Otras miradas

El Gobierno conservador británico quiere terminar la tarea que Thatcher empezó

Pablo Sánchez

Responsable de campañas de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU)

Enfermeras sostienen pancartas durante una huelga en Londres, Gran Bretaña, a 18 de enero de 2022. -REUTERS
Enfermeras sostienen pancartas durante una huelga en Londres, Gran Bretaña, a 18 de enero de 2022. -REUTERS

A principios de la semana pasada, tras meses de rumores y especulaciones, el secretario de Transporte conservador, Grant Shapps, esbozó finalmente un nuevo proyecto de ley que impondría niveles mínimos de servicio en sectores clave para le economía durante las huelgas.

Este proyecto de ley draconiano eliminaría, de facto, el derecho de huelga de millones de personas trabajadoras y reduciría la eficacia de las huelgas legales.

A pesar de haber sido redactada específicamente para los sindicatos del transporte, como el RMT (principal sindicato del metro y de los trenes del país), que han liderado la oleada de huelgas en Gran Bretaña, esta legislación representa una amenaza para todo el movimiento obrero británico.

Este proyecto de ley otorga al Gobierno británico amplios poderes ejecutivos para vulnerar los derechos sindicales y democráticos fundamentales en Gran Bretaña.

Entre otras cosas el proyecto recorta el derecho de huelga y debilita la protección contra el despido improcedente y la libertad de asociación. A la vez que afecta a amplias franjas del mercado laboral, incluidos los servicios sanitarios, los servicios de bomberos y rescate, los servicios educativos y el transporte.

Con pocos detalles o salvaguardias legales a primera vista, el proyecto de ley otorga a los ministros de turno poderes contundentes para establecer "niveles de servicio mínimos " no especificados durante la huelga, lo que socava los acuerdos existentes. Pero, sobre todo, retira la protección a las personas trabajadoras que ejercen su derecho a la huelga. Esto podría suponer el despido por participar en una huelga legal. Visto que en la mayor parte de los sectores anunciados el patrón es el estado (educación, salud, bomberos) le da al gobierno el poder de imponer fuertes servicios mínimos y sancionar a los huelguistas a la vez.

El proyecto de ley intenta otorgar al Estado poderes sin precedentes para dictar las relaciones laborales sin apenas restricciones. La falta de detalles y de garantías jurídicas para los trabajadores es alarmante. En suma, acerca al Reino Unido a un modelo parecido a los Estados llamados iliberales de Europa del este. La propuesta llega a otorgar al secretario de Estado el poder de "enmendar, derogar o revocar las disposiciones adoptadas por o en virtud de la legislación primaria aprobada antes de esta ley o posteriormente en la misma sesión del parlamento que esta ley".

Los objetivos y poderes del proyecto de ley facultarán al Estado para vulnerar los derechos de la ciudadanía británica. Los intentos del Gobierno de apresurar la aprobación de este proyecto de ley en el Parlamento con plazos reducidos y un tiempo mínimo para el escrutinio, el debate y la consulta muestran la voluntad de aplastar al movimiento huelguístico que sacude ahora mismo al país.

Crisis en la salud pública

El Comité de Sanidad y Asistencia Social de la Cámara de los Comunes informó el pasado julio de que el sector sanitario se enfrentaba a la mayor crisis de personal de su historia. El Comité señaló que "lo más deprimente para muchos de los que trabajan en primera línea es la ausencia de una estrategia creíble para los retos que se presentan" y pidió al Gobierno que "deje de fotografiar el problema y se ocupe de él".

La legislación anti-huelga no aborda estos problemas: no acortará las listas de espera, no aumentará los salarios, no resolverá los problemas de contratación o retención ni reforzará la prestación de servicios. Sólo empeorará las relaciones laborales y reducirá la posible buena voluntad en la negociación. De hecho, en una polémica entrevista el primer ministro se negó a responder si acudía al sistema de salud público británico. Está claro que el actual Gobierno no tiene ninguna intención de 'arreglar' el famoso NHS (National Health System) y que sí tiene la voluntad de acabar el trabajo que Thatcher no pudo finalizar, liquidar los derechos de las personas trabajadoras.

De hecho, cuando el Gobierno intenta imponer un servicio mínimo no negociado sabe muy bien que está poniendo otro obstáculo más en la difícil carrera de los sindicatos británicos para convocar una huelga.

El Gobierno sabe muy bien que cuando los trabajadores de ambulancias se pongan en huelga, hay disposiciones de cobertura de emergencia (los famosos servicios mínimos). Estos acuerdos son elaborados por cada dirección general (Trust) a través de negociaciones con los sindicatos y se benefician de la experiencia y los conocimientos de los representantes sindicales locales y los gestores locales, que tienen un conocimiento detallado de las necesidades operativas diarias de sus servicios. Los acuerdos sobre cobertura de emergencias a nivel local son más flexibles que un acuerdo nacional, ya que se adaptan para reflejar la diferente distribución las necesidades de la población. El argumento del Gobierno solo es comprensible desde su necesidad de buscar un chivo expiatorio a sus problemas internos. Y el movimiento obrero es el enemigo ideal para los tories ahora que ya no pueden culpar a Bruselas de todos sus males.

Un pequeño recordatorio: para poder convocar huelga en el Reino Unido es necesario enviar por correo postal la propuesta de convocatoria a todos los trabajadores concernidos y que más del 50 del total apoye la convocatoria para que la consulta sea válida

La capacidad de los sindicatos para organizar acciones sindicales legales es esencial para una negociación colectiva eficaz. Garantiza que los empresarios se tomen en serio las opiniones de los trabajadores y entablen negociaciones genuinas y significativas. Cuando las negociaciones son infructuosas, los sindicatos pueden decidir organizar una votación para la acción sindical. Las votaciones son importantes porque concentran la atención de los empresarios y demuestran la fuerza del sentimiento de los trabajadores. La huelga es siempre el último recurso de los sindicatos.

Los trabajadores se movilizan a costa de su propio salario, cosa no baladí en medio de una crisis de coste de vida donde millones de personas no llegan a fin de mes en todo el continente. Los sindicatos y sus miembros tienen en cuenta todas estas cuestiones cuando votan a favor de la huelga y actúan con responsabilidad a la hora de decidir si hacerla o no. Los sindicatos siempre tendrán en cuenta el coste económico, especialmente para los trabajadores con salarios más bajos, a la hora de emprender cualquier tipo de acción. Pensar, como plantea el Gobierno, que los sindicatos son una panda de vagos que no quiere trabajar no es sólo falso, además es una bofetada en la cara a millones de personas que permiten que nuestras sociedades funcionen de una manera mínimamente civilizada.

El modelo europeo como ejemplo

Y todo esto pese a que el Reino Unido ha ratificado las Convenciones de la OIT sobre libertad de asociación y derecho a huelga, incluso la Convención Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa cuyo artículo 11 reconoce el derecho a huelga. De hecho, esta convención es la única referencia jurídica del ordenamiento legal británico sobre dicho derecho. No existe el derecho a huelga como derecho constitucional (al no tener constitución es necesaria una ley que lo explicite que hoy por hoy no existe).

Y para más inri, en el sumun del cinismo político, el Gobierno conservador británico alude a la necesidad de acercarse a Europa para introducir dicha legislación. Cualquier persona con un mínimo de conocimiento de derecho laboral sabe que estas medidas van a empeorar el ya de por sí hostil marco jurídico antisindical de Gran Bretaña

El Gobierno ha intentado defender sus propuestas alegando que los servicios mínimos se utilizan en otros países. Este argumento fue calificado de "falso" por el conservador Lord Balfe, quien destacó un estudio realizado por el Instituto Sindical Europeo que mostraba que el Reino Unido era mucho más restrictivo con los derechos sindicales que otros países europeos.

El nuevo secretario general de la confederación sindical británica (TUC) , Paul Nowak, ya ha anunciado que van a combatir dicha medida tanto judicial como socialmente y el 1 de febrero organizan una primera jornada de lucha de todo el movimiento sindical. Esperemos que la respuesta sea contundente porque sería mala idea confiar sólo el sistema judicial británico para la defensa de los intereses de la clase obrera.

Esta semana el diputado nacionalista escocés Alan Brown citando al autor de este artículo describió la propuesta del Gobierno británico como una gilipollez (Bollocks!). Sólo podemos darle la razón.

Este ataque del Gobierno a los sindicatos británicos debe ser una alerta para todos los sindicatos europeos de lo que amplias capas de la derecha conservadora piensa de las organizaciones sindicales y los derechos fundamentales.  Es la hora de la solidaridad y de como dice el refrán 'cuando veas las barbas del vecino cortar...'