Otras miradas

Vía Laietana: impunidad o memoria

Anaïs Franquesa

Abogada de Irídia

Sònia Olivella

Abogada de Irídia

Comisaría de la Policía Nacional en Vía Laietana, Barcelona.- ACN

"Además, de alguna manera, a posteriori, me ha servido para reflexionar sobre la banalidad del mal. Cómo estos torturadores ejercían la tortura como si fuera una profesión. Y además te lo decían descaradamente: 'Nosotros somos profesionales policías, somos policías con Franco y lo seremos después en democracia'. Como si fuera un trabajo, al servicio del Estado de entonces, que era la Dictadura".

Carles Vallejo, superviviente de las torturas en Via Laietana, presidente de La Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo

 

La Jefatura Superior de Policía de Via Laietana fue escenario de la dura represión de la dictadura franquista, en la que los miembros de la VI Brigada Regional de Información Social detuvieron y torturaron a gran cantidad de militantes antifranquistas. Dicha brigada, conocida como la Brigada Político Social, fue creada en 1946 y tenía como principal objetivo la persecución y eliminación de los grupos antifranquistas; es decir, se trataba de una policía política.

El grado de violencia con que actuaba la Brigada Político Social en esos años está perfectamente documentado en el estudio que llevó a cabo Manel Risques (2001) sobre la "caída de los 80" en Barcelona. Las personas detenidas podían llegar a estar en la comisaria durante semanas o meses, sufriendo palizas a diario, tortura física y psicológica, con un claro componente de género en el caso de las mujeres. Varios de los supervivientes han explicado que el traslado a la cárcel Modelo, después del infierno vivido, suponía una "alegría" simplemente por salir de ese lugar. Otros jamás llegaron a poder contarlo, muriendo a causa de los golpes.

Los agentes de Policía actuaban con absoluta impunidad, amparados y avalados por parte del poder judicial del régimen. Se puede afirmar de forma rotunda que la práctica de la tortura y el maltrato durante el franquismo fueron la norma, no la excepción. Se trataba de una práctica habitual de la política represiva y se ejerció de forma generalizada y sistemática. La Jefatura Superior de Policía de Via Laietana fue uno de los espacios del terror, como relatan numerosas víctimas y así aparece documentado por parte de historiadores e historiadoras.

Es precisamente ese carácter generalizado y sistemático de la tortura durante el franquismo lo que la convierte en un crimen de lesa humanidad. Es decir, un crimen que afecta a toda la comunidad internacional en su conjunto, y que debe ser perseguido, investigado, juzgado y condenado sin importar el tiempo que haya transcurrido. Porque se trata de un ataque dirigido contra colectivos específicos de la sociedad civil y derivado de una "política de estado".

Sin embargo, a pesar de las decenas de querellas interpuestas por víctimas de las torturas ante los juzgados españoles, estos hechos siguen sin ser investigados y juzgados. Los tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional, siguen justificando su no investigación y enjuiciamiento, desoyendo las recomendaciones de los distintos órganos de Naciones Unidas. Tanto relatores como comités especializados han reiterado en numerosas ocasiones que España está incumpliendo la legislación internacional, que es legislación interna ya, precisamente por dejar impunes los crímenes del Franquismo.

En este sentido, la reparación no solo se niega por la vía judicial, sino también por la vía administrativa. Hace décadas que entidades memorialistas y de la sociedad civil, entre las que se encuentra el Ateneu de Memoria Popular, reclaman la resignificación de la Jefatura Superior de policía de Via Laietana en un centro memorial y documental, dedicado a difundir el conocimiento y la memoria sobre la tortura policial practicada durante la dictadura. Esta petición se ha hecho de forma reiterada en forma de cartas al Ministerio de Interior, a la Generalitat, así como la aprobación de mociones en el Ayuntamiento de Barcelona y el Parlament de Catalunya. Hasta ahora, la respuesta del Ministerio ha sido negativa.

Esta petición no es un capricho, sino que responde a una obligación positiva que España tiene hacia las víctimas de tortura: esclarecer la verdad de lo sucedido y proceder a su reparación. Cuestión en la que insistía Pablo de Greiff, Relator de Naciones Unidas, en su informe de 2014 sobre la misión en España, cuando se refería a la necesidad de "promover intervenciones diferenciadas, la contextualización y la resignificación de símbolos y monumentos franquistas".

Las víctimas de las torturas merecen este espacio, como también lo merece el resto de la sociedad. La elección es en realidad sencilla: perpetuar la impunidad, el terror y la vergüenza o resignificar los símbolos de las mayores atrocidades, para convertirlos en aprendizajes, en antídotos ante posibles repeticiones. En un Estado democrático y de derecho en el que se respeten los derechos humanos, no debería haber ninguna duda. Desafortunadamente, las declaraciones realizadas recientemente por representantes del Ministerio del Interior nos muestran cuál de las dos opciones prevalece. De momento. Seguiremos insistiendo, el tiempo que haga falta, hasta que en Vía Laietana también se pueda leer un "nunca más, contra nadie, en ningún lugar".