no es como se la habían contado.

Una planta de procesamiento cercana a Bangkok visitada por los autores de la investigación. Casi todos los trabajadores son inmigrantes. La factoría colabora con organizaciones no gubernamentales locales para garantizar que sus trabajadores sean contratados y ayudados de manera ética. Foto: Kate Nicholls, CC BY
Una planta de procesamiento cercana a Bangkok visitada por los autores de la investigación. Casi todos los trabajadores son inmigrantes. La factoría colabora con organizaciones no gubernamentales locales para garantizar que sus trabajadores sean contratados y ayudados de manera ética. Foto: Kate Nicholls, CC BY

Los inmigrantes no tienen derecho a disfrutar de las protecciones que tienen los trabajadores tailandeses, y normalmente cobran un 25% menos del salario mínimo tailandés. Tampoco pueden unirse a los sindicatos, como sí pueden hacer los trabajadores autóctonos.

Por lo tanto, al ser extranjeros y no haber recibido educación y habilidades comunicativas en el idioma tailandés, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad a la explotación en una industria en la que las “flotas rebeldes” se mueven al margen de la ley con operaciones de pesca ilegales, y en la que la seguridad y las condiciones de trabajo se aplican de manera deficiente.

Falta de transparencia

Las prácticas en la industria pesquera tailandesa (y en otros lugares del Sudeste Asiático) fueron conocidas por todo el mundo en 2015 gracias al trabajo de investigación de los periodistas de la agencia Associated Press(por el cual consiguieron el Premio Pulitzer por Servicio Público).

Las respuestas que los gobiernos y las empresas han emitido desde entonces han demostrado la insuficiencia del marco legal y de gestión existente para acabar con el problema de una vez por todas.

La transparencia es el asunto central. Las prácticas ilegales son ocultadas deliberadamente por su propia naturaleza, y los métodos que los minoristas podrían emplear para averiguar cómo trabajan sus cadenas de suministro, como el envío de encuestas a sus proveedores y a los proveedores de estos, no obtienen resultado alguno.

Lo que dificulta la transparencia en la industria pesquera es que no basta con conocer al proveedor o al mayorista. Ni siquiera el origen geográfico del pescado. Los minoristas necesitan conocer los detalles de cada jornada de pesca y la mano de obra implicada, pero incluso teniendo acceso a esa información podría haberse producido un “transbordo” en el que la mercancía hubiera sido transferida de un barco a otro en alta mar. Es decir, que el problema sigue existiendo a pesar de los certificados de pesca sostenible emitidos por el Marine Stewardship Council (que en ningún caso garantiza unas condiciones laborales adecuadas).

Son necesarios una mejor coordinación y mecanismos más efectivos para vigilar el riesgo al que se exponen los trabajadores desde el barco de pesca hasta el supermercado, pasando por la factoría.

Hay mucho por hacer, pero es un comienzo

Ahí es donde radica la necesidad de crear leyes que conduzcan al fin de la esclavización moderna.

La Ley sobre Esclavitud Moderna de Australia preguntará a las empresas con pérdidas por valor de más de 100 millones de dólares australianos qué están haciendo para evitar utilizar mano de obra esclava en la elaboración de sus productos.

A partir de 2020, las compañías tendrán la obligación de presentar “declaraciones de esclavitud moderna” que detallen la fuente de la que obtienen sus productos y las acciones que han llevado a cabo para asegurarse de que en sus cadenas de suministro no existe la mano de obra esclava.

Aún queda camino por recorrer. La ley no incluye sanciones por el incumplimiento de las acciones, y no existe un órgano estatutario que brinde orientación y supervisión, como establece una legislación similar promulgada en Reino Unido en el año 2015.

Pero es un comienzo. Al menos ejerce presión sobre las marcas para que sean más transparentes en lo referente a sus cadenas de suministro y para que mejoren las condiciones laborales que sufren sus trabajadores. Hasta ahora los resultados han sido dispares: algunas marcas han invertido en la limpieza de sus cadenas de suministro tras ser puestas en evidencia, pero otras se han hecho las suecas.

Esperamos que los consumidores sean conscientes de los riesgos que entraña la esclavización moderna y, con el tiempo, puedan investigar la información que compartan públicamente sus marcas favoritas.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation

The Conversation