La sociedad española anda pagando caro, con crecientes dosis de intolerancia y de resurgimiento de nacionalismo de matriz fascista, la incapacidad del Estado democrático de asumir plenamente, como sinónimo de modernidad y cultura, la existencia de distintas lenguas. Como quiera que todo ello viene de lejos, el déficit ha generado ya, con el paso de las décadas, que sean millones los ciudadanos españoles a los que el catalán, el gallego y el vasco les quedan tan lejos emocionalmente que incluso sienten como agresión su desesperada voluntad de resiliencia. O responden a la manera de Jiménez Losantos ("esta gente quieren hablar catalán y euskera por jorobar, por hundir la soberanía nacional") cuando no con un burlón "hasta dónde hemos llegado" si son los asturianos los que levantan la demanda de la oficialidad de su lengua minorizada. Son los mismos que ignoran la existencia del tamazight, lengua propia de Melilla, excluida por supuesto como vehicular de su sistema educativo.

Otro gallo nos hubiera cantado si la Constitución española mencionase las distintas lenguas y no hubiera reservado sólo para el castellano el deber y el derecho a ser conocido. De aquella no equiparación se desprenden todos los males actuales, los cuales en parte hubieran podido remediarse a lo largo de las últimas cuatro décadas (¡43 años de texto constitucional!) si leyes estatales hubieran ido encontrando otro acomodo. Desgraciadamente, ni el PP ni el PSOE estuvieron dispuestos nunca a legislar una Ley de Lenguas, lo cual denota hasta qué punto está arraigada, con toda normalidad en el imaginario de la sociedad española, la supremacía de la lengua castellana. ¿Cómo puede entenderse que uno de los Estados más diversos lingüísticamente, cuando no el más, de la Unión Europea no disponga de una Ley de Lenguas? Es evidente que su inexistencia es el reflejo de una anomalía preocupante.

En el contexto actual de un gobierno PSOE-Unidas Podemos duele que ni tan solo se haya recogido como reto los tres grandes retos que Rodríguez Zapatero no se atrevió a abordar. Me refiero a su no implicación en el reconocimiento de la lengua catalana como oficial en la Unión Europea, su oposición a la aprobación de un reglamento del Congreso de los Diputados que introdujera el uso de las distintas lenguas y, finalmente, la aprobación de una Ley de Lenguas de carácter estatal. El fracaso fue absoluto para las tres demandas y en todas ellas tuvo la mayor responsabilidad el PSOE vía José Borrell desde la presidencia del Parlamento Europeo, vía Grupo Parlamentario Socialista a través de López Garrido al renunciar pocas horas antes del acuerdo final para la aprobación del reglamento de la cámara baja y vía Pérez Rubalcaba liderando el voto negativo al proyecto de Ley de Lenguas puesto a debate por parte del republicanismo catalán el mes de marzo de 2006.

De hecho, la propuesta de Esquerra Republicana ni tan solo fue merecedora de luz verde para su tramitación a través de una ponencia legislativa. Se abortó, pues, cualquier atisbo de reconocimiento del plurilingüismo en el aparato estatal, en el conjunto de los órganos constitucionales, en la judicatura o en el sistema educativo para permitir que todos los escolares del Estado tuvieran el derecho y la  oportunidad de adquirir competencia lingüística en las otras lenguas independientemente de su territorio de residencia. Y, por supuesto, la normalización en los medios de comunicación públicos y privados de ámbito estatal, a los que, en referencia a estos últimos, se les ha permitido contravenir el contenido profundo de la ley que los regula.

En definitiva, el Estado inhibiéndose de su transformación plurilingüe ha actuado como un catalizador que ha acelerado el riesgo de las lenguas minorizadas de sucumbir ante el proceso de substitución lingüística producto de la globalización. La actual presidenta del Congreso, Meritxell Batell, que conjuntamente con el resto de diputados del PSC votaron en contra del proyecto de Ley de Lenguas de Esquerra Republicana de 2006, anunció en el año 2017 (gobernando el PP) que su objetivo era hacer realidad una legislación de este cariz, razón por la cual se presentó en el registro una iniciativa parlamentaria. Transcurridos los años, retornado el PSOE al gobierno de España y ejerciendo ella el cargo actual, los hechos demuestran que deberá expulsar de la tribuna cualquier electo que no utilice la lengua castellana. Y, mientras tanto, la derecha española carga baterías con armamento de gran calibre a cuento del populismo, rentable electoralmente, y de la mentira que en Catalunya los niños en la escuela se les prohíbe ir al lavabo o se les carga la mochila con piedras si no se expresan en lengua española.

Achacar exclusivamente a la derecha nacionalista española los males es de suma irresponsabilidad cuando no de gran cinismo atendiendo a la dejadez del PSOE. Mientras, apunten: en Catalunya hoy se redacta en catalán la tercera parte de las sentencias judiciales que se redactaban hace veinte años, pero el Consejo General del Poder Judicial sigue empeñado en no convertir las lenguas cooficiales en un requisito de conocimiento para los jueces para poder ejercer en los dominios lingüísticos de cada una de ellas. Son muchas más las universidades europeas en las que se imparte licenciatura de lengua y literatura catalanas que no las españolas e incluso el BOE ha dejado de publicar su versión en catalán, activa desde 1998.

¿Dónde está la modernidad del Estado español?