Antes de la década de los 80, los centros residenciales eran conocidos como asilos donde iban a parar las personas mayores cuando alcanzaban una situación de dependencia y no tenían referentes familiares para ser cuidados. Eran considerados como el último refugio, la última opción. En su mayoría dependían de organizaciones religiosas, caritativas y de la beneficencia pública.

Después, durante la transición española, se inició la primera transformación de los asilos en Residencias para la tercera edad destinadas a personas clasificadas en función de la necesidad de atención en las categorías de autónomas o asistidas. Este sistema tenía un copago en función de los ingresos de la persona, siendo un porcentaje mínimo de la pensión lo que quedaba a su disposición que se mantiene en la actualidad como copago. Fue pasando el tiempo y la sociedad iba envejeciendo, las residencias fueron mirándose con otros ojos, cada vez había más demanda y más lista de espera.

Después de la aprobación de la Ley de Dependencia en diciembre de 2006 las residencias se fueron escorando a la atención a personas con el mayor grado de dependencia, el grado III. Esto cambió el perfil en los centros, dejando de lado el concepto de residencias para personas autónomas y dando más importancia a otras fórmulas como los pisos tutelados o apartamentos para mayores.

En la actualidad los centros residenciales tienen que ir adaptándose al nuevo modelo de dependencia definido por el gobierno, recogido en distintas estrategias y en la normativa aprobada en el seno del Consejo Territorial del que forman parte las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. Merece la pena destacar el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ya que recoge los criterios para la transformación de los centros residenciales para que sean más hogareños en cuanto a su tamaño y estructura en la disposición de espacios comunes y las habitaciones individuales. Además, se priorizará la aplicación de la innovación y las tecnologías, la mayor participación de los residentes y sus familias, la flexibilidad y adaptación a las peculiaridades de los residentes y la metodología centrada en la persona.

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Con el objeto de esta transformación se han invertido gran parte de los fondos europeos, ir reformando las grandes residencias existentes e ir construyendo otro tipo de recursos adaptados, así como el desarrollo de otras recientes formas residenciales como el cohousing , coliving  etc.  Por otro lado, se pretende ir eliminando la actual lista de espera para acceder a una plaza en estos centros.

Las dificultades del modelo de gestión de las residencias

A raíz de la aprobación de la Ley de dependencia, el sector residencial privado fue desplegando inversiones para prestar servicios a la administración en forma de concertación o gestión indirecta, todo ello bajo el paraguas de la Ley de Contratación. La tendencia actual de la administración es de no construir ni poner en marcha centros de gestión pública.

La forma en que salen los contratos para gestión indirecta de las residencias está siendo muy cuestionada, ya que normalmente la administración pública aplica una fórmula para la adjudicación del servicio a las entidades o empresas que se presentan al concurso que prima fundamentalmente la bajada de precios. La consecuencia de ello es que en muchos casos las empresas que obtienen la adjudicación sean las que hacen la oferta económica más baja, dejando en un plano casi insignificante otras cuestiones técnicas que inciden de manera directa en la calidad y la calidez de la atención. Además, si sumamos que la aplicación de la Ley de desindexación provoca que en muchas comunidades autónomas no se puedan actualizar los precios, se produce una situación en la que las empresas bajan la calidad para evitar pérdidas económicas en la prestación del servicio. De esta manera se están dando problemas en la atención de las personas residentes en estos centros, con los empleados y con el mantenimiento y ubicación de los edificios

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Conjuntamente, el invierno demográfico, el aumento de la longevidad y el cambio del perfil de las personas mayores requiere de un cambio social y estructural en todos los recursos destinados a ellos, especialmente en los centros residenciales para personas mayores, por su elevado coste y por la inadecuación que tienen. Mientras en el gobierno se está articulando la estrategia de cuidados con un nuevo modelo que indica todo lo contrario, ¿qué se está haciendo mal para tener tanta incongruencia?

El caso de Madrid

Un claro ejemplo de la inadecuación al nuevo modelo es lo que ocurre en las residencias madrileñas que, más allá de adaptarse a la transformación, cada día dan más muestras de precariedad y trato inadecuado tanto a sus residentes como a sus empleados. De esta manera, nos encontramos con problemas de personal, ratios inadecuadas, retrasos en el pago de salarios, sobrecarga y estrés emocional. Además, las personas residentes y/o sus familias en muchas ocasiones se quejan de no estar bien atendidas, de negligencias y de la mala calidad de las comidas. Asimismo, hay centros que no cumplen con las normas de seguridad y evacuación en emergencias, las inspecciones son insuficientes o incorrectas, etc. Esto ha hecho que se convierta en uno de los temas más polémicos para la administración autonómica, ya que la competencia de los centros residenciales es suya, así viene recogido en la Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía.

La fórmula de gestión madrileña se ajusta al modelo neoliberal de negocio en la atención a personas en situación de vulnerabilidad y está teniendo resultados perversos, ya que es la propia administración la que impone las condiciones en el proceso de licitación y contratación a las entidades y empresas para gestionar los centros residenciales, por ello requiere una revisión que no sólo pasa por la aprobación de los criterios de calidad, sino por una adecuación de la Ley de contratación a las peculiaridades del servicio, ya que no es lo mismo construir un edificio que atender a personas en situación de vulnerabilidad y procurar su inclusión y participación en la comunidad.

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En Madrid hay 473 residencias para personas mayores, tan sólo el 30% de ellas son de gestión pública. El resto son centros privados, con plazas concertadas y de gestión indirecta. La gestión indirecta supone que la titularidad es pública, pero la gestionan a través de la contratación de entidades o empresas, ahora 7 de cada 10 plazas tienen financiación pública. La Comunidad tiene una oferta considerable de plazas en comparación con otras comunidades autónomas, en concreto dispone de 52.000 plazas autorizadas de atención especializada, aunque sigue teniendo un déficit según la lista de espera que muestra, sus problemas se dan fundamentalmente en la gestión, provisión y la financiación de éstas por el modelo que contemplan.

A raíz de la pandemia de COVID, en la que murieron 7291 personas de las residencias madrileñas a las que se les negó el derecho a la atención sanitaria con la aplicación de los conocidos como protocolos de la vergüenza, se generó un nuevo movimiento social denominado Marea de Residencias, conformando una plataforma que ha venido denunciando tanto lo que sucedió como los problemas actuales. Es un movimiento activista crítico con las políticas sociales de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, indignado con lo que la presidenta expresó en el Pleno de la Asamblea de Madrid cuando dijo que estos mayores "iban a morir igual", aunque hubiesen sido atendidos en los hospitales. La cuestión es que hay estudios científicos que han demostrado que podían haber salvado su vida un porcentaje entre el 37 y 72, además los que hubiesen fallecido en un hospital no lo habrían hecho en condiciones de abandono, con la agonía de la asfixia. Otro de los fenómenos que se produjeron se denominó el apartheid sanitario ya que las personas que tenían un seguro privado si fueron atendidos en los hospitales. Últimamente los derechos y la ciencia se dan de bruces con el populismo político.

La falta de transparencia ha caracterizado el proceso de lo ocurrido en las residencias madrileñas en la pandemia, se han ocultado las actas de los registros de la policía municipal donde relatan lo ocurrido, a pesar de haber sido requeridas por los distintos grupos políticos. Algunas de esas actas han sido publicadas por algún medio de comunicación y muestran el horror vivido en esos centros, no es de extrañar que se nieguen a hacerlas públicas.

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Hace unos meses se produjo un incendio con nefastas consecuencias en una residencia de Torrelodones y recientemente se ha producido otro de Aravaca, ambos han costado la vida a varias personas. Han sido los bomberos los que han alertado de las negligencias en el cumplimento de las normas de seguridad y protocolos de evacuación en emergencias que deberían haber sido inspeccionadas por la Comunidad de Madrid como titular de éstas.

El Ayuntamiento de Madrid contempla la mitad de la población de la comunidad y, sin embargo, mira hacia otro lado con esta cuestión, aunque afecta de manera espantosa a la ciudadanía del municipio. No sólo no protege a sus personas mayores, sino que defiende la mala gestión de la Comunidad, con ello muestra que prioriza la disciplina de partido a los derechos de estas personas. Además, no ha presentado ningún plan para reformar los recursos municipales especializados para mayores en torno al nuevo modelo de la dependencia, abordar una ciudad cuidadora como prioridad supone hacer una previsión. Asimismo, no sólo es una cuestión de inspecciones y contratación, también sería conveniente garantizar que las personas mayores tengan la posibilidad de canalizar sus quejas y problemas a una entidad independiente por lo que sería conveniente crear una figura municipal de Defensoría de las personas mayores.

Es necesaria una buena planificación para superar las dos crisis a que atraviesan el mundo de los cuidados actualmente. Por un lado, la denominada crisis de los cuidados que requiere romper con la brecha de género histórica de las mujeres como cuidadoras, sea o no en forma de empleo asalariado, y, por otro lado, la crisis del vínculo social que caracteriza a las sociedades posmodernas y exacerba el individualismo y con ello provoca soledad no deseada y aislamiento social. Espero y deseo por ello que nuestros gobernantes en Madrid estén a la altura.