Nos vemos en la obligación de tomar la voz para intentar aclarar un debate que está adoptando tintes de absurdo, y en el que en el fondo creemos que todas las partes están de acuerdo, pero en su incapacidad de centrarse en lo importante están dejando en la estacada o al pie de los caballos a miles de personas.

Por intentar resumir la cuestión, se comienza antes del verano con una propuesta de reforma del reglamento de la Ley de extranjería que incluye un novedoso cauce de regularización sobre la base de una estancia de dos años y el compromiso de hacer un curso, llamado "arraigo para la formación". La letra suena muy bien, pero falta la música. Aun así, inopinadamente, unos sindicatos que parecía habían asumido una postura de clase social por encima de rancios nacionalismos, se oponen alegando en pocas palabras que ello es contradictorio con el impulso de la calidad en el trabajo de los españoles. Desde luego no es incompatible, y la contradicción no se aprecia sino desde perspectivas en que se pone por delante la condición de español a la de trabajador. Parece además que olvidan la evidencia manifiesta de que el peor dumping social se hace desde la desesperación que empuja a los irregulares a aceptar las peores propuestas de trabajo, y que la regularización, además de vías de entrada razonablemente accesibles, es una necesidad humanitaria y económica.

La reforma sale adelante en agosto, pero las instrucciones de aplicación hacen que se queden en un bluf: estúpidas denegaciones sin sentido por detalles de una declaración responsable que no es vinculante; miedo a chiringuitos formativos que imponen filtros estrechísimos; limitaciones que exceden en mucho a lo que ordena el reglamento; tramitaciones larguísimas en lo burocrático al tiempo que atropelladas en la falta de garantías; exigencias contradictorias; impedimentos absurdos de acceso a los que ya tienen el curso hecho o les queda poco por terminar; impedimentos de acceso a los que lo han empezado (afortunadamente superado sobre la marcha); exigencias de presencialidad obsoletas; incompatibilidad práctica de la formación con el mantenimiento de un medio de vida... y un largo etcétera que viene a añadirse a los males sempiternos de la extranjería,  la dispersión de criterios y un espíritu ultra que hace que la ilusión del comienzo se convierta en un suflé mal cocinado. Algunos veíamos una suerte de regularización bajo un nombre más digerible, pero la cosa se quedó en lo de siempre, en una pelea burocrática contra el absurdo.

Al tiempo, prospera una ILP por la regularización de los inmigrantes en situación irregular que denota la enorme sensibilización de la sociedad española, que convive con esos inmigrantes y comparte sus angustias. Los requisitos de una fórmula u otra no difieren tanto. Para nueva sorpresa y decepción de muchos los sindicatos mayoritarios no la apoyan. Aunque tampoco se atrevan a mostrar su disconformidad nos consta su oposición por los mismos motivos.

Mientras tanto, otra de las medidas estrella del nuevo reglamento hace honor estrellándose contra un muro: aun catálogo de ocupaciones de difícil cobertura realista que permita vías legales de inmigración se topa con el muro de ver de nuevo una incompatibilidad con la calidad del empleo nacional. No sé dónde han quedado los miles de estudios, tesis, argumentos, estadísticas, análisis, comentarios y razonamientos que demuestran que esa incompatibilidad no existe más que en la mente abstrusa de la ultraderecha y en la suprema estupidez del manido "efecto llamado". De nuevo unos sindicatos que renuncian a su tradición internacionalista y de clase para entregarse en brazos del más rancio "los españoles primero".

El ministro del ramo demuestra tener la mente abierta y escucha a las organizaciones de inmigrantes, y decide hacerles caso, cosa siempre de agradecer en un político, del color que sea, y anuncia corregir las instrucciones del arraigo por formación. Y de nuevo los sindicatos, de forma incomprensible, confunden churras y merinas, y oponen la formación profesional de unos a la de otros. La Ministra de Trabajo riza el rizo apoyando a éstos mientras dice que una regularización contaría con su anuencia ¡¿?! ¿En qué quedamos?

Y mientras tanto, gente que lleva entre nosotros dos, tres, cuatro o más años, siguen vagando de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, malviviendo con empleos forzados a la precariedad, bajo amenaza de expulsión ellos y de duras sanciones los empleadores, cuidando a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, recogiendo nuestras cosechas, cargando nuestras mudanzas, subiendo el butano, escondiéndose de la policía como si fueran delincuentes, vilipendiados impunemente por los odiadores de siempre. Sin cotizar, ni presentar IRPF, aunque pagando su IVA por el pan que comen. Muchos tras superar un confinamiento o una enfermedad junto a nosotros, o habiendo huido de situaciones durísimas en su origen y haberse enfrentado al rechazo administrativo, auténtica burla, de citas previas exigidas pero inexistentes.

Desde extranjeristas en red no vamos a entrar en nominalismos. Nos da igual que se llame regularización y se apruebe por una ILP, que se llame arraigo y se facilite por unas instrucciones, o que lo llamen "normalización" como ya se hizo en su día. Lo importante es lo importante, y es conceder permisos a los que están, abrir vías razonables para el futuro, compatibilizar lo que no tiene por qué ser incompatible – los derechos laborales con los derechos humanos – para hacer borrón y cuenta nueva de una legislación superada, de una administración colapsada y de una parte sustancial de la sociedad exhausta.