Otras miradas

Los retos del Gobierno

Antonio Antón

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, y flanqueado por Carmen Calvo, Nadia Calviño, Pablo Iglesias y Teresa Ribera, durante la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Jose Maria Cuadrado Jimenez
El presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, y flanqueado por Carmen Calvo, Nadia Calviño, Pablo Iglesias y Teresa Ribera, durante la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Jose Maria Cuadrado Jimenez

El principal reto para el Gobierno de coalición, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y sus convergencias, es la consolidación de su proyecto de cambio de progreso, con su readecuación a la nueva realidad de la actual crisis sobrevenida. Supone la reafirmación de la unidad gubernamental y la mayoría progresista de la investidura, con el refuerzo de su legitimidad pública y la gobernabilidad institucional, así como la neutralización de la estrategia confrontativa y de desgaste de las derechas.

El cambio de contexto, derivado de la crisis sanitaria por la Covid-19 y la consiguiente crisis social, económica y vital, modifica el marco de los planes gubernamentales iniciales y, junto con la respuesta inmediata a la citada crisis, exige una adaptación de su proyecto en los dos planos: a corto y a medio y largo plazo. Más allá de la ambigüedad de ciertas palabras, como modulación o adaptación del proyecto gubernamental pactado, voy a valorar los retos del Gobierno, una vez explicado el fracaso de la estrategia confrontativa de las derechas y el riesgo de la nueva estrategia ‘moderada’ que ha reaparecido, con su correspondiente objetivo de reajuste centrista para encarar la crisis social, económica e institucional.

El fracaso de la estrategia confrontativa de las derechas

Las derechas del Partido Popular y Vox han adoptado una estrategia de confrontación abierta con el Gobierno legítimo de coalición progresista. Se enmarca en un nuevo pulso político y social, no exento de tergiversación discursiva y maniobras políticas ilegítimas. Pretende condicionar el sentido de la reorientación programática gubernamental y sus prioridades de justicia social y diálogo territorial. Busca la deslegitimación pública de la coalición progresista, especialmente contra Unidas Podemos, y sus apoyos parlamentarios. Intenta, a toda costa y con métodos poco democráticos, retomar el poder institucional, que considera propio.

La confrontación política, como dice J. Ramoneda, es consustancial a la disputa por el poder, desde la constatación de la existencia de intereses y posiciones contrapuestos. La concordia total, incluso dentro del tradicional bipartidismo, es irreal, salvo cuando comparten objetivos frente a terceros que cuestionan sus consensos de Estado. Pueden conformarse por dos tipos de condicionamientos: la entidad de las demandas populares igualitarias y democratizadoras, como en la transición política o frente a la protesta social progresista frente a la austeridad y el déficit democrático en la pasada crisis social y económica; o por intereses ‘nacionales’, percibidos y compartidos, hoy inusuales frente a poderes extranjeros. Las derechas lo pretenden sustituir, frente a los nacionalismos periféricos, con una nueva versión de un nacionalismo español reaccionario y conservador que demuestra su debilidad articuladora de la realidad plurinacional. La pugna política de cada bloque ideológico y de poder por la prevalencia en definir su contenido y hegemonizar su representación nunca se abandona.

Frente a la idea de que con los grandes acuerdos todo el mundo gana, especialmente la ciudadanía, prevalece la búsqueda o la ampliación de las ventajas comparativas de los grupos políticos en su legitimidad pública y el control institucional. Incluso en los acuerdos parciales y, particularmente, en el uso mediático de ese deseo de unidad, avalado por la gran mayoría de la población, no se puede ocultar el interés de cada parte por incrementar su prevalencia relativa frente a la contraparte para consolidar su proyecto particular en torno a una estructura de poder y su base social diferenciada.

El diálogo, la deliberación compartida y la convivencia democrática son necesidades y valores fundamentales para una sociedad y la resolución de los conflictos grupales e interpersonales. Son actitudes cívicas básicas. Otro nivel es cuando nos referimos, como ahora, a las estructuras de poder, donde predomina las relaciones de fuerza social, el control económico y político institucional para sacar (o imponer) más o menos ventajas de influencia en los procesos de presión/negociación o de rupturas/acuerdos. Ese realismo analítico y político de los conflictos sociales e internacionales, entre grandes corrientes político-ideológicas, representativas de amplias bases sociales y grupos de poder, es más certero que el irrealismo de un interés compartido sin pugna hegemonista de poder. Las derechas conservadoras lo suelen tener claro. Ciertos centristas socioliberales y algunas izquierdas ingenuas, no tanto.

Las tensiones actuales

En la crisis actual confluyen cuatro tipos de tensiones. Primero, por la consolidación (o no) de una dinámica de progreso, con el fortalecimiento de las fuerzas progresistas y su prevalencia institucional -incluso mirando a una segunda legislatura- frente a la alternativa regresiva y autoritaria de las derechas.

Segundo, en torno a la necesidad de una recuperación económica, social y democrática, incluyendo un proyecto de modernización productiva, pero sobre todo, por una mejora de los servicios públicos del Estado de bienestar con el avance en los derechos sociales y laborales que frenen la precariedad sociolaboral salarial, faciliten el reequilibrio de poder en las relaciones laborales y de empleo y garanticen el Estado de bienestar.

Tercero, la regulación de la plurinacionalidad, dando salida pactada al conflicto en Cataluña y, más en general, a la problemática territorial.

Cuarto, la conformación de una nueva experiencia vital en las relaciones sociales, familiares y comunitarias, más igualitarias, así como en las referencias simbólicas y culturales, más solidarias; en particular, afecta al necesario reconocimiento del papel de la mayoría de las mujeres, con su sobreesfuerzo adicional en la atención de los cuidados y la reproducción y asistencia social y, especialmente, ante la persistencia y el riesgo de agravamiento de la desigualdad en distintos ámbitos profesionales, institucionales, relacionales y vitales, objeto ya de una amplia protesta feminista.

Existe, por tanto, una pugna por el poder, inserta en distintos proyectos de país, habitual en las democracia liberales y tamizadas por otros intereses compartidos, a veces considerados políticas de Estado u objetivos nacionales. Pero lo específico de la estrategia del Partido Popular, espoleado por la presión de VOX y la recomposición de la hegemonía de las derechas, es que su agresiva confrontación está subordinada a su estrategia política de reconquista inmediata del poder institucional, sin escatimar medios y recursos fácticos, sobrepasando su función de oposición y control parlamentario y de alternativa democrática.

Por un lado, pretende frenar los avances sociales y democratizadores y evitar la gobernabilidad progresista; por otro lado, busca crear un marco de crisis de legitimidad del Gobierno de coalición presidido por Sánchez para conformar una alternativa de poder, con la manipulación de poderes fácticos y mediáticos y con la expectativa de elecciones anticipadas. Pero ya se atisba el fracaso de sus objetivos maximalistas a corto plazo y necesita modular su estrategia.

Los retos inmediatos

Derivados de esa polarización entre las derechas y las izquierdas (y los nacionalismos), existen tres retos inmediatos e interrelacionados para resolver por el Gobierno de coalición y garantizar su sostenibilidad a medio plazo, con suficientes apoyos sociales y parlamentarios.

  • Primero, aprobar unos presupuestos generales progresivos que impulsen la reactivación económica y del empleo y refuercen los servicios públicos, en particular la sanidad pública y la atención a la dependencia. Va de la mano de la negociación e implementación del paquete europeo de financiación de unos ciento cuarenta mil millones de euros (mitad transferencias y mitad préstamos), eje articulador de un programa modernizador y participativo (también del mundo empresarial) para la recuperación económica; exige una buena selección de las prioridades de la inversión social, concretando su no condicionalidad, más allá de cumplir con los objetivos básicos de la recuperación, y garantizando la capacidad fiscal de las Administraciones Públicas para hacer frente a la ampliación del déficit y la deuda (privada y pública), derivada de la actual crisis económico-sanitaria.
  • Segundo, una vez aprobado el Ingreso Mínimo Vital contra el empobrecimiento y otras medidas urgentes como los ERTES, se trataría de reforzar a medio plazo el llamado escudo social y la recuperación del empleo decente y los salarios dignos, con la correspondiente derogación de la reforma laboral, el reequilibrio en las relaciones laborales y el abordaje de la precariedad laboral.
  • Tercero, retomar el diálogo territorial, con una reforma de conjunto de la vertebración del país y su modelo institucional y, en particular, encauzar de forma inmediata el conflicto sobre Cataluña.

Pues bien, estos tres desafíos se agolpan en este otoño en que se deben asentar las alianzas políticas y el segundo paso sustantivo (el primero con sus altibajos y reconsideraciones es el de este primer semestre desde la investidura) para afianzar el proyecto compartido de Gobierno, su unidad y su garantía de futuro.

Por tanto, a corto plazo y sin comprobar los resultados de su estrategia en la próxima etapa, no es esperable una reconsideración estratégica y global por parte de la dirección del PP (con la presión de VOX). Como decía en el reciente artículo "El gran acuerdo, improbable", sus expectativas y su prioridad se basan en deslegitimar y derrotar al Gobierno a corto plazo, de forma torticera, y eso hace improbable (como también cree la mayoría social) el gran pacto por la reconstrucción social y económica que se debate en el Parlamento. Pero eso le impide condicionar parcialmente (que es lo que pretende la dirección de Ciudadanos) las medidas de progreso, aunque se tenga que sumar a algunas de ellas (como el IMV), dado su gran respaldo social (más del 83%, según el CIS). Así, las derechas se pueden mantener en esta estrategia de la confrontación agresiva hasta la resolución de estos retos, hasta comprobar la sostenibilidad y la garantía política, institucional y económica de la implementación del proyecto progresista del Gobierno… o moderar su alcance y su ritmo, según la hipótesis de la estrategia centrista emergente que también conviene contemplar.

En resumen, desde los poderes establecidos se está organizando el intento, otra vez, de cerrar la oportunidad de una etapa de transformación progresista, aislar a las fuerzas sociales y políticas del cambio de progreso, garantizar el continuismo económico-social y restaurar un nuevo bipartidismo consensual y excluyente que asegure la estabilidad del orden establecido. No cabe duda de que hay detrás fuerzas poderosas y que de fructificar las consecuencias sociales y políticas serían desastrosas. Pero, en el actual contexto, si no se cometen errores graves por las fuerzas progresistas, ambas versiones, la dura y la blanda, están condenadas al fracaso, aunque no por ello hay que desconocerlas o despreciar su embate. La solución sigue siendo la reafirmación popular en una política de progreso, con su activación cívica, y la determinación y unidad de la coalición gubernamental con los apoyos progresistas y democráticos.