No fue posible. Finalmente no hubo acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales. Por unos, por otros, una ya no sabe a estas alturas del partido lo que se habla en puerta cerrada. Sin embargo, se trataba de unos Presupuestos, en los que se coincidía eran los más sociales de la historia. La conclusión que puedo sacar es que nos hemos quedado sin unos Presupuestos que sí vaticinaban una mejora de la situación de las personas dependientes, personas con diversidad funcional y mujeres en situación de precariedad, entre otros colectivos en situación de emergencia.  Por desgracia, fue una completa irresponsabilidad por parte de ciertos grupos políticos el anteponer sus propios intereses por encima del interés general y en especial, el de los más vulnerables.

Entre otras, el gasto en dependencia no se incrementará en un 59% como aparecía en la propuesta de Presupuestos. Tan sólo en Cataluña desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017 murieron 11.194 catalanes que estaban esperando para ingresar en una residencia de la tercera edad. En el conjunto del Estado. La infradotación crónica del sistema por la baja aportación del Gobierno, acentuada tras los recortes de 2012, impide que más de 300.000 dependientes reconocidos reciban las ayudas. En los últimos cinco años se ha estimado que 150.000 dependientes (una media de 90 por día) han muerto mientras esperaban que se les aplicara la ley.

Contamos ya con muchos muertos por omisión de años atrás. Durante el Gobierno del Partido Popular y la legislatura de María Dolores de Cospedal hubo un millón de euros diarios menos en servicios sociales. En tan sólo 4 años del mandato de Cospedal 2.400 personas dependientes fallecieron en Castilla-La Mancha antes de recibir la prestación que les correspondía. Algunos recordarán a Jomian Leonel, al cual La Junta de Castilla-La Mancha denegó la prestación económica en el entorno familiar, a pesar de presentar una dependencia del 100%. Jomian murió a los 13 años, mientras esperaba las ayudas que le correspondían por derecho.

Escribo estas líneas entre triste, enfadada y contrariada. Siento que algunas ya no importamos si es que lo hicimos en algún momento. Y es que algunas personas no pueden seguir esperando. Se encuentran en una situación de emergencia social. Según el 8º Informe 2018 sobre el estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España, en nuestro país en el año 2017 un total de 12.338.187 millones de personas, un 26,6% de la población, estaban en riesgo de pobreza y exclusión social. De todas ellas, 31,5% de las personas con discapacidad estaban en riesgo de pobreza y exclusión.

La diversidad funcional debería estar en el centro de la agenda política. La diversidad no entiende de banderas, de tierras, de Juicios, de diferencias ideológicas o intereses políticos. La diversidad requiere de Instituciones responsables que estén a la altura y destinen dinero público en mejorar las vidas de la gente que más lo necesita. Las personas diversas no acaparan los focos, no abren tertulias, no entienden de pactos.

Por eso, discursos como el de Jesús Vidal en los Goya, quedan en meras anécdotas y en papel mojado. La gente se emociona por ver a alguien "distinto" que llega lejos gracias seguramente a un apoyo familiar como él mismo aseguraba. Apoyo familiar, esfuerzo personal, y un conjunto de situaciones que hacen del caso de Vidal algo anecdótico y no generalizado.

La realidad es que las personas con diversidad funcional son olvidadas por las Instituciones. Podría citar miles de ejemplos, pero me quedo con un último dato que he conocido y es que según personas damnificadas y a esperas de que el Ayuntamiento de Madrid me respondiese, la situación es que el Consistorio no tiene sitios habitacionales para gente en silla de ruedas con 500 euros de pensión.

Volviendo a los Presupuestos Generales que ya forman parte de la historia, las partidas para la dependencia también conllevaban eliminar el copago farmacéutico en personas vulnerables. Ello, hubiera beneficiado a 7,8 millones de personas. Recordemos que el copago que se estableció en 2012 por parte del Partido Popular dificultó que 1,2 millones de personas retiraran sus medicamentos de la farmacia, aumentó un 40% el gasto familiar en medicamentos y supuso que se hiciera un peor seguimiento de las recomendaciones de los médicos.

Necesitamos políticos que se tomen en serio de una vez que nos estamos muriendo, que no queda tiempo para muchas, que no somos monedas de cambio de otros conflictos por muy legítimos que sean. Necesitamos políticos a los que les importen nuestras vidas, políticos que pongan siempre por delante la vida y los derechos humanos de la ciudadanía. Quien no esté dispuesto a primar la salud de los ciudadanos por encima de sus intereses partidistas, sea cual sea el color, puede ir abandonando el escaño. Las nadies bien lo merecen.