Verdad, bondad y utilidad. Son las tres condiciones o filtros que el filósofo griego Sócrates establecía a la hora de medir si una información o un hecho debía producirse. Estas mismas preguntas deberíamos hacernos ante la modificación de la ley 20/1998 de Ordenación de los Transportes Terrestres que quiere el Gobierno de la Comunidad de Madrid para oponerse al Decreto Ábalos 13/2018 y colocarse al servicio de inversores muy cercanos y de tres multinacionales de VTC. Las preguntas serían: ¿es verdad lo que dicen para justificarlo? ¿es bueno lo que quieren hacer? y, sobre todo, ¿es socialmente útil esta reforma?

¿Es verdad? El PP en su discurso, como tantas otras veces, dice lo contrario de lo que pretende hacer: proteger al taxi. Pero en realidad lo que hacen es quitar toda limitación a la competencia desleal que realizan los VTC. El sector de las VTC tradicional ha estado regulado, hasta que llegó lo que se conoce como la "uberización" que pretende romper toda regla de juego establecida. El aterrizaje agresivo de multinacionales extractivas (Uber, Cabify, Bolt...) en el sector de la movilidad descapitaliza a la economía de un país y afecta a su soberanía: son empresas depredadoras que no pagan o pagan pocos impuestos en el país y actúan contra el interés general de la sociedad. Es una cruel ironía que Ayuso se llene la boca hablando de madrileñismo cuando socava la regulación del taxi de Madrid para premiar a empresas extranjeras.

No es verdad, por tanto, que se salvaguarde al taxi. La apuesta decidida del Gobierno de Ayuso por la uberización significa: competencia desleal, captación ilegal de pasajeros y elusión fiscal. No existen requisitos como la precontratación, definir captación y no permitir conducta activa, obligación de tener vehículos ecológicos y un porcentaje de vehículos adaptados a personas con discapacidad ¿Cómo va a sobrevivir el taxi que tiene una estricta regulación, incluidas las tarifas, si se permite el dumping de precios y barra libre a la actuación de los VTC?

Es mentira que quiera proteger al sector del taxi si no se regula el régimen sancionador y se deja para un Reglamento posterior. Ahora no se está controlando nada: hay pocos inspectores y técnicos dedicado a esta función, lo que equivale a no disponer de una Inspección realmente operativa y a un sistema sancionador disuasorio. Sin ello, se está apostando por la ley de la selva y por la impunidad absoluta.

¿Es bueno? No lo es si se atenta contra un servicio público de interés general y social como es el sector del taxi, tal y como lo ha declarado el mismo Tribunal Supremo. Como tampoco es bueno que se acose a un servicio de alta calidad: el taxi de Madrid está a la cabeza en los ránkings internacionales.

En la Comunidad de Madrid hay 15.974 taxis y 8.361 VTC (la mitad de toda España) realizando servicios urbanos. No puede ser bueno romper la regla de la proporcionalidad de 1:30 que establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y que ha sido ratificada por sentencia del Tribunal Supremo de 2018.

¿Cómo va a ser buena una norma que rompe la convivencia que venía existiendo entre el taxi y los VTC antes de la irrupción salvaje de las multinacionales? No es positivo un modelo que no asegura unas relaciones pacíficas entre el taxi y las VTC y que puede derivar en tensiones laborales, sociales y ciudadanas.

¿Es útil? No puede serlo si avanza en el desmantelamiento de lo público y desordena las normas de funcionamiento. Hasta la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha llegado a decir que el modelo de "uberización" no es positivo, por lo que significa de desregulación laboral, precariedad y falta de responsabilidad social y fiscal de las empresas. Por ello, la OIT exige regular la protección de los trabajadores de las consecuencias que tienen estas plataformas digitales y empresas que transforman negativamente el mundo del trabajo.

Es inútil para mejorar el servicio que prestan a la ciudadanía, porque de la competencia desequilibrada no sale ni un mejor servicio ni una mejora de las tarifas. El modus operandi de las grandes multinacionales que aspiran a conquistar la hegemonía de un sector es, primero, tirar los precios y dispararlos una vez conquistado el mercado y suprimida la competencia.

Es una barbaridad para el objetivo de la descarbonización el impacto de 8.361 VTC campando a sus anchas y sin rumbo en las ciudades a la búsqueda de clientes. En Madrid los taxistas ya están obligados a usar coches ECO o Cero, no así los VTC que pueden seguir con los diésel. Están adaptados al Plan de Movilidad Sostenible el 80% de los autotaxis y solo el 27,2% de los VTC. El mismo Ayuntamiento de Madrid en su Plan 360, afirmaba que "el servicio de taxi es menos contaminante que el VTC" (NOTA 2).

Desde el punto de vista formal, es un atropello que el Gobierno de Madrid plantee aprobar esta ley por el procedimiento de lectura única y en poco más de una hora de debate. Sin tramitación parlamentaria, sin posibilidad de enmiendas, sin un debate real pormenorizado, una aprobación a la carrera y de trabucazo. Impresentable. La democracia son tanto cuestiones de fondo como formales y el Gobierno de Ayuso está abusando de la aprobación de urgente de leyes a pesar de su mayoría y de la complicidad habitual de la ultraderecha.

Para imponer este abuso, el Gobierno de Ayuso intenta dividir al sector. Utiliza para ello el señuelo de unas supuestas negociaciones de un reglamento con algunas asociaciones que se están descolgando de movilizaciones como la del 1 de junio, demostrando que no están a la altura para defender a sus asociados en momentos tan críticos.

El Partido Popular es especialmente ingrato al abandonar a su suerte al taxi. Un colectivo profesional y humano que siempre ha estado presente en los momentos más críticos para ayudar a la ciudadanía. Ha recolocado a muchos trabajadores despedidos de otros sectores, ha realizado transportes gratuitos en situaciones como la pandemia, Filomena y ha sido solidario con las víctimas de la guerra de Ucrania. Dicen las propias asociaciones del taxi, que muchos de los trabajadores actuales de los VTC podrían ser absorbidos por el sector, dejando de depender de las multinacionales.

No nos extraña está agresividad contra el taxi para defender los intereses de un pequeño grupo de inversores cuando recordamos que este mismo Gobierno despreció las demandas de los 16 días de huelga del sector del taxi de 2019. O cuando vemos que Ayuso aparece posando como una comercial de Uber con un coche forrado de musgo en una vergonzosa operación de greenwashing. Siempre el mismo aroma a prevaricación. Solo la movilización del sector, la solidaridad que logre alcanzar en la ciudadanía y la lucha en los tribunales podrá parar esta auténtica puñalada trapera a las más de 20.000 familias, a las que se pone en peligro con esta ley antisocial. El taxi es público y se debe preservar.

NOTAS:

1. https://es.euronews.com/2021/02/23/la-oit-advierte-de-los-riesgos-de-la-uberizacion-del-mundo-laboral
2. https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/10122435/10/19/El-servicio-del-taxi-menos-contaminante-que-el-VTC-segun-el-Plan-360-del-Ayuntamiento-de-Madrid-.html