Es paradójico que en un país como España con una alta producción legislativa hasta ahora no se haya conseguido tramitar una ley para regular el derecho a la vivienda desde la función social de la propiedad, y no desde la función económica que durante décadas ha servido para desarrollar normas urbanísticas, leyes de suelo y políticas económicas.

El viernes 14 de abril se conoció la noticia del acuerdo de gobierno para la tramitación de lo que será la primera ley de vivienda del Estado español.

El lingüista norteamericano George Lakoff, en su obra fundamental No pienses en un elefante decía que los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo y que son capaces de moldear nuestra manera de actuar, expectativas y planes de futuro. La nueva ley de vivienda puede ser el marco estructural que genere un cambio en el marco mental social para dejar de ver la vivienda como bien especulativo y de extracción de rentas en el mercado del más fuerte.

El texto acordado no sólo establece medidas de protección a las personas residentes y normas más transparentes en las operaciones de arrendamiento, sino que fija los cimientos de una verdadera política de vivienda con fines sociales a largo plazo. Creación de parques públicos de vivienda y de un fondo de vivienda asequible, incremento de reservas de suelo para vivienda social, reservas obligatorias para alquiler, prohibición de descalificar las viviendas protegidas, nueva figura de vivienda incentivada como campo ideal para la cooperación público-privada en materia de alquiler asequible y un sistema de datos públicos, fiables y accesibles del mercado del alquiler.

Una combinación de medidas estructurales y de largo plazo con medidas transitorias y en revisión constante, son la clave para que con el tiempo se pueda consolidar una política pública de vivienda de interés general. Un verdadero pilar del Estado de Bienestar.

La norma que podría ver la luz antes de las elecciones del 28 de mayo debería permitir que la región metropolitana de Barcelona, donde el 25% de la población vive en alquiler, sea declarada como zona de mercado residencial tensionado.

Una familia de la región destina de media un 51% de sus ingresos al alquiler y los suministros. El poder elegir el lugar donde quieres vivir se ha convertido en un lujo. Si ganas el equivalente a la RFBD solo puedes acceder a una vivienda en alquiler destinando menos del 35% de sus ingresos en 9 de los 160 municipios metropolitanos.

En el caso de la propiedad, ganando la renta familiar mediana el porcentaje de los ingresos para pagar la hipoteca es del 44,8%.

La vivienda como bien de contenido aspiracional incide sobre las desigualdades de acceso al territorio y la incapacidad de movilidad residencial. Los movimientos del centro hacia la periferia de la metrópoli producen segregación socioespacial hacia las zonas con los alquileres más baratos, donde se concentran los barrios con más déficits urbanísticos, la población con rentas más bajas o las tasas más altas de abandono escolar. Las políticas de vivienda pueden revertir estos fenómenos mediante una distribución equilibrada en la estructura urbana y social. Para ello se requieren marcos normativos estables, con visión de largo plazo y participativos, en lugar de regulaciones temporales, de emergencia y con visiones cortoplacistas.

El cambio de paradigma también influye en las estrategias urbanísticas de las ciudades españolas. En el Área Metropolitana de Barcelona tenemos una oportunidad irrepetible para plasmar la ley de vivienda en el territorio a través del nuevo PDU Metropolitano, que apuesta por que el parque de vivienda asequible estable llegue a suponer el 7,5% del total de viviendas principales.

A pesar de insinuar la voluntad de cambio en la protección del derecho a la vivienda, la ley no está exenta de críticas sobre su aplicación efectiva. Voceros de organizaciones activistas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas o el Observatorio DESC han expresado que el pacto anunciado tiene graves fisuras al permitir subidas encubiertas, abrir la puerta al fraude dejando fuera de la regulación los contratos de temporada y facilitando que los actores del mercado puedan esquivar su aplicación.

Los avances de la ley que ha desbloqueado el Gobierno van en la dirección correcta de una política de vivienda orientada al interés general, pero queda un amplio margen de mejora en el trámite parlamentario que escuche las demandas del movimiento por el derecho a la vivienda, para que la norma sea un verdadero pacto de consensos.

Desde el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, reconocemos en el Compromiso Metropolitano 2030 el carácter prioritario de la vivienda en la agenda metropolitana. Una de las misiones que impulsamos de cara al 2030 es que la vivienda sea asequible, eficiente y confortable para toda la ciudadanía. Se necesita la concertación, coordinación y colaboración de todos los actores involucrados en las políticas de vivienda para que la solución a este problema en el ámbito metropolitano tenga herramientas de resolución en la misma escala. El marco estructural de la futura ley de vivienda es una palanca de cambio en el marco mental de la sociedad española, y por defecto metropolitana, en relación con la vivienda. Pensar en la vivienda como bien de mercado puede comenzar a ser lenguaje del pasado. No se puede, en todo caso, pedir a la gente que deje de pensar en un elefante y después enviarla de safari.