Este artículo es fruto de la colaboración entre Público y Sobiranies

La "cuestión de las nacionalidades", tal y como lo denominó el pensador Otto Bauer a principios de siglo XX, es uno de los grandes debates que históricamente han cruzado el pensamiento progresista. Hasta qué punto son compatibles los valores del progresismo con las reivindicaciones nacionales ha estado objeto de discusión desde prácticamente todas las corrientes ideológicas. Una de las primeras expresiones de este debate la encontramos en Stuart Mill, quien después de afirmar el principio de las nacionalidades como cimiento de los gobiernos, añadía que aún así era mejor para un bretón, un vasco o  escocés pertenecer a Francia o el Reino Unido antes de que no quedarse atrapados en "la reliquia medio salvaje de su pasado". Esta polémica no ha dejado de persistir en el debate público hasta la actualidad. Más recientemente el economista francés Thomas Piketty, a pesar de matizar posteriormente sus palabras, denunciaba el problema que tenía Europa ante nacionalismos como el catalán, de un supuesto cariz conservador y egoísta. Estas críticas comparten a menudo un rasgo fundamental para entender el debate como es el hecho de que se realizan desde posiciones que podríamos denominar ‘estatistas’ o -empleando la terminología académica-, desde la perspectiva de los ‘nacionalismos de estado’.

Ahora bien, ¿cuál es la cuestión entre los valores del progresismo y el nacionalismo? Podríamos verlo como una tensión potencial entre algunos de los principios fundamentales del progresismo y del desarrollo del estado moderno. Por un lado, la ideología progresista tiene un componente universalista e individualista: todas las personas tienen derecho a unas condiciones y posibilidades de realización llenas independientemente de su situación social. Por otro lado, los derechos se reconocen y proveen de manera colectiva a través de instituciones políticas. Y la arena donde se produce la acción política moderna es el estado, que no por casualidad se conoce en términos académicos como estado-nación. El estado-nación ejerce su actividad sobre una población y un territorio específico, y por tanto la discusión sobre los derechos y las políticas de redistribución no se entiende sin tener en cuenta el marco institucional en que se produce. Por esta razón la tensión entre el principio universalista del pensamiento progresista y el comunitario en lo referente al territorio y en la población es inseparable.

Esta tensión afecta tanto a partidos de ámbito estatal como a partidos subestatales. En el caso de los nacionalismos subestatales de ideología progresista, estos tienen que legitimar una autodeterminación que supone salir de una estructura de redistribución. El rechazo al esquema de redistribución dentro del estado existente genera la necesidad de formular un discurso que sea compatible con los principios universalistas de la ideología progresista. Desde el discurso del nacionalismo de estado esta tensión permite presentar,  a menudo, a estos movimientos como una política oportunista que muestra ‘el egoísmo de los ricos’, sin tener en cuenta que las fronteras y las instituciones políticas que las articulan no son neutrales ni mucho menos todavía ‘naturales’. Desde vías diferentes, tanto los partidos de ámbito estatal como subestatales desarrollan discursos que intentan conciliar estas dos vertientes en el que en un trabajo de próxima publicación podríamos denominar ‘universalismo interno’.

En la esfera pública, esta tensión en el caso de las reivindicaciones territoriales se asocia a una serie de valores negativos como por ejemplo el egoísmo, el oportunismo, el populismo o incluso la extrema derecha. La cuestión es pues ver si la evidencia empírica nos sugiere algún cimiento sólido sobre este discurso. Un estudio del cual recientemente se ha publicado una primera versión (Mas, Sanjaume & Serrano) analiza más de 400 regiones europeas según el sistema de clasificación estadístico de la UE (las llamadas nuts) para explorar los factores que nos ayudan a entender las reivindicaciones territoriales. Un primer rasgo destacable del análisis es que más de la cuarta parte de las regiones europeas tienen partidos o movimientos políticos que plantean algún tipo de demanda territorial, recibiendo cierto apoyo electoral.

La evidencia que encontramos en este estudio es la existencia de una gran diversidad de situaciones asociadas a las demandas territoriales. El principal rasgo general que podemos extraer es que las demandas territoriales surgen de territorios con identidades de largo recorrido histórico, es decir, no estamos ante un fenómeno meramente instrumental u oportunista, y menos todavía ‘inventado’. En segundo lugar, encontramos una gran variedad tanto en las características de las regiones como también en sus demandas. Por un lado, encontramos casos de regiones relativamente ricas y también relativamente pobres en relación en el estado, así como una gran diversidad ideológica en sus movimientos. Respeto al tipo de demandas territoriales existen también diferencias relevantes, desde la demanda de reconocimiento a varios grados de regionalismo hasta la autodeterminación externa. De hecho, una de las evidencias iniciales que encontramos en la investigación en curso es que los movimientos más orientados al conservadurismo tienden a producirse en términos regionalistas más que no independentistas, poniendo en cuestión la tesis simplificadora sobre las reivindicaciones territoriales como un mero ‘nacionalismo de los ricos’.

Las demandas territoriales no pueden reducirse pues a un solo factor que se comporte siempre del mismo modo. Los múltiples casos y factores que son presentes señalan que la principal característica de estos movimientos es su gran variedad. Así, no podemos reducir el fenómeno de las reivindicaciones nacionales a unos territorios ricos – relativamente-  en relación con el estado, orientados hacia posiciones de derecha o incluso de extrema derecha, y que articulan unos intereses egoístas a través del oportunismo político. Esta descripción, que encontramos con cierta frecuencia en el debate público, no se sustenta pues por la evidencia empírica que nos señala más bien una gran variedad de situaciones, similar a la que podemos encontrar a nivel de los estados. En este sentido es importante que desde la academia el análisis y difusión de resultados científicos sean rigurosos y contribuyan en un debate público de calidad que nos ayude a entender mejor nuestras realidad sociales.