Opinion · Otras miradas

Madurez democrática: derecho a decidir y proceso de paz

Gemma Ubasart

GonzálezResponsable de la Secretaría de Plurinacionalidad y Políticas Públicas para el Cambio de Podemos.

Gemma Ubasart González
Responsable de la Secretaría de Plurinacionalidad y Políticas Públicas para el Cambio de Podemos.

 

Apuntan varios politólogos que la construcción de una cultura política democrática es una de las piezas clave, y una de las más difíciles, en un proceso de cambio. Con la aprobación de la Constitución en 1978 se crearon instituciones propias de un régimen liberal-democrático. Pero la transformación de actitudes, sentimientos y prácticas relacionadas con la cosa pública no era tarea fácil. En el centro del sistema subsistía la idea de súbdito y esta tenía que transformarse en la de ciudadano.

A día de hoy, el régimen del 78 está en crisis y esta tiene tres vertientes: política, social y territorial. La primera se relaciona con el fin del bipartidismo y la avalancha de casos de corrupción. La segunda, con la ausencia de blindaje de los derechos sociales frente a las políticas de austeridad. Y la tercera es el fracaso del modelo autonómico (a nadie le satisface: hay comunidades autónomas que quieren más competencias y otras menos). A todo esto debemos añadir el hecho de que, si bien por parte de la ciudadanía muchas cosas han cambiado y ésta ha asumido ya una cultura política mucho más democrática – no va a aceptar cualquier cosa de nuestros gobernantes, el 15M solamente era una expresión de esta transformación profunda -; gran parte de la clase política y algunos de los operadores del sistema penal (jueces, policías, penitenciarios) continúan actuando con unas lógicas que hacen de España un Estado con poca madurez democrática.

De los debates presentes en la actualidad hay dos temas que pueden ser considerados en este sentido: el derecho a autodeterminación y los procesos de paz. Se trata de dos cuestiones de Estado afrontadas de manera muy diversa en, por ejemplo, el Reino Unido y el Estado español. Cada contexto territorial tiene sus características y peculiaridades pero, hablando de cultura política democrática, esta comparación resulta muy productiva.

En un primer momento: el derecho a autodeterminación. Cuando en Escocia resuenan demandas independentistas, la respuesta que se encuentra en Londres es la de diálogo y aceptación del derecho de un territorio a la autodeterminación si así lo decide la mayoría de las personas que viven allí. Partiendo de esta premisa, se pacta y se lleva a cabo un referéndum sobre si el pequeño país quiere continuar dentro del Reino Unido o prefiere romper este lazo histórico. Además, se pone sobre la mesa la necesidad de, si el pueblo escocés decide quedarse, repensar el modelo territorial del Estado para encontrar un mejor encaje de las diversas naciones que conforman a este. Así pues: aceptación de las reglas de juego democráticas y defensa del mantenimiento de la unidad territorial a través de la seducción, el diálogo y la búsqueda de reformas en clave de plurinacionalidad, y no a través de la imposición y la amenaza. Cosa muy diferente, como es sabido, a lo que sucede en España: la negativa al pueblo catalán a votar sobre su futuro enquista el debate político catalán y estatal.

En un segundo momento: el proceso de paz. Después de muchos años de violencia armada por parte de ETA y el IRA, ambos grupos abandonan su actividad terrorista con el nuevo milenio. En el caso del Reino Unido se lleva a cabo un importante proceso de diálogo y resolución del conflicto, en el que participa activamente el gobierno inglés, y que va acompañado de la implementación de interesantes políticas públicas para la construcción de un nuevo escenario marcado por la ausencia de violencia, la consolidación de la paz y la libertad. En cambio, en el Estado español, casi cuatro años después del fin del terrorismo de ETA, muy poco se ha movido. Todo continúa igual como si nada hubiera pasado, como si el escenario no hubiera cambiado de forma substantiva. Y es en este contexto que debe situarse el mantenimiento de la cultura de la emergencia y excepcionalidad penal antiterrorista más allá de la propia existencia de ETA. Durante los últimos 30 años se han ido consolidando legislaciones y políticas penales-penitenciarias, así como también prácticas judiciales, que reducían derechos y garantías a ciudadanos y colectivos aludiendo a la existencia del terrorismo. Estas fueron puestas en duda por organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos por quebrar algunos fundamentos del Estado de derecho. Pero es que además en la actualidad ya no encuentran ni la “justificación” instrumental que las legitimaban. O sea, estamos frente la sinrazón de combatir ETA sin ETA.

Viendo la redada del lunes contra abogados vascos -que se saldó con la detención de 16 personas- parecería como si algunos actores estatales ignoraran la realidad actual. Sin entrar en el contenido de esta operación, que se ampara en supuestos delitos de hacienda, parecería que el derecho penal del enemigo continúa desgraciadamente muy presente en el Estado español. Este tipo de actuaciones no caminan precisamente hacia el desarrollo de un proceso de paz con calidad y profundidad, que debería guiarse por la construcción de escenarios para la reconciliación y el reconocimiento de todas las víctimas, cosiendo heridas generadas después de demasiados años de sufrimiento. Para caminar hacia un país de futuro y no de pasado, de esperanza y no de dolor, de justicia y no de venganza.

Porque los y las ciudadanas del Estado español nos merecemos un Estado maduro democráticamente, donde sea posible trabajar por un futuro justo, libre, con respecto a los derechos civiles y sin violencia