La tan esperada vacuna contra el COVID19 empieza a ser una realidad. Con el anuncio del jefe ejecutivo del NHS (el sistema de salud público británico, National Health Service) Sir Simon Stevens el pasado 3 de diciembre, el Reino Unido se convertía en el primer país en la Unión Europea en aprobar el uso de una vacuna contra el covid. Rusia el pasado fin de semana también empezó las vacunaciones, aunque con su propio prototipo de vacuna, la llamada Sputnik5.

El hecho que dicho anuncio se haya hecho días antes de la eventual llegada del Brexit aún con la duda de si la ruptura será pactada o no, ha hecho disparar las especulaciones sobre la oportunidad e idoneidad de la decisión británica. Uno de los factores que está retrasando a la Agencia Europea del Medicamento (AEM) es que las autoridades británicas han utilizado una cláusula de emergencia que hacer que, en caso de complicaciones médicas, la responsabilidad por las mismas será asumida por  el gobierno y no por la farmacéutica.

En ese sentido, Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (NIAID por sus siglas en inglés), ha dicho en una entrevista a la CBS que lo que estaba haciendo el Reino Unido era como ‘tomar un atajo en una maratón para llegar a la vuelta final en el estadio’, posteriormente se disculpó, pero la duda sigue. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento, que se tuvo que mudar del Reino Unido a los países bajos a causa del Brexit, tampoco ha dicho cuando exactamente dará el visto bueno a la vacuna producida por la multinacional americana Pfizer en colaboración con la empresa alemana BioNTech, aunque están diciendo que quizás a principios del 2021. Y eso, considerando los repetidos anuncios de los diversos gobiernos europeos, incluido el gobierno de Pedro Sánchez.

Parecería que la UE está apostando el futuro de sus ciudadanos y la economía europea a una sola carta: las vacunas. Pero ¿cuáles son exactamente los términos de esa apuesta y cuánto tendrán que cubrir los contribuyentes de la UE? Esas son preguntas que los líderes de Bruselas se niegan a responder.

El 24 de noviembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció con orgullo que la UE había conseguido un sexto contrato por millones de vacunas contra el coronavirus en nombre de sus 27 países miembros, con lo que el total adquirido asciende a casi 2.000 millones de vacunas para los aproximadamente 445 millones de personas del bloque, si tenemos en cuenta que la vacuna mRNA necesita 2 dosis, la Comisión ha comprado para vacunarnos a todos dos veces.

El comité de salud pública del Parlamento Europeo al día siguiente declaró "Este es nuestro boleto de salida de la pandemia", pero seguimos sin saber lo que cuesta dicho boleto.

Lo que es sin duda el proceso de licitación público más grande de la historia de la Unión y sin duda el más vital hasta ahora, está envuelto en el secreto más absoluto. Pese a contravenir todas las reglas de la buena administración y del derecho público, los funcionarios de la UE no proporcionan información sobre cuánto se está pagando por las vacunas, las reglas sobre transparencia de la Unión no se aplican a los concursos públicos de la Comisión Europea. Tengamos en cuenta que las empresas farmacéuticas creadoras de la vacuna ya se beneficiaron de una importante dotación de fondos públicos para la investigación. Hablando en plata, vamos a pagar dos veces por la vacuna.

Es aquí donde la defensa de lo público se convierte en una necesidad. El Parlamento, junto con una importante cantidad de expertos y asociaciones, ha puesto el grito en el cielo por el oscurantismo y falta de transparencia en la gestión de las vacunas. Ante esta situación la Comisión Europea ha propuesto ‘que un reducido grupo de eurodiputados pueda ver partes del contrato en la ‘dark room’. O sea, en la sala de lectura que inicialmente la Comisión proponía durante las negociaciones comerciales con los EE. UU. en el defenestrado TTIP. Hemos vuelto a las andadas. Y no es casualidad que la persona en la Dirección General de Salud de la Comisión (DG SANTE) sea experta en acuerdos de libre comercio, la italiana Sandra Gallina.

Para el TTIP la movilización ciudadana hizo prometer a la Comisión más transparencia. ¿qué puede hacerla cambiar de opinión para que los contratos de la vacuna del COVID sean públicos y transparentes?

¿Quizá sea que la publicación de los contratos pondría a la Comisión en un aprieto? En un típico proceso de licitación, las empresas compiten por los contratos gubernamentales. Con el coronavirus, son los gobiernos los que compiten por el acceso a las mismas vacunas tan buscadas... y hay muchos competidores con importantes recursos económicos. Es un proceso de licitación invertido en el que las farmacéuticas tienen todas las de ganar.

Lo que la Comisión está pagando por dosis no es información pública. Algunos productores de vacunas han sido más transparentes, como AstraZeneca, que dijo que venderá su vacuna al costo (aproximadamente 2 euros por dosis) hasta el final de la pandemia. La compañía podría declarar dicho fin en julio de 2021 y empezar a subir los costos.

Otros, como Moderna, han dado cifras aproximadas. La compañía fijó públicamente el precio de su vacuna entre 32 y 37 dólares por dosis, pero luego hizo un trato con los EE. UU. por unos 25 dólares por dosis. Reuters informó que la UE consiguió una vacuna por menos de 25 dólares por dosis.

El hecho que la vacuna sea un negocio tan opaco, que la tecnología sea la polémica mRNA y que los altos directivos están mostrando lo mejores de ellos mismos haciéndose de oro a costa de la vacuna es sólo munición para los complotistas de toda estirpe.

Es el momento de abrir el debate sobre la necesidad de controlar la industria farmacéutica de manera seria. O sea, de manera pública. Para evitar que la industria privada reciba fondos a la investigación y luego contratos secretos. Siempre se nos machaca con la creatividad y la innovación y la ayudas a las ‘start-ups’ pero la realidad de la vacuna del COVID nos muestra que las prioridades deben ser otras: la defensa de la propiedad pública, el trabajo de colaboración y la total transparencia en la investigación.

Los trabajadores y, en su mayoría, trabajadoras de la salud, que estarán sin duda en la primera tanda de receptores de la vacuna tiene el derecho a saber cuáles han sido las condiciones de fabricación y compra. Son muchos años de recortes y de austeridad para ahora además seguir agujerando las finanzas públicas para que los accionistas de Pfizer, Astra/Zeneca y/o Moderna sean los grandes ganadores.

Como guinda a todo esto, y gracias a la susodicha opacidad, es más que probable que la patente de la vacuna no se use de manera universal dejando fuera a medio globo, de hecho ya Sudafrica e India están a la vanguardia de la demanda para una patente de la futura vacuna. Para evitar que esta política se repita en Europa ya se ha lanzado una Iniciativa Ciudadana Europea para evitar que las grandes multinacionales del sector se lucren, aún más, gracias al COVID. Pidiendo a la Comisión que la "La información sobre los costes de producción, las contribuciones públicas y la efectividad y seguridad de las vacunas sean públicas". Así que, si pueden, firmen!

Por suerte para la humanidad otras naciones, como Cuba, ya están trabajando para una patente universal, y es que parece que, en temas de salud, el control estatal y la planificación son toda una ayuda.