02/04/201020/09/2017

KATTYA CASCANTE

Politóloga de la Fundación Alternativas

Durante la presidencia europea, España busca, bajo el auspicio de Naciones Unidas, celebrar una conferencia internacional que favorezca la estabilización de Somalia, reforzando sus fuerzas de seguridad. La Unión Europea ha acordado una misión de formación de unos 2.000 soldados somalíes en Uganda para apoyar al Gobierno federal de transición del país africano. Esta se sumaría a la Operación Atalanta, cuyo objetivo de limpiar el Índico de piratas puede reforzar, paradójicamente, la debilidad de un país sin Estado.
Somalia necesita un Estado, pero precisa unas condiciones que no posee. Internamente, el actual Gobierno, un híbrido de islamistas y seculares que derrotó a la Unión de los Tribunales Islámicos y que cuenta con la simpatía de Estados Unidos y la Unión Europea, no ha sido capaz de hacerse con el control del país. Un orden que no se consigue desde 1991, cuando Siad Barre huyó con todas las reservas del Banco Central mientras permitía que en su capital, Mogadiscio, se quemaran las dependencias administrativas e incluso la biblioteca nacional. Además de la violencia general en la que está sumido el país, cerca de ocho millones de personas, la población total (no censada), padece pobreza extrema.

Desde fuera, las acciones llevadas a cabo no responden a las necesidades existentes. Por un lado, la contribución extranjera parece haber llegado a Somalia en forma de armas y de estrategias que sólo pretenden favorecer los intereses de otros estados. Somalia no tiene industria armamentística pero dispone de ellas a través de la importación de otros países. Sólo en Mogadiscio, decenas de miles de personas dependen de las armas para obtener algún tipo de ingreso económico. El informe de noviembre de 2006 del Comité del Consejo de Seguridad –encargado de verificar el cumplimiento del embargo de la ONU sobre la transferencia de armas a Somalia– demostraba que al menos siete países (Yibuti, Egipto, Eritrea, Irán, Libia, Arabia Saudí y Siria) habían suministrado recursos militares a la Unión de Tribunales Islámicos, mientras que un mínimo de otros tres (Etiopía, Uganda y Yemen) habían obrado de igual manera con el Gobierno federal en transición. Entre tantas armas, las municiones se convierten en un material preciado y, en este sentido no hay que olvidar que España es el primer exportador mundial de municiones al África Subsahariana. En lo que a los intereses propios se refiere, la flota internacional de cerca de 800 barcos pesqueros faena furtivamente con beneficios en mariscos y peces por valor de 450 millones de dólares anuales, sin tener que pagar uno solo en derechos de pesca a un Gobierno inexistente. Tampoco los intereses españoles en este sector se le escapan a nadie.
Por otro lado, los casos más bienintencionados se caracterizan por el pragmatismo y la cautela de responder según se desarrollen los acontecimientos, y no por el compromiso y la determinación. Una revisión del paso de Naciones Unidas por el país en estas dos últimas décadas deja poco espacio para la sorpresa. Por desgracia este organismo nunca ha estado a la altura. La tardanza en reaccionar ante la hambruna en 1992, unida al fracaso en la desmovilización de las milicias, se mezcló con la falta de neutralidad necesaria para legitimar su presencia. Su obsesión en capturar a un solo personaje, Mohamed Farah Aidid, provocó el colaboracionismo con otros señores de la guerra que no habían demostrado mayor respeto por los derechos de las personas. Mohamed Sahnoun, enviado especial de la ONU, fue desposeído de su cargo en 1993, al priorizar en su agenda las necesidades de la población somalí. Según Sahnoun "el programa de asistencia de la ONU no sólo fue limitado. Fue tan lento y su distribución tan inadecuada, que fue contraproducente". De nuevo, 15 años más tarde, el informe de Naciones Unidas sobre el Programa de Ayuda para Somalia (marzo de 2010) recomienda al Consejo de Seguridad suspender la ayuda.
Diplomáticos y funcionarios somalíes han convertido la expedición de visados en un gran negocio, al vender los visados por 15.000 dólares. Decenas, puede que hasta cientos de somalíes hayan llegado a Europa por esta vía en los últimos meses. Ciertos recursos destinados a la ayuda humanitaria han sido destinados a fines militares. El informe de Naciones Unidas afirma que "más de la mitad de los alimentos nunca llegan a los más necesitados, sino que se van quedando en manos de los contratistas, transportistas, grupos armados y personal facilitador de la ayuda". Estados Unidos acaba de paralizar 10 millones de dólares de ayuda para Somalia al no poder garantizar su destino.
En este momento, la ayuda al desarrollo en Somalia se vincula más a la amenaza que suponen sus secuestros que a la pobreza que la destruye. La difícil situación ha llevado a que prácticamente todos los donantes se retiren de escena. La propia UE, principal donante de Somalia, condicionó no hace mucho la concesión de ayuda humanitaria al cese de las hostilidades. Es decir, supeditó su apoyo a la población a que los señores de la guerra abandonaran sus prácticas de violencia, cuando estas son, precisamente, las que les confieren su denominación y les sitúan en las posiciones de poder que ostentan. Los saqueos también afectaron a la ayuda internacional a través del pago de tasas o de contribuciones para garantizar la protección. Hasta las ONG tuvieron que contratar a guardas armados para llegar a las poblaciones más vulnerables.
Así las cosas, la Conferencia Internacional tendrá que tratar algo más que los temas de seguridad en la zona. Tanto la UE como Naciones Unidas tienen recorrido suficiente para ambicionar mayores y mejores resultados. Somalia es mucho más que un millón de kilómetros cuadrados de superficie marina. Es un país sin Estado donde se prefiere pagar los rescates y la escolta de mercantes y petroleros que invertir en la lucha contra la miseria.