Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) más de 23.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo Central desde 2014, siendo una de las rutas migratorias más mortíferas del planeta. Esto es consecuencia - al igual que las muertes en Frontera Sur y en otras fronteras de Europa- no sólo de la obstaculización al acceso seguro de las personas migrantes y a la falta de vías legales y seguras para entrar en Europa, sino de la militarización, abuso de fuerza, violencia, brutalidad de las fronteras y el incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.

El domingo 26 de febrero, una embarcación en la que viajaban más de 200 personas migrantes – desde el puerto de la localidad Smirne, en Turquía- naufragaba en la costa sur de Italia. Al menos 58 personas perdían la vida y sus cuerpos eran localizados este domingo en la región de Calabria, después del naufragio de la embarcación, 80 personas eran trasladadas a una playa de la localidad de Cutro (provincia de Crotone) donde fueron atendidos por los servicios de emergencia.

El diario italiano La Reppublica afirmaba que las autoridades italianas sabían de la existencia de esta embarcación desde el sábado, siendo avisadas por un helicóptero de una patrulla de la agencia Frontex. Después de dicho aviso, un dispositivo salió en la búsqueda de la embarcación, pero debido a las condiciones del mar y la oscuridad abandonaron las operaciones y exigieron a sus agentes regresar. Juan Matías Gil, responsable de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el área del Mediterráneo Central afirmaba el lunes en unas declaraciones a Cadena Ser que Italia, siendo consciente de la embarcación, mandó a la guardia de finanzas, cuyas naves no estaban preparadas para el rescate, pero podía haber enviado al operativo de guardia costera, que sí está preparado para dichas operaciones. Afirmaba, el responsable, que, poner trabas a las organizaciones que contribuyen, y focalizar el problema en limitar la acción de las organizaciones contribuye generando más muertes, y supone una tergiversación de la realidad con fines políticos, sin poner la vida de las personas en el centro. "Seguramente hay una fuerte negligencia en la Unión Europea al tratar este tema. Las personas mueren cada semana en los últimos 10 años, no podemos pensar que el problema se va a solucionar sin crear vías legales para acceder y un mecanismo de rescate con el claro mensaje de salvar vidas". Como señalaba en su cuenta de Twitter el barco Iuventa, el barco había partido de Smirne, y en aras de evitar una expulsión o devolución en caliente por parte de los guardacostas griegos, se dirigieron a Italia, en vez de a las Islas del Egeo.

De acuerdo con un artículo publicado por la periodista Annalisa Camilli en el diario italiano Internazionale el día 27 de febrero "según un comunicado de la policía financiera, el barco había sido avistado por un avión de Frontex la tarde anterior al hundimiento, el sábado 25 de febrero, alrededor de las 22.30 horas. Según Sergio Scandura de Radio Radicale, dieciséis horas antes del avistamiento de Frontex, el centro de operaciones de la guardia costera italiana ya había dado la alarma, pero sin dar las coordenadas del avistamiento. Luego durante la noche habían intervenido dos lanchas de la policía financiera, pero habían tenido que regresar por el mal tiempo. Muchos analistas se preguntan por qué los medios de la guardia costera no han intervenido. Para Scandura, de la nota de prensa de la policía financiera se deduce que los náufragos habían sido considerados migrantes irregulares y por tanto se decidió un operativo policial, no un verdadero operativo de rescate. Un cambio de enfoque en comparación con el pasado, cuando los vehículos de emergencia de la guardia costera y la policía financiera intervenían a menudo en el tramo de la costa de Calabria, incluso a muchas millas de la costa".

Las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente de personas migrantes son prácticas ilegales, violentas, sistemáticas y generalizadas por todo el territorio europeo. Se trata de expulsiones que se practican por las autoridades o fuerzas de seguridad estatales sin el procedimiento debido, el acceso a la justicia y un proceso justo, y sin tomar en cuenta consideraciones necesarias para determinar si la persona puede optar al estatus de refugiado. Estas prácticas vulneran el principio de no devolución o "non refoulement" instituido en la Convención de Ginebra de 1951 o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y han sido llevadas a cabo de forma sistemática y en la mayoría de los casos impune por numerosos estados de la UE, como España, Grecia, Italia, Croacia, Bulgaria o Macedonia del Norte. Siendo prácticas muy frecuentes, el barco que naufragó el domingo en las costas italianas, pretendía evitar la expulsión de los guardacostas griegas. A la luz de la violencia, el abuso de fuerza, la ilegalidad y la injusticia mediante los que se ejercen estas prácticas, las personas pretenden evitar estos canales y recurrir a otros – muchas veces más peligrosos- para acceder a Europa. Por ende, la falta de vías legales para el acceso seguro, la restricción y securitización de las fronteras, generan más muerte.

A la luz de lo anterior, y como evidencia de la sistematicidad de estas prácticas, en julio del año pasado, el grupo de investigación Forensic Architecture mostraba en que, durante los 2 últimos años, más de 1.000 devoluciones en caliente se habían llevado a cabo en el Egeo, lo que incluía 11 personas muertas y 4 desaparecidas, y 26 casos grabados en los que las personas eran arrojadas directamente al mar a manos de los guardacostas griegos, sin ningún dispositivo de flotación. En 2 de los casos, las personas habían sido encontradas con esposas, y entre todas las devoluciones, se habían registrado 16 "devoluciones a la deriva" lo que supone que las personas solicitantes de asilo fueron interceptadas en aguas griegas, antes de ser trasladados a la frontera y abandonados a la deriva.

También en julio, un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) señalaba que Frontex había pagado con dinero europeo algunas de las devoluciones ilegales de personas migrantes en el Egeo, y se proporcionaban pruebas detalladas de las vulneraciones de derechos humanas cometidas por Grecia, demostrando que Frontex conocía este accionar desde el inicio. De hecho, en el informe se afirma que "En lugar de evitar las devoluciones, Leggeri (anterior director ejecutivo de Frontex) y su gente las encubrieron. Mintieron al Parlamento de la UE y ocultaron el hecho de que la agencia incluso apoyó algunas devoluciones con dinero de los impuestos europeos".

Las estrategias de secUritización, militarización de las fronteras, criminalización de las personas migrantes y de la solidaridad de los barcos de rescate en el Mediterráneo forman parte de una dinámica estructural y generalizada en Europa para impedir el acceso de ciertas personas migrantes. La discriminación, el racismo, la xenofobia, el clasismo y los discursos de odio son algunos de los factores que influyen en las estrategias de selección o exclusión de la población migrante deseable o indeseable para los gobiernos de la Unión.

Mientras se facilita, permite e incluso incentiva el acceso de ciertas nacionalidades y personas con ingresos altos, a través de permisos especiales y visas – que tienen en cuenta criterios imposibles de cumplir para gran parte de las personas que migran desde el Sur global- o se han generado condiciones favorables a la recepción de las personas solicitantes de asilo procedentes de Ucrania, para la mayoría, el intento de entrada en la Europa Fortaleza supone arriesgar la vida, y en muchos casos, ni siquiera poder llegar a la frontera.

Un día más, las fronteras se convierten en zonas de excepción y terror en las que la normativa internacional de derechos humanos no se cumple, porque las legislaciones nacionales y políticas priorizan la "seguridad" de sus nacionales – en torno a discursos securitistas y de criminalización- frente a la vida de las personas que migran. En Europa, la muerte de las personas migrantes en el Mediterráneo se representa como cotidiana por parte de muchos medios de comunicación y una parte de la sociedad. Cuando las muertes son de personas procedentes de ciertos lugares, parece doler o importar menos. Aquí opera de nuevo la categorización racista y elitista, y la jerarquización entre migrantes, y la indiferencia o solidaridad con unas personas u otras, según su origen nacional y su color de piel. La hipocresía de la "solidaridad" cuando esta es selectiva y excluyente, que se abandera del respeto a los derechos humanos cuando le conviene, no puede distar de la verdadera protección de los derechos y la solidaridad, que no es sólo con unos, sino con todos los que atraviesan una situación discriminatoria de sus derechos.

La estrategia de la criminalización opera desde marcos muy diversos. Por un lado, a nivel legal, en Italia, en el mes de febrero, el Ejecutivo de Giorgia Meloni aprobaba en el Parlamento un decreto que pretende obstaculizar las labores de rescate de migrantes en el mar, por medio de multas o incautaciones a las ONG y embarcaciones que realizan los rescates. El decreto dictaba que las ONG habrían de requerir un puerto de desembarco de forma inmediata, desde que realizasen el primer rescate, previniendo que pudieran socorrer a varias embarcaciones, exigiendo que fueran las propias ONG las que recojan en el barco los datos de las posibles solicitantes de asilo, información que deberían entregar al país para ser tramitada, y estipula multas administrativas de hasta 100.000 euros para quién no cumpliese. Esta norma, pasará al Senado, donde se prevé que se vote y discuta el día 2 de marzo.

Como afirmaba Matteo de Bellis, investigador del área de migración de Amnistía Internacional "Estas medidas están claramente diseñadas para obstaculizar a las ONG que llevan a cabo misiones de búsqueda y rescate para salvar vidas en el Mediterráneo central. Esto forma parte de un esfuerzo por garantizar que el mayor número posible de personas sean interceptadas por guardacostas libios y devueltas a Libia, donde se enfrentan a detención arbitraria y tortura". "Esta nueva legislación – en combinación con la práctica de los "puertos distantes" obliga a los buques de las ONG a desembarcar a las personas rescatadas en puertos muy alejados de los lugares donde habitualmente se llevan a cabo los rescates – lo que tiene como consecuencia un aumento del riesgo de provocar más muertes en el mar. Esto conllevará un mayor sufrimiento para los supervivientes de los naufragios y una mayor criminalización de la labor legítima de los defensores de derechos humanos".

Por otro lado, en el ámbito judicial, existen actualmente numerosos casos judiciales abiertos contra embarcaciones y ONG de los que se extrae la criminalización de la solidaridad y el rescate a personas migrantes en el mar. En Italia, 4 miembros de la tripulación del barco Iuventa y 17 de MSF y Save The Children, se enfrentan actualmente a la criminalización judicial, en un procedimiento que se encuentra todavía en la fase preliminar. Como señala Inés Marco, del equipo de comunicación del Iuventa, la principal acusación a la que se enfrentan es "contribuir y ayudar a la migración no autorizada" con una condena que podría llegar hasta 20 años de cárcel y 15.000 euros por persona rescatada. La tripulación del Iuventa rescató a más de 14.000 personas durante 2016 y 2017, en un contexto marcado por la creciente securitización, militarización y externalización de las fronteras europeas. "La ola de criminalización del 2017-2018 en Italia, que incluye la investigación y confiscación del Iuventa, tuvo como objetivo vaciar el espacio de ONGs para hacer efectivo el acuerdo con Libia, firmado en febrero del 2017. En julio de 2018 ningún barco de ONG seguía operativo. Desde la firma de este acuerdo, los llamados guardacostas libios han expandido su campo de operaciones, financiados y entrenados por Italia y la UE. A día de hoy, los gobiernos europeos coordinan devoluciones en caliente con la colaboración de Frontex y los llamados GuardaCostas Libios. Mientras tanto, el gobierno italiano sigue pasando decretos cuyo único objetivo es impedir el trabajo de las ONGs. El resultado; más devoluciones a Libia, donde ya se han probado crímenes contra la humanidad contra personas migrantes, y más asesinatos en el mar, como el que ocurrió ayer en Calabria. Ellos son los criminales, pero los que se sientan en el banquillo de los acusados son las personas migrantes y aquellas que se solidarizan".

En Grecia, comenzaba en enero el juicio frente a Sarah Mardini y Séan Binder, entre otros defensores de derechos, por trabajar en el rescate de personas migrantes, un procedimiento que, según Human Rights Watch "está plagado de defectos procesales que socavan sus derechos al debido proceso y a un juicio justo. Los cargos se basan en un informe de la policía griega que contiene flagrantes errores de hecho, incluidas afirmaciones de que algunos de los acusados participaron en misiones de rescate en varias fechas cuando no estaban en Grecia. El informe hacía referencia a comunicaciones entre trabajadores humanitarios que la policía vigilaba en fechas fuera del marco de tiempo de su orden judicial". Son más de 20 los acusados que se enfrentan a este procedimiento en Lesbos, y un informe del Parlamento Europeo identificaba el caso como "el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa".

En España, entre los casos más destacados sobre criminalización de solidaridad, destaca la criminalización contra la defensora de derechos humanos Helena Maleno, que en los últimos años se ha enfrentado a distintos episodios de criminalización policial por parte de autoridades marroquíes y españolas. De hecho, en diciembre de 2021, la OMCT (Organización Mundial contra la Tortura) publicó el informe "Europa: Cerco a la Solidaridad" en el que se investigan los patrones de criminalización a través del hostigamiento, acoso y tortura a las personas defensoras de derechos de las personas migrantes. Este informe, realizado por la OMCT y la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) detectaba 3 patrones recurrentes y sistemáticos en los procesos de tortura contra las personas migrantes y las defensoras de sus derechos: la intensificación de mensajes y discursos de odio, la obstaculización de la labor de las defensoras, y la persecución y criminalización penal. Como señala la organización Caminando Fronteras, "El caso de Helena Maleno es el más conocido de criminalización a la solidaridad dentro de España, pero la suya se suma a otras decenas de historias similares en otros países europeos, como la condena de 13 años de cárcel para el ex-alcalde Domenico Lucano por sus acciones de acogida de migrantes en el sur de Italia, o la criminalización como traficantes de siete guías de montaña en Francia y Suiza por asistir a personas migrantes bloqueadas en la nieve en pleno invierno".

A la luz de las estrategias legislativas y judiciales de criminalización y obstaculización, no sólo del acceso de las personas migrantes, sino de la defensa de sus derechos por parte de organizaciones y defensoras de derechos humanos, observamos un escenario absolutamente restrictivo para los derechos de las personas migrantes. La consecuencia directa de las políticas migratorias sin un enfoque de derechos humanos y que no priorizan la vida y seguridad no es sólo la dificultad para el acceso, sino la muerte de las personas migrantes.

En España, esto se refleja en informes como el Balance Migratorio, realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que muestra que, al menos 1.901 personas perdieron la vida el pasado año, habiendo descendido las llegadas en un 23%. Igualmente, en julio, Caminando Fronteras documentaba 978 muertes en Frontera Sur y denunciaba que "La militarización del control migratorio ha ido escalando en la aplicación de acciones que atacan de forma sistemática los derechos humanos de las personas migrantes". En Italia, distintos medios y organizaciones reportan la muerte y desaparición de más de 1.300 personas migrantes en el intento de llegar a puertos italianos.

Como revelaba un informe de la OIM en noviembre de 2022, más de 5.600 muertes de personas migrantes se produjeron en las rutas migratorias hacia Europa y dentro del territorio comunitario desde principios de 2021 hasta finales octubre de 2022. La autora de informe, Julia Black, destacaba que desde el 2014 hubo constancia de más de 29.000 muertes en los trayectos hacia Europa y que "estos continuos fallecimientos son otro sombrío recordatorio de que se necesitan desesperadamente más vías legales y seguras para la migración". En el informe se aludía a que, desde el año 2021 hasta el 24 de octubre de 2022, el estudio registró al menos 2836 muertes y desapariciones en la ruta del Mediterráneo Central, una cifra que supone un aumento en comparación con las 2262 muertes contabilizadas en el periodo 2019-2020. En la ruta de África Occidental-Atlántica a las Islas Canarias, en España, se documentaron 1.532 muertes, el mayor número de fallecimientos registrado desde que la Organización comenzó a documentar los decesos en 2014. Como denuncia el Informe "Más allá de un fallo estructural a la hora de proporcionar vías seguras de migración, los registros del Proyecto muestran que muchas de las muertes en las rutas migratorias hacia los países de destino en Europa podrían haberse evitado con una asistencia rápida y eficaz a los migrantes en apuros".

Las políticas migratorias injustas y sin un enfoque de derechos humanos, que priorizan la securitización y militarización generan muerte y desprotección. La tragedia de este domingo en Italia es una muestra más de ello. Es urgente cambiar el enfoque, no sólo a nivel nacional sino europeo, y generar políticas dignas, justas y que se ajusten a la normativa internacional en materia de derechos humanos. Esta Europa no sólo es insolidaria e injusta, sino que incumple sus obligaciones básicas de derechos humanos. Es hora de cambiar el rumbo y poner la vida y dignidad de las personas migrantes como prioridad, tanto en frontera, en el mar, y el interior del territorio.