¿Son las empresas y los derechos humanos dos conceptos opuestos? Si esa pregunta se la hacemos a alguien de la comunidad kichwa 12 de Octubre, en la región amazónica de Loreto, en Perú, donde el olor a petróleo surge cada cierto tiempo por diferentes vertidos, probablemente nos diría que sí.

Pero no deberían serlo. No en el marco de la Agenda 2030, ese gran acuerdo internacional donde se apuesta por una acción coordinada entre distintos agentes, gobiernos, empresas, sociedad civil a favor del desarrollo de los países y las personas. Tampoco deberían serlo en el marco de la acción exterior, donde se reconoce su papel como agentes de desarrollo sostenible. Y no deberían serlo si atendemos a las nuevas formas de gestión empresarial que dicen apostar por el respeto al medioambiente, los derechos sociales y la transparencia y mayor democracia en la gestión y toma de decisiones diaria de cualquier empresa, grande, mediana o pequeña.

Seamos sinceros, en muchas ocasiones, empresas y derechos humanos se oponen. Se enfrentan sobre todo cuando provocan derrames de petróleo, derrumbes de fábricas textiles; cuando mantienen condiciones de trabajo indignas o explotación infantil; cuando promueven la agresión a activistas ambientales o sindicales; cuando fomentan la deforestación o hacen tretas fiscales. Realmente, al ver tales comportamientos, uno piensa que algunas empresas más que contribuir al desarrollo, lo atacan.

¿Y no sería mejor prevenir antes que curar? Precisamente eso debería ser el objetivo de la conocida como "Ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales". Una ley con la que se ha comprometido el Gobierno para 2022. También debería serlo la Directiva europea sobre el asunto de empresas y derechos humanos en un proceso más avanzado, liderado por la Comisión Europea. Se trata de normas que se conocen como "debida diligencia". ¿Qué supondrán estas normas? En primer lugar, las empresas estarán obligadas a realizar análisis sobre el cumplimiento de estándares laborales, ambientales y de derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor -teniendo en cuenta que gran parte de ella está en otros países-. Además, sus prácticas empresariales deberán ser sometidas a un seguimiento independiente, de manera que serán sancionadas, si incumplen el respeto de los derechos humanos o maltratan al medio ambiente. Por último, deberán establecerse medidas de apoyo a las víctimas de los desmanes corporativos, de modo que las poblaciones afectadas puedan acceder fácilmente a la justicia.

Empresas españolas y desarrollo

Las ONG de Desarrollo que formamos parte de La Coordinadora apostamos porque las actuaciones de las empresas españolas en el Sur global sean positivas para el desarrollo sostenible de los países donde actúan. Ponemos la lupa sobre el impacto de sus actuaciones en el medio ambiente y en los derechos humanos, especialmente en personas que defienden los territorios, en los pueblos indígenas y en la infancia -a menudo explotada para la producción empresarial-. Nuestra presencia en 115 países de todo el mundo nos permite ser testigos de los impactos nefastos que tienen ciertos modos de actuación empresarial.

Es urgente avanzar en marcos regulatorios que garanticen que la acción exterior española es plenamente coherente con el desarrollo sostenible y equitativo de los países en los que estamos presentes. Precisamente con este fin, trabajamos mano a mano con otras organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades, asociaciones empresariales de economía social y solidaria, personas expertas, etc. agrupadas en la Plataforma por las empresas responsables. Una alianza que trabaja para que la normativa española en debida diligencia sea lo más ambiciosa y eficaz posible. Además, existe la oportunidad de conectar la Ley de debida diligencia con el proceso de reforma de la cooperación; un proceso que busca reforzar el impacto positivo que todos los actores de la cooperación tienen sobre el desarrollo, incluido el sector privado.

El Gobierno se ha comprometido con esta Ley durante este año. Por eso, en este momento, es fundamental que el mayor número de empresas asuman, como ventaja competitiva y eje central de su marca, la cultura de prevenir y evitar los impactos negativos de sus actuaciones fuera de nuestras fronteras. El sector público, por su parte, deberá velar para que existan instancias que vigilen adecuadamente el cumplimiento de la Ley y que, en caso de incumplimiento, se impongan sanciones. Estas medidas deberán establecer también la imposibilidad de acceder a convocatorias públicas, incluyendo las de cooperación al desarrollo.

El Gobierno debe apostar claramente por la elaboración de una ley que asegure que las compañías españolas, sus filiales e inversores, contribuyen efectivamente al logro de los objetivos de la Agenda 2030. Además, a un año de la asunción de la presidencia española de la UE, el Gobierno debería dar un paso al frente y asumir un liderazgo en el proceso normativo europeo para asegurar el mayor grado de ambición posible.

Como parte de la sociedad civil, creemos que existe un espacio para la contribución del sector privado a los procesos de desarrollo. Para ello, las empresas -especialmente las transnacionales- deben respetar los derechos humanos, asumir las mejores prácticas laborales y comprometerse con el cuidado del medio ambiente. Solo así se conseguirá que empresas y derechos humanos no sean contrarias sino complementarias. Y, sobre todo, se conseguirá respetar la vida del planeta y de las personas que actualmente sufren directamente los desmanes de las corporaciones. Ni las comunidades como las del 12 de Octubre ni el planeta pueden esperar.