Este viernes tendrá lugar una nueva reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Esta reunión seguirá siendo el espacio donde se volverá a discutir la propuesta de India y Sudáfrica para suspender temporalmente las patentes de las vacunas de la Covid-19. Son cada vez más los pronunciamientos públicos que piden desbloquear este debate y tomar medidas efectivas frente al monopolio de las patentes. Y es cada vez más complicado para quiénes se oponen a ello mantener una posición alineada con la de las grandes farmacéuticas.

Según datos de la Alianza People`s Vaccine, las empresas que han producido las vacunas se han repartido dividendos por valor de 21.610 millones de euros en los últimos 12 meses; los beneficios de Pfizer se han duplicado en 2020; y AstraZeneca ha aumentado sus ingresos un 30% en el ejercicio actual. Poco podemos reprocharle a unas empresas que, por mucho que se dediquen a producir vacunas o tratamientos que salvan vidas, no son ni ONGs, ni están sujetas a ningún código deontológico que no sea el de sus accionistas. Sin embargo, a los gobiernos sí que podemos exigirles. En este sentido, es preocupante que los poderes públicos, los Estados y las instituciones que deben protegernos frente a esos abusos empresariales, hayan acabado asumiendo el discurso y los intereses de la Big Pharma. Teniendo en cuenta, además, la importante financiación pública directa e indirecta que ha tenido el desarrollo de las vacunas.

Una investigación muy acertada del Corporate Europe Observatory (CEO) ha sacado a la luz cómo durante el mes de diciembre del año pasado, representantes de la Federación de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas -el lobby europeo de las grandes farmacéuticas- se reunían con la Comisión Europea para evitar que la UE se viera tentada de apoyar la iniciativa de India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En esa reunión, celebrada el 9 de diciembre de 2020, las grandes farmacéuticas le pidieron al Ejecutivo comunitario que no tomara "medidas extremas, que confiara en ellas y en su capacidad de distribución". Apenas unos días después, la UE defendía en la OMC el mismo argumento. Alguna relación tendrá también que uno de los antiguos jefes del lobby farmacéutico europeo, Richard Berstrong, ha sido a su vez uno de los negociadores de la Comisión Europea en los contratos de las vacunas. Un antiguo lobista, negociando con sus antiguos colegas la adquisición de vacunas. ¿Qué puede salir mal?.

Suspender las patentes supone hoy, más que nunca, luchar de manera colectiva frente a la pandemia. El virus, decían, nos iguala a todos y a todas. En cierto sentido es verdad: por primera vez en años, el Norte rico sentimos por unos momentos la debilidad y fragilidad que lleva siglos sufriendo el Sur empobrecido. Pero en términos de vacunación, las vacunas y tratamientos solo reflejan una brutal desigualdad. Para muestra de esta asimetría, un par de datos. Los países más desarrollados, como los Estados miembros de la UE, Reino Unido o EEUU están anunciando unas tasas de inmunización de más del 50% antes de que finalice el verano. Mientras, la Organización Mundial de la Salud cree que la iniciativa de acceso universal y solidario COVAX podría inmunizar sólo al 3% de la población de los países menos desarrollados. Según datos de la ONU, sólo diez países han acaparado el 75% de las vacunas y 130 países de todo el mundo no han recibido aún ni una sola vacuna.

Todos los intentos por compartir conocimientos, por impulsar acuerdos de colaboración entre sistemas productivos y por hacer entender a las farmacéuticas la necesidad de una fórmula más abierta, han sido en vano. Como en vano será la llamada tercera vía que ha propuesto la directora de la OMC, promover acuerdos bilaterales entre las farmacéuticas y otras compañías con capacidad de fabricación mediante licencias voluntarias, ante la minoría de bloqueo contra la suspensión temporal de las patentes que ejercen la UE, EEUU, Corea del Sur, Australia o Brasil. Esta tercera vía está condenada al fracaso o, en todo caso, a frenar el cada vez más fuerte discurso de acabar con el monopolio de las patentes.

En España, conjuntamente con otros países europeos, la sociedad civil ha impulsado la iniciativa ciudadana "Right to Cure" que mediante la recogida de un millón de firmas trabaja para exigir a la Comisión Europea y los veintisiete gobiernos comunitarios cambios en la política de patentes sobre las vacunas. La UE forma parte de esa minoría de bloqueo que se opone en la OMC a la suspensión de patentes. Es en estos momentos, parte del problema, desde Right to Cure se trabaja para que sea parte de la solución.

Apoya la iniciativa con tu firma en: noprofitonpandemic.eu/es o liberarpatentes.com