Otras miradas

¿Hubo crímenes franquistas después de Franco?

Alfredo González-Ruibal

Miembros del Gobierno de Adolfo Suárez aplauden, de pie, tras haber sido aprobada la proposición de Ley sobre Amnistía en octubre de 1977. EFE

Una cosa a la que le damos bastantes vueltas los que nos dedicamos a la historia es cuándo se acaba un determinado período. Y me parece que a veces transmitimos una impresión errónea al fijar fechas: la Edad Media acaba en 1453 o 1492, la historia contemporánea en 1789. Las fechas sirven para orientarnos. Pero la historia realmente no funciona así. De hecho, existen muchas historias en la historia y sus cronologías no siempre coinciden.

Esta reflexión viene al hilo del revuelo que ha provocado la nueva ley de memoria democrática, que acepta la existencia de crímenes del franquismo hasta 1983. Ocho años después de que muriera Franco ¿Es mucho? No, no lo es. Una de mis obras historiográficas favoritas es La Persistencia del Antiguo Régimen, de Arno Mayer (1981). El autor demuestra que ese régimen que supuestamente llegó a su fin en 1789 sobrevivió de múltiples maneras... hasta 1914. Y posiblemente se quedó cortó.

No todo cambia al mismo tiempo. Hay cosas que se transforman de la noche a la mañana con un cambio de régimen, como la jefatura de Estado: teníamos un dictador, tenemos un rey. O las leyes: el partido comunista era ilegal el 17 de noviembre de 1976 y legal al día siguiente, tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política.

Hay otras cosas que continúan funcionando un tiempo después de un cambio de régimen: las cortes franquistas se disolvieron el 30 de junio de 1977, dos años y medio después de la muerte de Franco. Y la Brigada Político-Social, la policía secreta de la dictadura, únicamente lo hizo dos días antes de la promulgación de la Constitución: el 4 de diciembre de 1978. Lo que ocurrió entonces fue, fundamentalmente, una sustitución del nombre.

Porque los cambios jurídicos e institucionales no implican necesariamente alteraciones profundas. Dos cosas, en concreto, tardan muchísimo en cambiar en la historia: las infraestructuras de poder y las mentalidades. La inercia es todavía mayor cuando no se produce un reemplazo rápido y sistemático de quienes desempeñan cargos de responsabilidad.

Y eso es lo que sucedió en muchos ámbitos en España y concretamente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: Roberto Conesa, colaborador de la Gestapo, famoso por sus métodos de tortura y por la detención de las Trece Rosas, siguió en puestos de responsabilidad en la Brigada Central de Información (heredera de la Brigada Político-Social) hasta 1979. Cuatro años después de la muerte de Franco. A su discípulo, el torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, no se le trasladó de la Brigada hasta 1981.

El primer gobierno socialista (1982-1986) también recurrió sistemáticamente a los cuadros de la Brigada Político-Social: personajes como José María Escudero, Benjamín Solsona, Antonio Garrido o Raimundo Maestro que trabajaron para la policía secreta franquista en labores de represión política continuaron sus carreras en puestos de dirección en distintas circunscripciones. Es difícil que pueda existir una transformación profunda y radical de las instituciones si siguen al mando los de siempre.

Con la persistencia de los actores, persisten las mentalidades. Porque sería extraño que cargos policiales bregados en el franquismo y que nunca expresaron rechazo al régimen mostraran un celo extraordinario en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Los crímenes de Estado y los cometidos o amparados por fuerzas de seguridad durante la Transición demuestran que la tradición de impunidad heredada del franquismo continúo operando largo tiempo.

En cualquier caso, creo que lo de menos en este asunto es cómo llamemos a los crímenes de Estado en España en los años 70 y 80: represión franquista, posfranquista, transicional o democrática. Eso es, en todo caso, un debate de historiadores. Lo importante es que los crímenes de Estado son crímenes de Estado: intolerables en democracia. Al portavoz de Ciudadanos, Edmundo de Bal, le parece, sin embargo, que al investigar los crímenes del franquismo hasta 1983 se "traspasa cualquier límite moral", algo que le resulta "repugnante" y "asqueroso". Me cuesta entender por qué investigar casos de tortura, asesinato y desaparición forzada, que podrían conceptualizarse como crímenes de lesa humanidad y que serían por tanto imprescriptibles, ha de suponer la transgresión de un límite moral. Personalmente creo que quienes transgreden límites morales son quienes cometen esos crímenes. También quienes los siguen defendiendo o encubriendo.