El dumping fiscal es una política que consiste en ofrecer beneficios y reducciones fiscales extraordinarios con el fin de atraer a contribuyentes de otros territorios. Esas rebajas de impuestos captan artificialmente contribuyentes ajenos (normalmente, con elevados recursos) que desplazan su residencia formal. Detrás no hay motivos de eficiencia o de mejora de la gestión. Ni siquiera de inversión real. Solo búsqueda de ahorros tributarios.

La competencia fiscal a la baja es muy negativa para el sistema fiscal. Los territorios más ricos disponen de más capacidad recaudatoria y pueden practicar una política más agresiva que acrecienta las diferencias territoriales: las zonas más ricas acumulan a los contribuyentes más adinerados mientras los pierden las más pobres, que se quedan con la población con menos ingresos y más necesidades.

Si, a la defensiva, estas últimas se sintieran obligadas a competir igualmente a la baja, la presión iría descendiendo hasta cero y desaparecerían las figuras tributarias afectadas por esta competencia. Ello supone una grave distorsión recaudatoria porque se pierden unas fuentes de ingresos con el consiguiente deterioro de las prestaciones públicas y del efectivo disfrute de derechos básicos por parte de la ciudadanía.

En algunos países de la Unión Europea, vemos cómo se producen deslocalizaciones de empresas ante las ventajas fiscales que ofrecen Estados como Países Bajos, Luxemburgo o Irlanda. Tenemos el ejemplo cercano de Ferrovial. Son conocidas las prácticas de las grandes empresas tecnológicas que facturan en esas sedes ficticias los ingresos generados en todos los mercados: reducen su factura global de tributos a costa de los demás países que apenas consiguen recursos de estas empresas.

También en España se observan comportamientos semejantes. Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León aplican bajadas de impuestos como fórmula de estímulo fiscal.

Se argumenta que menores impuestos generan más recaudación porque estimulan la actividad económica, de acuerdo con la conocida "curva de Laffer". Son prácticamente unánimes los estudios que han desmentido reiteradamente que bajadas de impuestos hayan provocado aumentos de recaudación. En los pocos casos en que se ha producido, las causas han sido claramente otras que han coincidido en el tiempo.

Ante una bajada de impuestos, se producen dos posibles efectos. Una subida en la recaudación por la atracción de bases imponibles ajenas. Un descenso en la recaudación por la menor presión fiscal, como han demostrado todas las experiencias que refutan la curva de Laffer. En la gran mayoría de los casos, el segundo efecto predomina sobre el primero.

Los datos en España parecen reforzar esas conclusiones. Las cifras de recaudación fiscal de 2022 muestran cómo las comunidades antes citadas aumentaron menos su recaudación que el resto. Los ingresos tributarios totales crecieron de media un 14,4 %. Pero, en Andalucía, la mejora (12,2 %) fue dos puntos inferior a la media nacional; en Castilla y León (9,7 %), 4,7 puntos por debajo; en Galicia (12,2 %), 2,2 puntos menos; y en Murcia (3,1 %), 11,3 puntos por debajo de la media.

Sólo en Madrid, los ingresos se incrementan prácticamente igual que la media nacional, apenas una décima por encima. Pero, en esta comunidad, los ingresos del IRPF crecieron en 2022 un punto por debajo de la media nacional. En los del impuesto de sociedades, la distancia fue aún mayor: 4,5 puntos.

Entre 2011 y 2018, los millonarios residentes en Madrid se han ahorrado casi 6.000 millones de euros al no pagar nada por el impuesto sobre el patrimonio desde 2011, momento en el que el gobierno regional madrileño aprobó la bonificación total.

La estimación de pérdida de recaudación en el impuesto de sucesiones para 2022, según los presupuestos de la Comunidad de Madrid, era de 3.749 euros. Recordemos que los estudios atribuyen a las herencias o a las donaciones intergeneracionales el 70 % de la explicación de la desigualdad en España. Tanto la OCDE como el FMI han hecho llamamientos para utilizar los impuestos sobre las herencias, considerando que pueden ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de la riqueza.

Esta situación genera una importante distorsión entre CC. AA. En términos absolutos, el número de personas que declararon su residencia fiscal en Madrid aumentó en 6.000 en el primer lustro de exención del impuesto sobre el patrimonio, mientras que el resto de las regiones experimentaron, de media, una caída de 375 declarantes.

Si, como es el caso, se trata además de los tributos que gravan la riqueza y que afectan básicamente a la población con mayor capacidad de pago, el resultado es doblemente regresivo, restando notoriamente progresividad al conjunto del sistema. En otras palabras, las rebajas fiscales benefician fundamentalmente a los contribuyentes con elevados ingresos y muy poco a la gran mayoría.

Como vienen destacando la OCDE y otras fuentes, en España, el 10 % más rico acumula cerca del 60 % de la riqueza, mientras que el 50 % más pobre no alcanza el 10 %. El sistema tributario no puede renunciar a corregir esa situación que afecta decisivamente a la igualdad de oportunidades.

Dado que a las CC.AA. corresponden las competencias de importantes pilares del estado de bienestar, son las políticas sociales las que resultan especialmente perjudicadas. La mayor parte de la población, por tanto, apenas se beneficia de las reducciones impositivas, pero ve deteriorarse la atención a sus derechos, la calidad de los servicios públicos.

Hay un factor agravante del error de las políticas de competencia fiscal. Cada comunidad debe aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales un 75 % de lo que recaudan por los impuestos cedidos en función de su recaudación normativa, es decir, lo que se estima que deben recaudar si aplican la normativa estándar.

Debido a los recortes fiscales practicados, la recaudación real de algunas comunidades es inferior a esa aportación a la que están obligadas. Por tanto, contribuyen más de lo que recaudan. Un mal negocio.

En definitiva, el dumping fiscal no es un buen método para recaudar más, deteriora los servicios públicos y perjudica gravemente la equidad del sistema incrementando la desigualdad. Nos hace a todos más pobres. Menos, quizás, al 1 % de la población con mayores ingresos y patrimonios.