La salud de las personas y la mitigación de los efectos del cambio climático van por delante de un supuesto derecho a contaminar. Así lo estipula la Directiva Europea de la Calidad del Aire, así lo legisla la Ley de cambio climático y transición ecológica del Estado español, así lo demuestra la evidencia científica y así lo asumimos como un deber en Barcelona cuando emprendimos la primera ZBE del Estado sentando los precedentes para todas las que vendrán, por ley, antes de 2025.

Esta ZBE ha sido pionera en España, pero sigue el ejemplo las 300 ciudades que han implementado su propia ZBE en Europa. Capitales como Londres, Oslo o París aplican ya restricciones a la contaminación por el bien de sus ciudadanas. No es un capricho del gobierno municipal de Barcelona: fue consensuada con la Generalitat y con los ayuntamientos de otros municipios metropolitanos, además de haber sido aprobada en el Pleno Municipal sin ningún voto en contra. Y tampoco es una medida que no cuente con el aval de la ciudadanía: según el GESOP, dos de cada tres barcelonesas verían positivas medidas incluso más restrictivas hacia el transporte privado.

En contra del consenso político y del sentido común, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha decidido tumbar esta ZBE. Una sentencia que va en sentido contrario a las legislaciones que se implementan a nivel autonómico, estatal y europeo y que nos obligan a actuar con urgencia. Barcelona no puede permitirse ningún paso atrás en una medida indispensable para el bienestar de su ciudadanía y para combatir los efectos del cambio climático en sus calles.

Desde su aplicación en 2017, se han reducido 609.000 desplazamientos contaminantes y un 11% de las emisiones de NO2. Esto se traduce, junto a otras medidas complementarias como las peatonalizaciones de Superilla Barcelona o la pacificación de entornos escolares, en 125 muertes menos al año a causa de la contaminación. En 110 casos menos de asma infantil. En una reducción notable de las enfermedades cardiovasculares o el cáncer de pulmón. Con estos datos sobre la mesa, un gobierno responsable sólo puede trabajar para que la ZBE de Barcelona continúe vigente.

En consecuencia, plantearemos un recurso de casación ante una sentencia que consideramos incoherente con las circunstancias de emergencia climática que vivimos y las directivas internacionales que nos atañen. Una sentencia que, a nuestro juicio, pretende legislar excediendo sus funciones. Una sentencia que ignora por completo las necesidades de las personas vulnerables y el beneficio que la ZBE ha supuesto para su salud en Barcelona, la metrópolis con mayor densidad de vehículos por km2 de toda Europa.

La ZBE protege a la población vulnerable, la que padece enfermedades respiratorias, la que vive en los barrios con mayor incidencia de NO2, las personas mayores y la infancia. Es su derecho a respirar un aire de calidad el que ponemos por delante de un supuesto derecho a contaminar. La ZBE no se puede parar, porque ningún juzgado puede bloquear la voluntad política de transformar Barcelona en una ciudad más amable, con el peatón como protagonista, abierta, respirable, verde y democrática. Así lo votó la ciudadanía y así lo llevaremos a cabo.