Otras miradas

La Sareb, una oportunidad histórica

Héctor Illueca Ballester

Vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana

ARCHIVO. Paloma Santos, vecina de una de las viviendas de los edificios de la calle María Guerrero de Madrid amenazados por el desahucio de la Sareb, en febrero de 2020.- JAIRO VARGAS

El pasado 18 de enero el Consejo de Ministros aprobó la toma de control pública del llamado 'banco malo', la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (en adelante, Sareb). Esta importante decisión pone fin a una etapa marcada por la especulación inmobiliaria y un rescate bancario que, según Luis de Guindos, ministro de Economía del Partido Popular y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, no iba a costar ni un euro al contribuyente. Ahora bien, el control de la Sareb por parte del Estado abre también la puerta a resolver aquel episodio de un modo que redunde en beneficio de toda la sociedad. Desde el 18 de enero han pasado muchas cosas en España y en el mundo, y a nadie se le escapa que vivimos un momento especialmente complejo desde el punto de vista económico. Agitadas por vientos de guerra, se avecinan turbulencias que nos sitúan en un contexto inédito donde no es fácil vislumbrar caminos de prosperidad, y los responsables públicos debemos ser especialmente sensibles a las demandas sociales.

Hagamos un poco de historia. La catástrofe de Lehman Brothers provocó el estallido de una gigantesca burbuja crediticia que había convertido el boom inmobiliario en la principal y casi única fuente de crecimiento económico. Aquellos fueron tiempos muy difíciles para el pensamiento crítico: la especulación financiera, el deterioro ecológico y la enorme corrupción del poder político definían un modelo de crecimiento al servicio de los intereses oligárquicos imperantes en España. Pero la crisis económica lo cambió todo. El pinchazo de la burbuja hizo que muchas familias no pudiesen afrontar sus deudas y perdiesen sus viviendas. El impago masivo de los préstamos y la entrada generalizada en los balances bancarios de activos inmobiliarios devaluados colocó a muchas entidades al borde de la quiebra. Y fue precisamente entonces, mientras arrebataban sus casas a la gente pobre y recortaban los principales derechos sociales, cuando el gobierno del PP decidió derivar ingentes cantidades de recursos públicos a reequilibrar las cuentas de los bancos amenazados.

La Sareb nació con el objetivo de adquirir los activos inmobiliarios más tóxicos y sanear así la contabilidad de las entidades financieras. De este modo, un buen número de viviendas y suelos gravados con hipotecas fueron a parar a manos del banco malo que, por su condición de entidad privada, no estaba sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público y podía enajenar estos activos con total opacidad y sin rendir cuentas a nadie. Como hemos visto, se dijo que la operación no iba a costar ni un euro al erario público, porque el discurso oficial no podía admitir que se estaba salvando a los bancos mientras se abandonaba a su suerte a los ciudadanos. Sin embargo, la mentira tiene las patas muy cortas y, como cabía esperar, EUROSTAT terminó exigiendo a España que la deuda de la Sareb fuera contabilizada como deuda pública, incrementando su importe en 35.000 millones de euros de un solo golpe. Una cifra que, añadida a las ayudas directas, eleva el coste del rescate bancario a 101.557 millones de euros, de los cuales se espera recuperar poco más del 10%.

La sensación generalizada de estafa fue inevitable y, en buena medida, contribuyó a agudizar una crisis de legitimidad del sistema político de la que todavía no hemos salido. Una sensación que se ha visto acrecentada a medida que decenas de miles de viviendas se han ido vendiendo a precio de saldo para tratar de amortizar el agujero contable de la entidad. Es hora de decir basta. Estamos ante una ocasión única. Hablamos de la posibilidad de promover la mayor ampliación del parque público de vivienda de la historia democrática de nuestro país, y de dar una respuesta adecuada al gran reto social que se avecina, con un posible agravamiento de la emergencia habitacional que padecemos. Si las viviendas ya son del Estado, ya son públicas, ya han sido pagadas por los españoles, ¿qué mejor destino que su reconversión en viviendas sociales? La pandemia ha evidenciado que las salidas sociales a las situaciones de crisis no solo son posibles, sino que son mejores, y tenemos la oportunidad histórica de garantizar, desde el poder público, un derecho social básico como es la vivienda.


Es una coyuntura que no podemos dejar pasar. Por ello, como vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, el día 27 de enero me dirigí por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para solicitarle la transferencia de las más de 8.000 viviendas y los casi 7.000 solares propiedad de la SAREB en la Comunitat Valenciana. Por ello, también, la totalidad del tejido social de nuestra tierra, incluyendo sindicatos, patronal y organizaciones de la sociedad civil, apoya esta justa iniciativa, que permitiría aumentar en un 71% el número de viviendas públicas disponibles para las familias vulnerables, y dar respuesta a las más de 4.000 personas que se encuentran en lista de espera para acceder a una vivienda pública. Se trata, insisto, de una oportunidad histórica de avanzar en las garantías de un derecho que es condición de muchos otros, recuperando el espíritu de ese Estado social que proclama en su frontispicio nuestro texto constitucional.

Hermann Heller nos enseñó, hace casi cien años, que el Estado solo puede ser democrático y de Derecho si es, al mismo tiempo, Estado social, es decir, si asume como definidora la función social que encarna el principio constitutivo de igualdad. Y esta función social se concreta en la procura existencial de los ciudadanos, en la obligación del poder público de garantizar, para todos, unas condiciones de vida dignas, seguras y equitativas. Ideas que tienen hoy igual vigencia que entonces, que han sido asumidas por la mayoría de las constituciones democráticas de Europa, como la española, que reconoce los derechos sociales, entre otros el derecho a una vivienda digna (artículo 47 CE), y que deben alumbrar a quienes tenemos responsabilidades de gobierno para evitar la senda fácil e injusta de la austeridad y para tener, más que nunca, altura de miras, inteligencia y valentía, so pena de vernos abocados a una nueva crisis de legitimidad del sistema político, tal vez definitiva.

La sociedad valenciana lo pide con una sola voz, desde una inédita unanimidad; ahora es necesario que el Gobierno de España esté a la altura de las circunstancias.