Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de incoherencias, tiempos de amenaza constante. Creíamos que el siglo XXI sería el tiempo de los derechos y no de olas reaccionarias que ponen en duda hasta el derecho a la vida y están detrás de terribles tragedias evitables como la ocurrida en el mar Jónico o últimamente en la ruta hacia Canarias, entre otras.

Sin embargo, la migración y el refugio son inevitables y se han convertido en un desafío urgente e imprescindible. El Banco Mundial presentaba el pasado mes de abril un informe en el que identificaba la migración y acogida de personas refugiadas como una fuerza clave para el desarrollo mundial. Son numerosas las fuentes que indican que, en las próximas décadas, la proporción de personas en edad laboral disminuirá en muchos países. En España, por ejemplo, con una población de más de 47 millones, la población empleable a finales de este siglo se reducirá en más de un tercio y los mayores de 65 años representarán hasta el 40% de la población.

Más allá de este análisis de carácter utilitarista, también hay que tener en cuenta que cada vez son más diversas las causas que provocan los movimientos humanos. El número de personas refugiadas se ha triplicado en la última década y el cambio climático incrementará aún más esta tendencia. En la actualidad, la mayoría de estos desplazamientos se producen dentro de los propios países, pero hay que tener en cuenta que casi la mitad de la población mundial vivimos en lugares sumamente expuestos a prolongadas sequías o inundaciones, entre otros impactos.

En contradicción con la realidad, el enfoque de las políticas migratorias y del asilo sigue centrado principalmente en el blindaje de fronteras. Con ello no solo invisibilizan el desarrollo derivado de la aportación de las migraciones, sino que además generan un terrible e inaceptable sufrimiento a las personas que se ven obligadas a migrar en condiciones de alto riesgo por la falta de vías legales y seguras.

Mientras EE. UU. presumía de ser la tierra de las oportunidades, la UE se consideraba el enclave de los derechos humanos. Sin embargo, algo se ha roto en el espíritu de la Europa de los valores con el incremento de mensajes de rechazo, aludiendo que no podemos acoger a nadie más. ¿De verdad que la UE, con un decrecimiento evidente de su población, no puede dar cabida a las 963.067 personas que solicitaron protección internacional el último año y que representan un escaso 0,12% de su población?

Mientras para mantener la riqueza de los países del Norte se siga estrangulando a los del Sur, financiando conflictos y colaborando con situaciones de corrupción y pobreza, estas llegadas serán inevitables.

La respuesta ofrecida a la población ucraniana nos hizo pensar en que se podía dar un viraje a las políticas migratorias y de asilo. Sin embargo, según fueron avanzando las negociaciones del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, pudimos comprobar que había sido un espejismo y que se continuaba con una peligrosa deriva, donde el único consenso posible radica en impedir, por todos los medios, que las personas lleguen a Europa.

En cuanto a España, se ha convertido en el tercer país europeo que más solicitantes de asilo recibe, solo por detrás de Alemania y Francia. Pero además de recibir hay que reconocer su protección para garantizar su inclusión y seguridad, y ahí nuestro país, aunque ha mejorado respecto a años anteriores, está tercero por la cola, con un escaso 16% de resoluciones favorables, solo por delante de Malta y Chipre, y lejos de la media europea del 38%.

El acceso al procedimiento de asilo en España sigue marcado por la persistencia de devoluciones ilegales en la Frontera Sur y por la exigencia de visados de tránsito a personas procedentes de países en conflicto como Siria, Palestina o Yemen. Además, con la colaboración de la UE, se han blindado aún más las fronteras a través de un nuevo convenio por el cual Marruecos recibirá 800 millones de euros extras y el inaceptable cambio de posición de España respecto a la soberanía del Sahara Occidental, plegándose a los intereses del reino alauita.

A esto hay que sumar las enormes dificultades que tienen miles de personas para obtener una cita de asilo una vez se encuentran en territorio español. Un trámite que debería garantizarse en 3-6 días se está demorando hasta 6-8 meses. Esto las condena a vivir en un limbo, en situación de calle y en una gravísima situación de desprotección. Son personas que no figuran y que deberían estar incluidas en las cifras para poder hacer un dimensionamiento realista de nuestro sistema de asilo. Según nuestros cálculos, más de 70.000 personas podrían estar en esta situación.

Aun sin contarlas, en los seis primeros meses del año se han registrado 87.106 solicitudes de asilo, según el Ministerio del Interior, con lo que se podría cerrar el año con cerca de 180.000, un incremento cercano al 50%.

Por último, es fundamental transformar las narrativas para poner en el centro a las personas y sus derechos, sin criminalizarlas y evitando que sean utilizadas con fines electorales. El nuevo Gobierno debe promover de manera urgente un pacto social y político que blinde el derecho de asilo frente a los continuos ataques que está sufriendo este derecho inalienable en los últimos años, y más con el resurgimiento de la ultraderecha en Europa y en nuestro país.

Debemos ser conscientes de lo que nos estamos jugando, porque no es otra cosa que nuestros derechos más fundamentales.